Una institucionalidad para la propiedad industrial

Rodrigo Puchi“Surge la legítima duda de si resulta razonable tener Tribunales de Propiedad Industrial que no sólo conozcan de materias administrativas, sino de la observancia de la propiedad industrial que generen jurisprudencia homogénea, concretándose el valor de certeza jurídica para los justiciables”.

Rodrigo Puchi
Abogado U. de Chile, Magíster en Propiedad Industrial de la Universidad de Alicante y socio del estudio Beuchat, Barros y Pfenniger

La Excma. Corte Suprema tiempo atrás se abocó al conocimiento de un asunto relativo a un proyecto hidroeléctrico denominado Central Castilla en donde había una temática ambiental envuelta. Con motivo de la sentencia surgieron voces defensoras de la decisión y por otro, en donde no escapó la opinión política, voces que criticaron el fallo por consideraciones relativas al conocimiento y especialización del asunto.

Ello nos lleva a plantearnos la duda del motivo de las críticas y la respuesta parece venir dada por la especialización que se ha dado en las innumerables disciplinas jurídicas que regulan los diversos quehaceres humanos y los criterios aplicables a los mismos.

En este sentido, la Ley Nº 20.600 creó los denominados Tribunales Ambientales que se abocarán al conocimiento de dicho tipos de negocios, lo cual derivará en la generación de criterios homogéneos aplicables a situaciones análogas. En dicha perspectiva, resulta lícito preguntarse en torno a la institucionalidad de la propiedad industrial.

Para efectos de contexto, la legislación de propiedad industrial está formada por diversos cuerpos normativos, en donde la norma matter es la Ley Nº 19.039. Dicha norma, que ha sufrido diversas modificaciones, contiene los aspectos sustanciales aplicables a este tipo de negocios entre los que tenemos los relativos a marcas, patentes, diseños industriales y otras modalidades de protección que evidentemente se sustentan en principios, jurisprudencia y tratados.

En una perspectiva procesal, los tribunales llamados a conocer de estos asuntos son el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, conocido por su sigla INAPI, cuyas resoluciones son susceptibles de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

Lo que queremos evidenciar es que la autoridad administrativa conoce de lo que pudiéramos denominar concesión administrativa de privilegios, excluyéndose el conocimiento y decisión de las normas de observancia o “enforcement”, usando nomenclatura anglosajona, de los derechos de propiedad industrial.

Este tema no es menor, pues si con motivo de la decisión ambiental adoptada por la Excma. Corte Suprema surgieron críticas incluso virulentas, lo cierto es que la institucionalidad judicial no puede ser cuestionada por dichas consideraciones y de allí el legítimo interés en cuanto a que las decisiones sectoriales sean lo más legítimas posibles.

La importancia de la tendencia legislativa adoptada por la norma de la Ley Nº 20.600 radica en la confirmación de un criterio tendiente a que las normas sectoriales y específicas sean de conocimiento y decisión de tribunales especializados; la jurisprudencia internacional tampoco es muy clara respecto a la forma de decisión de estos asuntos.

Piénsese en el caso de los juicios relativos a patentes de invención supuestamente infringidos por Samsung en relación a Apple. Sobre ese tema existen diversas decisiones y en muchas de ellas existen claras discrepancias en torno a un mismo asunto.

Entonces, surge la legítima duda de si resulta razonable plantearse una institucionalidad como la señalada, esto es Tribunales de Propiedad Industrial que no sólo conozcan de materias administrativas, sino de la observancia de la propiedad industrial de manera de generar jurisprudencia homogénea aplicable a estos asuntos, concretándose el valor de certeza jurídica para los justiciables.

En esta perspectiva, es útil tener como referencia experiencias comparadas, y en dicha hipótesis tenemos la Oficina de Propiedad Industrial de la República del Perú. En ese país, la autoridad del INDECOPI, sigla aplicada a Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, conoce no sólo de la concesión administrativa de privilegio, sino de las infracciones propiamente tales.

En los diversos foros de propiedad industrial siempre ha existido un cierto de nivel de admiración por sus resoluciones y por la forma como resuelven los temas de observancia de la propiedad industrial. En otras palabras, las decisiones a más de gozar de imperio, gozan de la autoridad que supone un cabal conocimiento de un asunto.

En nuestro país existen vientos de cambio en materia de propiedad industrial y sería deseable plantearse este asunto, sobre todo cuando la opinión pública en torno a las decisiones es cuestionada de tiempo en tiempo.

Por ello, en pos de dar una legitimidad máxima a las normas de observancia de propiedad industrial, sería bueno no desatender este asunto, máxime cuando nuestra institucionalidad da una importancia no menor a esta disciplina jurídica.

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