Reforma al Código Procesal Penal deberá ser tramitada por nuevo gobierno

Reforma al Código Procesal Penal deberá ser tramitada por nuevo gobiernoLea artículo publicado por El Mercurio Legal.

En su última sesión de marzo antes del cambio de mando la comisión de Constitución del Senado analizará las indicaciones propuestas al proyecto.

C.S.C.

En suspenso, y a lo que defina en materia de prioridades legislativas el gobierno de la presidenta electa Michelle Bachelet, quedará el proyecto que reforma el Código Procesal Penal, una de las iniciativas más visibles impulsadas por la actual administración para mejorar el sistema de justicia criminal, la protección a las víctimas y la operatividad de las policías.

Durante marzo, y en la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado antes del cambio de mando, la iniciativa que lleva en discusión un año deberá abocarse al análisis de las indicaciones propuestas por parlamentarios antes de ingresarlo a votación en sala, con lo que su impulso  —durante la segunda etapa legislativa— quedará en manos del nuevo gobierno.

En sus ideas matrices el proyecto, trabajado por un consejo asesor y sometido a discusión en la comisión de seguimiento permanente del sistema criminal, busca la integración de cambios legislativos en cuatro áreas: la protección y participación de las víctimas en el proceso, mejoras en la persecución penal que realiza el Ministerio Público, el fortalecimiento del trabajo policial y medidas para optimizar el sistema en su conjunto.

Respecto de la primera de éstas, propone aumentar el control de la víctima y de los querellantes, si los hubiere, sobre las actuaciones de la fiscalía, el fortalecimiento del control administrativo del propio órgano y la inclusión expresa de la protección del patrimonio de quien haya sufrido un delito.

Además, con el fin de mejorar la persecución penal se busca ampliar el catálogo de medidas cautelares personales, por ejemplo, integrando la retención de la licencia de conducir, y otorgando competencia al juez de garantía en cuya jurisdicción se detuvo al imputado, lo que permite la realización de una audiencia de control inmediata.

Para fortalecer el trabajo policial se propone que las órdenes de entrada y registro a una propiedad sean solicitadas directamente al tribunal, sin el consentimiento del propietario o encargado, así como se promueven estándares legales para el reconocimiento de los imputados.

Por último, y con el objetivo de mejorar el sistema en su conjunto, se amplían las causales para apelar de auto de apertura del juicio oral y se incluye el delito de manejo bajo sustancia psicotrópicas a la revisión del fiscal regional cuando éste deba ofrecer una suspensión condicional del procedimiento, pues hoy —se explica en el proyecto original— sólo su revisión recae en el manejo en estado de ebriedad.

La comisión de Constitución del Senado extendió su citación al ministro de Justicia (s), Juan Ignacio Piña y los profesores Jorge Bofill y Julián López, para los primeros días de marzo.

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