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El 5 de marzo último ingreso al Congreso el proyecto de ley que introduce modificaciones el Código Procesal Penal para reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (Boletín Nº 8.810-07).
Actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional y ya se ofició a la Corte Suprema para recabar su opinión, debido a que “contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia”.
Entre las medidas que contempla la denominada “reforma a la reforma” se encuentra el establecimiento de estándares para el reconocimiento de imputados, la introducción de la apelación para la exclusión de pruebas en términos amplios y la exigencia a la Fiscalía de fundamentar sus decisiones cuando archiva provisionalmente causas donde el imputado ha sido identificado por su víctima.
La firma de este proyecto de ley se realizó en enero de este año.