Lea artículo publicado por El Mercurio Legal.
Alejandra Zúñiga
La presencia del profesor y actual decano de Derecho de la Universidad de los Andes, Alejandro Romero Seguel, fue una de las principales razones que tuvo el abogado Claudio Meneses Pacheco para elegir este plantel como el lugar donde realizar sus estudios de postgrado. A lo que se sumó la calidad general del claustro académico y el programa ofrecido, que cuenta con un “adecuado equilibrio entre los estudios teóricos y los dogmáticos, con un correcto énfasis en el trabajo de investigación”.
Así, este egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez (Viña del Mar) cursó primero el Magíster en Derecho Público y luego el Doctorado en Derecho, este último grado que obtuvo en junio pasado, luego de defender la tesis titulada “El documento público como medio de prueba en el proceso civil chileno”.
Según comenta, el tema de la investigación fue escogido en conjunto con Romero, quien fue su profesor guía y que desde el principio le insistió en la importancia de “definir con precisión el objeto de análisis de este trabajo”. Además, señala que siempre se sintió atraído por el derecho probatorio y, en particular, la prueba en juicios civiles y penales, por lo que este tema era ideal para él.
“La prueba es una materia multidisciplinar que exige profundizar en varios rubros, como filosofía, epistemología, sociología y derecho, lo que en sí mismo constituye un desafío intelectual para cualquiera”, comenta y agrega que este desafío fue mucho mayor, “cuando decidimos seleccionar como tema central la figura del documento público en los asuntos judiciales civiles, ya que este medio de prueba, por sus propias características, está llamado a ser una excepción al sistema de libertad de prueba que rige en los modelos procesales contemporáneos”.
Sobre esta experiencia, el socio del Estudio Mackay de Valparaíso y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Valparaíso, donde además dirige desde hace un tiempo el programa de magíster en Derecho, cuenta que se trató de un trabajo duro, “ya que por lo general los estudios de doctorado exigen una dedicación exclusiva”.
Aunque reconoce que en su caso el tiempo estuvo repartido entre el programa —que fue financiado en un 75% por las universidad— y su trabajo, “con ausencias, a veces un tanto prolongadas”, dice, destaca la ayuda de sus colegas y familia, esta última a la que reconoce simbólicamente en su tesis como coautores de la investigación.
El proyecto de investigación según su autor
La tesis contiene una propuesta que se aparta de la interpretación predominante en la doctrina y la jurisprudencia chilenas, según la cual la regulación del documento público como medio de prueba está contenida en los arts. 1699, 1700 y 1706 CC.
Según se expone en el trabajo, estas normas civiles se refieren a un tipo particular de documento público, de carácter solemne, autorizado por un ministro de fe, cuyo contenido versa sobre actos jurídicos de Derecho Privado. Junto a dicha modalidad documental, el Derecho nacional contempla otras clases de documentos públicos, que pueden ser agrupadas en dos categorías. Primero, documentos públicos dotados de fe pública, como —por ejemplo— los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada; segundo, los documentos públicos confeccionados durante el ejercicio de funciones públicas, como —por ejemplo— los documentos oficiales. En cada caso, el valor probatorio es diferente, aunque siempre se encuentra sometido a un estatuto legal que —como señalé recién— hace excepción al sistema de prueba libre.
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