Principales proyectos de ley de Justicia: cuáles son y cómo se entregarán en marzo

Lea artículo publicado por El Mercurio Legal.

En distintos grados de avance en su tramitación, las nuevas autoridades de Gobierno recibirán diversas iniciativas legales, entre ellas, el nuevo Código Procesal Civil, la modernización de notarios y conservadores, la “reforma a la reforma”, el estatuto de los fiscales, y las eliminaciones del feriado judicial y de los abogados integrantes.

Claudio Soto Coronado

Reformas integrales a la justicia civil, notarios y conservadores, al Código Procesal Penal y al Servicio Nacional de Menores, junto a otros cinco proyectos de ley relacionados con la seguridad pública, derechos humanos y el gobierno judicial son las iniciativas que quedan en suspenso en el Congreso Nacional a la espera de la asunción del nuevo gobierno y el retorno del trabajo legislativo en marzo.

Si bien será la mandataria y su ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quienes definan las prioridades para el sector, hay consenso —asunto plasmado en el futuro programa presidencial— en que se deberá continuar con varias iniciativas emprendidas en la actual administración.

Pese a que no ha sido presentado oficialmente, a estos se suma el anteproyecto de un nuevo Código Penal, trabajado por un grupo de expertos durante todo el 2013 y que busca reemplazar al actual texto de 1874 incluyendo nuevos delitos en el ámbito económico, corrupción e informática.

Grandes reformas

El 22 de enero, en primer trámite, la sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y reenvió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el Código Procesal Civil para el ingreso de indicaciones. Estas serán analizadas en la sesión del 4 de marzo, por lo que su despacho y segunda etapa legislativa quedará en manos de las nuevas autoridades.

En el mundo académico y entre los parlamentarios los temas controvertidos fueron el reemplazo del actual recurso de casación por el recurso extraordinario, con miras a que la Corte Suprema pueda elegir los casos de que conozca y se consagre la unificación de la jurisprudencia en materia civil; el estatuto final que se le dará al oficial de ejecución, a cargo de las cobranzas; las facultades del juez para decretar pruebas de oficio; y la llamada “carga dinámica de la prueba”, figura que finalmente fue modificada.

En tanto, en primer trámite en la Cámara y sin urgencia está el proyecto que reforma el sistema notarial y registral. La iniciativa establece requisitos para la elección de notarios y conservadores, introduce el llamado “folio real”, la creación de una plataforma electrónica y la regulación de tarifas, entre otros cambios.

Por su parte, las modificaciones al Código Procesal Penal, que dieron origen a la llamada “reforma a la reforma”, quedaron radicadas en el Senado. El proyecto de ley, trabajado previamente por un consejo asesor, busca cambios en cuatro áreas: la protección y participación de las víctimas, mejoras a la persecución penal, el fortalecimiento del trabajo policial y medidas para optimizar el sistema en su conjunto.

En esta área y también en el Senado, pero en segundo trámite, queda la discusión sobre el fortalecimiento de la Fiscalía. El 7 de enero, la Comisión de Constitución comenzó su tramitación luego de que el Ejecutivo ingresara indicaciones para determinar un sistema de ascensos para los fiscales de grados inferiores y que motivó discusiones con las asociaciones de funcionarios del organismo.

Proyectos judiciales

En distintas fases de avance quedan proyectos que buscan mejorar la administración y el acceso a los tribunales de justicia.

Entre los más relevantes están la iniciativa que suprime el llamado “feriado judicial”, y que obligaría a los actuales 85 juzgados civiles, 17 cortes de apelaciones y Corte Suprema a trabajar durante el receso de febrero. El proyecto se encuentra sin urgencia en primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara.

En iguales condiciones y con informe favorable de la Suprema queda la supresión de los abogados integrantes, los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones y el fiscal judicial de la Corte Suprema. El proyecto propone que sean los ministros del tribunal de alzada de Santiago quienes pasen a integrar las salas de su superior y que a su vez jueces de letras lo hagan en éste.

Desde el año 1990 en adelante se cuentan 11 iniciativas legales para suprimirlos o modificarlos. El último, que necesitaba además de cambios constitucionales, fue ingresado por el ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes, en marzo de 2011.

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