La autoridad administrativa apuntó en alegatos ante el TC, donde se discutía su contienda de competencia con el Poder Judicial, a un “pretendido gobierno de jueces”. Aún resta contienda en el Senado.
El Pleno de la Corte Suprema nombró en su última sesión, de viernes 6 de enero, al ministro Sergio Muñoz para representar al máximo tribunal del país ante el Senado por la contienda de competencia que presentó la Contraloría General de la República.
La información la entregó el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, quien, ante la pregunta de los periodistas sobre los argumentos planteados por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en sus alegatos ante el Tribunal Constitucional, los calificó como “preocupantes y agraviantes”.
Eso porque la autoridad administrativa apuntó en alegatos ante el Tribunal Constitucional (TC), donde se discutía su contienda de competencia con el Poder Judicial, a un “pretendido gobierno de jueces”. El TC ese día falló a favor de Bermúdez.
“En general, la Corte Suprema siempre ha mantenido una deferencia en todas las discusiones que puedan haber con respecto a otros órganos del Estado tan importantes como lo es la Contraloría General de la República. En general, las relaciones con la Contraloría permanentemente han sido bastante fluidas y en un plano de mucha caballerosidad y deferencia. Esa expresión realmente nos preocupa, porque hay un cambio de manera de enfrentar y yo creo que esa expresión es claramente agraviante para el Poder Judicial. No corresponde que una autoridad de esa naturaleza se exprese de ese modo, sin tampoco considerar aspectos empíricos de lo que está afirmando. Además, esa es una expresión no inventada por él, sino la repite de organizaciones que la han empleado en una especie de crítica al Poder Judicial que nosotros no las hemos aceptado y no las vamos a aceptar. Por lo tanto a mí me parece preocupante que una autoridad de esta naturaleza se exprese de ese modo en un asunto contencioso cuando las normas morales y éticas de buen trato implican que el tratamiento debe ser distinto y por supuesto que la Corte Suprema no va a caer en ese grado para un debate que es mucho más elevado y que se puede discutir desde el punto de vista jurídico”, dijo.
Ante la utilización de la contienda de competencia por parte del Contralor, la autoridad judicial explicó: “Ese es el tema que se va a discutir por el Senado y mientras no se resuelva eso, el Poder Judicial ha entendido siempre que nada está ajeno al conocimiento de la jurisdicción cuando de por medio exista el ejercicio de una acción constitucional frente a un tribunal de justicia. Por lo tanto, la gran razón que existe es precisamente cómo los ciudadanos de este país se ven protegidos por la jurisdicción frente a actos que ellos estimen que pueden ser arbitrarios. Por tanto, el gran tema que va a resolver el Senado es precisamente ese, si el Poder Judicial está en condiciones de atender todo conflicto o simplemente van a haber sectores en el país que van a tener una especie de inmunidad y eso es lo que interesa resolver. Tenemos que asegurar a los ciudadanos que ellos pueden acceder o no pueden acceder a los tribunales de justicia y el mensaje puede ser bastante importante para la ciudadanía”.
Por último, el presidente (s) descartó que existan segundos objetivos en la acción de la Contraloría: “Yo no creo que existan segundas intenciones, seguramente con el anterior contralor Ramiro Mendoza, con el cual tuvimos muy buenas relaciones, no se produjo ninguna situación que pudiera provocar este debate. Tocó que seguramente hoy se presentaron dos asuntos que preocupan a la Contraloría y ha ejercido su derecho de ir a los tribunales pertinentes. No veo ninguna intención en esta materia y no quiero verlas tampoco, porque todavía creo en las cordiales y buenas relaciones que deben existir entre los organismos del Estado”.
El ministro Juica informó, además, su decisión de inhabilitarse en conocer la causa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ya que –explicó- un familiar suyo, específicamente una sobrina, es funcionaria de la entidad pública.
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Fuente: Poder Judicial
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