Presidente de la Corte Suprema reiteró anhelo de independencia financiera en inauguración de año judicial

Presidente de la Corte Suprema reiteró anhelo de independencia financiera en inauguración de año judicialEl ministro Rubén Ballesteros Cárcamo dio cuenta de la actividad judicial durante 2012, se refirió a las reformas procesal penal y civil, así como al sistema de nombramiento de magistrados.

El presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros dio cuenta de la actividad judicial  durante 2012 e inauguró el presente año judicial, reiterando los anhelos de autonomía financiera y de respeto a la independencia judicial.

A la ceremonia asistió la ministra de Justicia, Patricia Pérez; el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg; el  Fiscal Nacional, Sabás Chahuán; el presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, entre otras autoridades.

El presidente de la Corte Suprema informó que durante el año 2012 ingresaron a los tribunales de primera instancia 3 millones 3 mil 271 nuevos asuntos, cifra que no incluye los exhortos, lo que representa una disminución de un 14,2% respecto del año anterior.

Dicha reducción se explica por el menor ingreso de causas civiles en gestiones  preparatorias de la vía ejecutiva y de las solicitudes de medidas prejudiciales que disminuyó a nivel nacional a  1 millón 583 mil 774, lo que significó una variación de un 23,3% en relación al ingreso del año 2011. Estas causas, sin embargo, constituyen el 53% del ingreso total nacional.

En las 17 Cortes de Apelaciones del país en el  año 2012 ingresaron 126 mil 219 asuntos de distinta naturaleza, cifra superior al ingreso del año anterior en un 20,5%.

Se mantiene el incremento de los recursos de protección, que a nivel nacional alcanzaron 54 mil 966, cifra que constituye un 71,5% más que la del período pasado y que, en su mayoría, corresponde a acciones  contra isapres por las alzas en los precios de los planes de salud.

A la Corte  Suprema ingresaron 9 mil 699 recursos, representando una disminución de 23,7% respecto de los ingresos del año anterior. Las apelaciones en los recursos de protección alcanzaron  un total de 2 mil 740, es decir, un 48,2% menos que en 2011.

Respecto de las causas por violaciones a los derechos humanos en el país, el presidente Ballesteros informó que se tramitaron un total de 1 mil 104 procesos, a cargo de 32 ministros de Cortes de Apelaciones designados para el efecto de acuerdo al informe entregado por el ministro Hugo Dolmestch.

Al respecto, reiteró que “el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo. Su fin está condicionado al establecimiento de la existencia de los hechos constitutivos de delitos y la determinación de las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron,  labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo con especial atención”.

Ballesteros destacó también los avances en materia de transparencia y entrega de información del Poder Judicial, recordando entre otras cosas los acuerdos de pleno respecto de declaración de patrimonio y de intereses de abogados integrantes y la incorporación a las redes sociales de Twitter, Facebook y Youtube del Poder Judicial de Chile.

Reforma procesales

El presidente de la Corte Suprema se refirió, además, a los proyectos de ley  que pretenden modificar el sistema procesal penal y abogó por un debate amplio respecto de eventuales cambios a un sistema que desde su establecimiento se ha mostrado exitoso.

Ballesteros planteó que “las formas y maneras como la comunidad nacional vive y se sujeta a las normas de conducta que establece la ley, sus reacciones sobre ella, hacen necesario el debate y estudio sobre cómo la ley recoge las inquietudes ciudadanas, cómo regula debidamente la convivencia diaria, y cómo resuelve las distintas infracciones a la ley penal que se suceden en el acontecer cotidiano. Son sus representantes quienes deberán proponer y estudiar las rectificaciones y modificaciones que sea menester, sin afectar los principios de persecución penal pública, de investigación por una órgano profesional independiente, de separación de las funciones de investigación, acusación y enjuiciamiento, de oportunidad reglada, de inmediación, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a juicio previo, oral y público, entre otros, que son el fundamento del sistema procesal penal”.

Asimismo, el ministro se refirió a la necesidad de establecer una mejor coordinación entre las policías y el Ministerio Público y  aseguró que cualquier cambio en este sentido, no debe socavar el rol de los jueces de garantía y los principios inspiradores del sistema procesal penal.

“Son materias de la mayor trascendencia para abordar en el proyecto de reforma, aquellas que dicen relación con la coordinación del Ministerio Público y policías, la capacitación de los funcionarios civiles o uniformados y quienes intervienen en los trabajos de investigación y la necesidad de resolver problemas concretos y reales que se dan en la práctica y que no deben afectar los principios inspiradores del sistema acusatorio, ni alterar el rol y atribuciones de los jueces de garantía, sino más bien, incorporar prácticas e interpretaciones judiciales asentadas”.

Con relación al proyecto de ley de Reforma Procesal Civil, Ballesteros manifestó el respaldo a los cambios y aseguró que el informe remitido a la Cámara de Diputados sobre dicha iniciativa es sólo un primer paso y que se continuará trabajando de manera interna a  través de comisiones de ministros del máximo tribunal.

“La Corte Suprema está preocupada de la implementación de la reforma al sistema procesal civil que cierra el círculo de las reformas procesal penal, de familia y laboral en la primera instancia. Luego será necesario resolver las adecuaciones a la segunda instancia y a la Corte Suprema para lo cual estaremos preparados. En el mes de enero de 2012 se designó una comisión para el estudio de la parte sustantiva y/o normativa, integrada por los ministros señores Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate y Haroldo Brito Cruz quienes han trabajado durante todo el año e incluso participaron en jornadas en el Ministerio de Justicia y en un viaje al extranjero a fin de proveerse de los mayores conocimientos y experiencias del derecho comparado sobre el proceso civil que se pretende instaurar en el país. El informe de la Corte Suprema remitido a la Cámara de Diputados en que comienza el estudio y análisis del anteproyecto ingresado por el Gobierno, es sólo el primero. La Comisión Normativa seguirá trabajando en atención a que se trata de una materia de la mayor trascendencia, de manera que en lo por venir seguirán emitiendo otros dictámenes”, dijo.

Unidad de apoyo a juzgados civiles

Además, informó que se está trabajando en establecer mecanismos en los actuales tribunales civiles para evitar que el retraso que experimenta este tipo de proceso afecte las futuras reformas con cargas de trabajo excesivas para jueces y funcionarios.

“Los ministros encargados de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles señor Sergio Muñoz Gajardo y señora Rosa Egnem Saldías, adelantándose a los acontecimientos y ante la situación de retraso que advierten, han propuesto un conjunto de medidas para producir un significativo avance en la tramitación de las causas en estos tribunales que permitan que los esfuerzos que deba hacerse para la implementación de la reforma civil no se vean obstaculizados por la existencia de una carga de trabajo no atendida completamente, como ocurrió con las otras reformas. Entre las medidas que se sugieren y que están en etapa de planificación y ejecución, se contempla la confección de un inventario nacional de las causas y su estado de tramitación; la ejecución de una planificación por cada Ministro Visitador de las distintas Cortes de Apelaciones a fin de resolver los procedimientos y acciones necesarias para el avance de los procesos en tramitación; el apoyo computacional a través del Escritorio del Juez, centro de escaneado, digitalización de expedientes, pistola digital; el ejercicio de la facultad de destinar jueces para resolver situaciones de cargas de trabajo muy complejas; la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales; la asignación de asesores letrados y, otras, con el fin ya expuesto”, afirmó.

Asimismo, el presidente Ballesteros abogó por mayores garantías en el ámbito de la independencia judicial y lamentó el retraso en la provisión de cargos de ministros de la Corte Suprema.

En este sentido recordó que al Senado le corresponde refrendar una decisión adoptada por el Presidente de la República, entendiendo que se debe confirmar o rechazar un nombramiento y no le corresponde analizar las aptitudes de un candidato propuesto.

“No está demás afirmar que la decisión política, es decir, el acto por el cual se resuelve la nominación de ministro del máximo tribunal, le corresponde exclusivamente al Presidente de la República, quien es el llamado a analizar la idoneidad personal y profesional de aquél. También es preciso afirmar que no se contempla atribución constitucional o legal que autorice al Presidente ni a los miembros del Senado en la sesión extraordinaria destinada a la aprobación o rechazo del candidato, a considerar o ponderar el contenido o mérito de las resoluciones judiciales que hayan redactado los magistrados nominados para asumir el cargo de Ministro de Corte Suprema”, afirmó.

Y agregó: “El desconocimiento de la citada disposición constitucional, en el plano del procedimiento de nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema, constituye una grave amenaza y perturbación a la independencia de juicio e imparcialidad de los jueces y ministros”.

Además, solicitó que los nombramientos se desarrollen dentro de un plazo razonable para evitar las dificultades propias de recurrir a la integración de salas con abogados integrantes y no con ministros titulares.

“Resulta prioritario que el procedimiento para proveer los cargos de ministros de la Corte Suprema se desarrolle en tiempos razonables. Su demora excesiva se traduce en que el máximo tribunal en largos períodos no cuente con su dotación completa, lo que no es conveniente para su correcto funcionamiento. Para palear las dificultades en la conformación de sus salas se ha debido recurrir con excesiva frecuencia a los abogados integrantes. Cabe recordar que en los últimos 5 cargos que han sido provistos, el tiempo que ha mediado entre la remisión por la Corte Suprema de la respectiva cinquena y el nombramiento del nuevo Ministro de este Tribunal, el promedio se aproxima a los 5 meses, llegando en algunos casos a 7 meses de demora”.

Sobre la autonomía financiera, el presidente de la Corte Suprema recordó que las prácticas internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), recomiendan el establecimiento de mecanismos de control interno y propuso la creación de una Contraloría General Interna del Poder Judicial.

“El organismo que se propone se denomina Contraloría General Interna del Poder Judicial y su dirección y administración estará a cargo de tres ministros de la Corte Suprema y el Contralor. Podrán participar en este ente el Director, el Subdirector y el Asesor Jurídico de la Corporación Administrativa, en caso de ser necesario y cuando sea requerido. Es un organismo que depende directamente del Presidente de la Corte Suprema y es autónomo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la entidad sujeta a auditorías y control”, dijo.

En el mismo ámbito, solicitó retomar la discusión de los proyectos de ley de la denominada Mesa Judicial, en particular los relacionados con la autonomía estructural del trabajo y que proponen entre otras materias el establecimiento en el Código Orgánico de Tribunales de unidades como la Dirección de Estudios y la Dirección de Comunicaciones, entre otras, “unidades que resultan fundamentales para un eficaz y efectivo Gobierno Judicial”, aseguró.

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