Paralización de la tramitación del nuevo Código Procesal Civil no permite avanzar en mejoras a la calidad de la justicia

Paralización de la tramitación del nuevo Código Procesal Civil no permite avanzar en mejoras a la calidad de la justiciaLea artículo publicado por El Mercurio Legal.

La discusión parlamentaria está suspendida a la espera de definiciones orgánicas, y a ello se suma la opción del ministro de Justicia de sustituir la figura del oficial de ejecución por tribunales de cobranzas, cuya normativa se conocería el segundo semestre de este año. Especialistas plantean sus inquietudes.

Sofía Martin Leyton

El proyecto de nuevo Código Procesal Civil está suspendido desde agosto del año pasado y  la comunidad académica se muestra inquieta. La justicia civil es supletoria de todas las demás —penal, laboral, de familia— y es la única que no ha sido reformada.

Durante mucho tiempo se criticó por procesalistas y parlamentarios que no estuviera definida la estructura orgánica de los tribunales que sustanciarán los procesos que se rijan por el nuevo Código Procesal Civil, así como tampoco el estatuto del oficial de ejecución, figura considerada por algunos como moderna y necesaria, mientras que para otros implicaba permitir a un particular ejercer facultades jurisdiccionales propias de los jueces.

El resultado fue que la Comisión de Constitución del Senado —presidida por Felipe Harboe— ofició al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunciando su decisión de suspender la tramitación del proyecto hasta contar con estudios sobre el impacto que tendrá el nuevo sistema en el Código Orgánico de Tribunales, plazo que se dijo no sobrepasaría los 18 meses.

Pero, además y en consonancia con el rechazo de la Corte Suprema al oficial de ejecución, el secretario de Estado decidió impulsar la creación de tribunales de ejecución civil, laboral y previsional, los que estarían dentro de la estructura tradicional del Poder Judicial y cuyas primeras definiciones se conocerían el segundo semestre de este año.

El proyecto de código

El abogado procesalista Cristián Maturana, miembro de la comisión asesora presidencial para la reforma, está de acuerdo con la paralización de la tramitación, pero advierte: “Mientras más tiempo pase, el problema va a ser más grande, porque la cantidad de ingresos no corresponde a las salidas del sistema y las respuestas van a ser cada vez más lentas. Si no hacemos una intervención, con los actuales procedimientos el problema va  a ir in crescendo”.

Según Raúl Tavolari, profesor de la U. de Chile y miembro de la comisión, se necesita un cambio fundamental. “La calidad de la justicia se fue al suelo. 30 mil ingresos anuales es la tónica en Santiago, una carga de trabajo increíble y que hace imposible que las causas se puedan resolver en plazos razonables y con la calidad y la serenidad que se necesita”.

Matías Insunza, académico del mismo plantel, es más radical: “Somos muchos los que nos hemos sorprendido con la actitud del Gobierno de no darle prioridad a uno de los proyectos que estaban dentro del programa de la Presidenta Bachelet, más todavía cuando en su primer mandato se hizo entrega del primero de los proyectos”. Para él, la justicia civil no puede seguir esperando y si bien los aspectos orgánicos son esenciales, sería perfectamente posible avanzar en paralelo.

Desde la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia se responde que el equipo del ministerio ha estudiado las experiencias acumuladas en las reformas anteriores, así como experiencias exitosas comparadas.  Así, las definiciones irían por el camino de tribunales similares a los reformados, con un “fortalecimiento del rol del administrador, la institucionalización de una estructura de apoyo al trabajo jurisdiccional y la consolidación de una dirección estratégica del trabajo judicial”.

Actualmente se está a la espera de la obtención de datos estadísticos del Poder Judicial que permitan precisar la cantidad de jueces y funcionarios que requerirá este nuevo diseño orgánico, así como las instalaciones físicas y tecnológicas que se requerirán a lo largo del territorio nacional.

¿Nuevos tribunales de ejecución?

La decisión del ministro Gómez de crear nuevos juzgados se topa con la evaluación de los actuales tribunales de cobranza laboral y previsional, que no es positiva. Los distintos entrevistados mencionan varios factores para ello, como el anclaje en un sistema que no es moderno, donde el juez continúa a cargo de labores administrativas y tremendamente sobrecargado.

Para Insunza, el camino tomado por el ministerio da una señal “nefasta” que redundará en un “grave deterioro” a la justicia civil.  “Los tribunales de cobranza fracasarán, al igual que lo han hecho en materia laboral. Los sistemas modernos van por otra vía, donde se entrega a entes externos la tarea de ejecutar, dejando de lado aquella superada y vetusta idea de que todo lo relativo a la ejecución debe comenzar y terminar en el juez”, afirma. “La figura del oficial de ejecución estaba en el proyecto presentado por la Presidenta en su primer mandato”, añade.

El profesor de la U. Católica de Valparaíso y especialista en ejecución, Álvaro Pérez-Ragone, dice que el eje no debiera estar en crear más tribunales y subir el número de jueces, sino en la sustitución de los receptores y la profesionalización de los auxiliares de la administración de justicia, en una actividad que claramente no sería jurisdiccional.

Tavolari, en cambio, si bien hace presente que a los juzgados de cobranzas existentes en la Región Metropolitana les entran unas 200 mil causas al año de ejecución y con ello “no hay posibilidad de que puedan entregar una respuesta oportuna”, si se desjudicializa al máximo la ejecución, ésta puede mejorar. “Pero los tribunales tendrían que contar con muy buenas unidades de apoyo encargadas de embargos, tasaciones, liquidaciones y remates. “Esto requeriría un gran compromiso político, que es que el Estado ponga recursos”, explica.

En el ministerio dicen que apenas la Cámara rechazó el libro IV del nuevo Código dedicado al cobro de títulos ejecutivos —en mayo de 2013— esa cartera comenzó a estudiar alternativas para regular un nuevo modelo, y que el establecimiento de tribunales de ejecución “altamente especializados” constituye la mejor manera de proteger los derechos del deudor y del acreedor, buscando al mismo tiempo una mayor eficiencia en el cobro de los créditos.

José Pedro Silva, profesor UC y el tercer miembro de la comisión, explica que el principio que inspiró a los oficiales de ejecución era “sacar del ámbito del juez esas funciones para las cuales no tiene ni la vocación ni la experticia”. “Hay muchos modelos; si ese principio se conserva, los tribunales pueden resultar”.

Pero ¿por qué régimen jurídico se regirán si se implementan antes de la entrada en vigencia del nuevo código? ¿Por el actual Código de Procedimiento Civil, por un procedimiento nuevo, especial y transitorio? El Ministerio informa que se encuentra trabajando en una primera versión del proyecto de ley, que regulará tanto el modelo orgánico como el sistema procedimental. “Esperamos iniciar la socialización de esta propuesta durante el segundo semestre de 2015 a fin de contar con un proyecto afinado a fines de año”, indican, y agregan que este nuevo procedimiento especial “se diseñará siguiendo los más modernos principios  del derecho procesal y servirá de antecedente para la reforma de nuestros juicios declarativos, según lo dispuesto en el proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil y en perfecta armonía con nuestros sistemas procesales ya reformados”.

Al respecto, la precisión que hace Silva es que este nuevo sistema —procedimiento ejecutivo y tribunales— debe tener una coherencia con la reforma y dialogar con las opciones ya tomadas, como oralidad, inmediación, valoración de la prueba y medios probatorios, entre otros.

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