Nuevo Código Procesal Civil: continúa ronda de académicos invitados

Nuevo Código Procesal Civil: continúa ronda de académicos invitadosLea artículo publicado por El Mercurio Legal.

Crédito foto: Ministerio de Justicia

En el Senado, el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, pidió mayor flexibilidad para las causas de alta complejidad, mientras que el decano de la U. de los Andes Alejandro Romero solicitó incluir un capítulo de derechos y deberes de los abogados. Juan Enrique Vargas, decano de la UDP, dijo que los jueces deben poder optimizar los procedimientos dependiendo de cada juicio.

Sofía Martin Leyton

A la Comisión de Constitución del Senado asistieron ayer como invitados el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, y los decanos de derecho de las universidades de Los Andes, Alejandro Romero, y Diego Portales (UDP), Juan Enrique Vargas.

Previa declaración del total consenso con la necesidad de un cambio, Juan Ignacio Piña, quien fuera ministro de Justicia del gobierno anterior, dijo que el CDE debe ser el principal actor de la justicia civil, pues en este momento lleva 14.884 causas con una cuantía de 10 billones de pesos en juego.

Uno de los temas que preocupan a la entidad es que el procedimiento está estructurado sobre la base de un proyecto único de juicio y ello no permitiría que las causas de alta complejidad fueran viables, sean las tramitadas por el CDE o por particulares. “La idea de mantener un cierto ritmo es valiosa, sin perjuicio de lo cual es necesario mantener un cierto equilibrio entre la celeridad y los requerimientos de juicios de alta complejidad”, dijo dando como ejemplo el plazo de 30 días para contestar la demanda, que si bien “en abstracto parece adecuado”, al estar acompañado de la obligación de individualizar la prueba que se pretende rendir, el plazo sería “muy estrecho”. “Aunque existen ciertas válvulas de escape, como la prueba nueva, la apreciación que tenemos es que pueden ser insuficientes”, agregó.

Otro de los puntos que hizo presente fue que el CDE no considera razonable que sólo exista la reposición respecto de la resolución que excluye prueba y pidió que se incorpore un mecanismo de control jerárquico ante una eventual arbitrariedad o ilegalidad.

La ética al ruedo

Para Alejandro Romero, quien es también profesor de derecho procesal, en el proyecto hay normas que pueden “fomentar la industria del litigio”, como aquellas que permiten iniciar un nuevo juicio en materia de precautorias o de mala fe de los abogados, y que en otras latitudes habría “fracasado estrepitosamente”.

Propuso establecer un capítulo especial de derechos y deberes de los abogados: “Tenemos hoy un problema grave”, dijo y añadió que existe una brecha entre abogados colegiados y no colegiados que sería el momento de reparar.

En otro tema, Romero se manifestó contrario a la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia y las tildó de ser una opción basada en estadísticas: “En la ejecución de los derechos se pueden cometer grandes injusticias y tiene ribetes de inconstitucionalidad; es peligroso, hay errores en las muestras y las estadísticas fallan”, dijo. Y ejemplificó con el error de un juez de primera instancia que condena a 700 millones por daño moral a una persona de clase media, a la cual después de recurrir, se le revierte el fallo, pero que ya ha sido embargada y rematados sus bienes.

Justicia civil intrascendente

El tercer invitado a la Comisión fue Juan Enrique Vargas, decano de derecho de la UDP, quien hizo un énfasis en políticas públicas, destacando que la reforma procesal civil es una oportunidad para trazar objetivos políticos.

Dijo que del 5% de los juicios que no son ejecutivos, sólo el 2,4% son juicios ordinarios, pero que de ellos, el 10% también son demandas de cobros de algún tipo, por lo que la justicia civil se estaba tornando intrascendente en el sentido de que —salvo las causas del CDE— los grandes juicios se van a arbitraje. “Tampoco están llegando los juicios de importancia social, sino que llegan cobranzas”, afirmó.

Vargas también sostuvo que debía introducirse flexibilidad a los procedimientos y establecer un conjunto de mecanismos de filtros e incentivos que hagan que sólo unos pocos lleguen a juicio oral. Para ello propuso mecanismos alternativos de resolución de conflictos o, por ejemplo, que exista la posibilidad de que las partes renuncien a juicios de ese tipo cuando la controversia es acotada y se puede resolver por escrito.

Otra de sus propuestas fue incluir normas de case management para que sea el juez quien defina, oyendo a las partes, si el juicio requiere de audiencias y cuántas, dependiendo de la complejidad de cada caso en particular.

La opinión del Ministerio

Marcelo Albornoz, subsecretario de Justicia, dijo que era difícil determinar qué es un juicio de alta complejidad a priori y como excepción a un procedimiento único: “¿Se determina por la materia, por la calidad de las partes, por la cuantía”? se preguntó.

Cristián Maturana, como asesor de la cartera, dijo que podría contemplarse que el CDE participe en medidas alternativas previas antes de ser demandado, como en salud; así como agotar los procedimientos administrativos antes de ir a juicio civil.

Y a continuación añadió que todavía hay una reforma no abordada en Chile: los procedimientos contencioso administrativos (más de 150), cuya dispersión y falta de jurisdicción no otorga certeza jurídica. “Cerraría virtuosamente el círculo de un Estado de Derecho que otorga plenas garantías a los ciudadanos”, dijo. Por otra parte, ya se sabe que Juan Enrique Vargas y el profesor UDP Cristián Riego fueron invitados a integrar la Comisión que convocó el Ministerio de Justicia para tratar el rol de la Corte Suprema en el nuevo procedimiento civil y, específicamente, la suerte del recurso extraordinario que no fuera aprobado en el proyecto que recientemente despachó la Cámara de Diputados.

 

Leave a Comment


*