Ministro Omar Astudillo: “La solución es desjudicializar la cobranza previsional, con una intervención judicial secundaria”

Ministro Omar Astudillo“Estos juicios funcionarían en forma mecánica y eficiente, sin complejidades jurídicas, consumiendo recursos que se requieren en forma urgente para las cobranzas de las sentencias y avenimientos laborales.”

M.L

Franco y directo y con estadísticas en mano, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras analiza la realidad de los tribunales de cobranza laboral y previsional.

No es un tema nuevo. Cada cierto tiempo el funcionamiento de estos juzgados aparece en la prensa y cada cierto tiempo se adoptan medidas que ayudan a paliar los atrasos en la tramitación de las causas que les competen.

¿Por qué importa especialmente ahora? Porque la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados está en pleno período de análisis del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, donde una de las novedades que más expectación ha causado a nivel académico es la desjudicialización de las cobranzas, que implica que los procedimientos ejecutivos se tramitarán ante un “oficial de ejecución”, cuyo estatuto orgánico todavía está lejos de estar claro.

Y el diagnóstico del ministro Astudillo va en la misma línea. Para él, la solución es clara: desjudicializar las cobranzas previsionales masivas.

—¿A qué atribuye usted los atrasos en las tramitación de las causas de ejecución laboral y previsional?
“Hay un grupo de jueces, en una iniciativa propiciada por AGAL (Asociación de abogados laboralistas) tratando de hacer un diagnóstico. Ya tenemos impresiones preliminares y algunos indicadores que muestran que el problema no se puede enfocar como un bloque, de un solo modo. Necesariamente hay que distinguir entre los títulos que se están ejecutando: laborales y previsionales.

Los procedimiento son distintos y sus resultados también: las causas previsionales cuentan con una medida de apremio muy fuerte, que es el arresto. Y se recupera cerca del 50%. No es lo mismo ejecutar un título individual, la sentencia de un solo trabajador, que ejecutar tres mil o cinco mil títulos previsionales”.

—¿Y las causas laborales?
“Si un trabajador obtiene una sentencia que le otorga 10 millones de pesos, se encuentra con varios problemas. El primero es notificar. No tiene receptor de turno, así es que debe pagar una notificación. La segunda dificultad es averiguarle bienes al empleador; el trabajador tiene que hacer una investigación. La tercera barrera es proceder al embargo, sea con un receptor de turno, o, si el trabajador tiene dinero, pagando y le va a salir caro. En cuarto lugar, tiene que trasladar los bienes y rematarlos.

Esos problemas no los tienen las grandes empresas, que obtienen mucho mejores precios por el volumen y sus costos individuales bajan.

El cobro por cumplimiento de sentencias es un problema público y el Estado debe responder por ello. Corresponde a los tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y no amparar títulos a los que la ley les da toda la certeza para ser cobrados.

Se debiera hacer más eficiente los mecanismos de averiguación de bienes, de trabas de embargos, incluso on line. Los jueces de cobranzas tienen un mecanismo de los más eficientes: la retenión de las devoluciones de impuestos. Tesorería lo hace muy rápido, pero eso es una vez al año.

¿Por qué no se conecta a través de todos los sistemas que tiene el SII, con el Conservador de Bienes Raíces para conocer los bienes y sociedades que tiene un deudor, por ejemplo? Si tenemos toda esta tecnología, por qué tenemos que seguir con una lógica de 1903″.

—¿Qué medidas se han tomado para mejorar el sistema?
“Hay muchos mecanismos que se han dido adoptando dentro del Poder Judicial y que han logrado que la situación mejore. Se han disminuido los plazos en que se proveen los escritos y se giran los cheques, por ejemplo, pero a costa de tener una planta administrativa enorme, que no se condice con el número de jueces. Son magistrados que físicamente no podrían tener al día jamás las causas que llevan. Se ha triplicado la planta, pero los jueces son los mismos, entonces sigue habiendo un cuello de botella.

El volumen de escritos es mucho mayor a lo que humanamente se puede abarcar. Se está ocupando un capital humano calificado y caro en un trabajo simple y repetitivo”.

Y muestra una estadística que dice:

Minutos por resolución: 3
Horas laborales: 8 horas con 1 hora de almuerzo
7 horas que corresponden a 420 minutos
420 minutos / 3 minutos por resolución
140 resoluciones al día

—En su opinón ¿Cuál es la solución?
“Desjudicializar todo lo que tiene que ver con la cobranza previsional, con una intervención judicial secundaria. Las AFP tienen una empresa de cobranzas, un estudio jurídico detrás, recursos que van a financiar los receptores, ubicación de domicilio, averiguación de bienes. Esa realidad hay que aislarla.

Entonces, de hecho están funcionando así hoy. Todo es en serie, se proveen masivamente las demandas. ¿Para qué vamos a continuar en esa ficción en que el juez no interviene?

Además, muchas terminan con un escrito de “Da cuenta de pago”. Del total de causas terminadas, el 87% lo hizo por este motivo. Y de éstas, el 84,4% correspondió a causas de procedimiento ejecutivo previsional”.

—¿Cuál debiera ser el modelo orgánico?
“Es un tema, pero si uno asume que va a tener que existir una intervención judicial secundaria, eso me hace pensar que tendrían que estar bajo la supervigilancia de los tribunales de justicia. Si es cobranza civil o si es laboral, del juez respectivo.

Esto si pensamos que son agentes públicos; si se privatiza, deberían estar sujetos a supervigilancia de una superintendencia. Pero tendría que ser personal calificado”.

—Hay quienes creen que este sistema podría convertir a las cobranzas en una especie de far west
“Es que no es que venga un cambio radical, tan distinto a lo que sucede hoy. Este tipo de extrenalidades ya están. En el hecho hoy está entregando a los receptores y ellos funcionan como un oficial de ejecución.

Tengo la sensación de que lo más adecuado es que fueran funcionarios auxiliares de la administración de justicia, pero no es un tema de principios. Al final sea quien sea, es instrumental: tiene que servir. Los mecanismos los hacen las personas.

No creo que haya un cambio del cielo a la tierra y es mejor sincerar la realidad”.

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