Lea artículo publicado por El Mercurio.
Un alto nivel de desconfianza en el sistema judicial chileno detectó una encuesta aplicada por el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) sobre la percepción de la independencia y la labor de los tribunales. En ella, el 80% de los encuestados declaró confiar “poco” o “nada” en la justicia y el 87% cree que esta favorece a ciertos grupos más que a otros.
La encuesta se aplicó también en 2012, cuando se obtuvieron similares resultados en cuanto a confianza en el sistema (81% declaró confiar poco o nada el año pasado). Una variación relevante, sin embargo, se dio en el plano de la percepción de independencia del sistema. Consultados sobre el nivel de independencia de los jueces en Chile, el 50% de los entrevistados la califica de baja o muy baja, mientras el 44% la percibe alta o muy alta.
Una particularidad se dio en relación a la Corte Suprema, la que fue percibida como más independiente que los jueces en general. El 46% de los encuestados la consideró independiente o muy independiente y el 44% indicó que ese nivel era bajo o muy bajo.
El coordinador de Políticas Públicas de LyD, José Francisco García, explica que la mala evaluación del rol de los jueces se condice con otros estudios sobre la materia, donde también decae la confianza en instituciones como el Congreso. Remarca, eso sí, que la mala percepción suele darse respecto de los jueces del área penal, ya que son los que están más expuestos mediáticamente. La diferencia que se da con la Corte Suprema se verifica, en opinión del experto, por los fallos de alto impacto público del máximo tribunal. “El año pasado fue tan noticioso y relevante en términos de ciertos fallos, que la prensa llamó ‘supremazos’ en materia de salud, medioambientales, uno podría pensar que ahí hay una señal que se está dando. También ha habido algunas disputas públicas entre la Corte Suprema y poderes políticos. Uno podría encontrar en esa jurisprudencia por un lado y en esos conflictos un alza en la mejor aprobación en términos de mayor independencia judicial de la Corte Suprema, porque es vista como un estamento más independiente de la ciudadanía frente a los poderes políticos”, indicó García, y agregó que el máximo tribunal “se está transformando en un lugar donde se pueden resolver problemas que el sistema político no está solucionando. Lo cual es un problema, una distorsión”.
Si bien la desconfianza en el sistema es alta, García llama la atención sobre la cantidad de personas que dicen recurrir al Poder Judicial en caso de controversia, que llega al 61%. Esto revela que la población acude “por defecto” a los tribunales, lo que es positivo. “Uno podría pensar que, en general, hay una mala percepción y de poca confianza, pero cuando uno mira indicadores específicos relacionados con procesos judiciales en los que ellos participaron, las percepciones tienden a mejorar un poco”, dice.
En los aspectos relacionados con el trabajo de tribunales, los encuestados que usaron el sistema tienen visiones dispares. Un 44% considera su funcionamiento bueno o muy bueno y un 46% malo o muy malo. Esta última cifra mejoró respecto de 2012, cuando el 60% consideró malo o muy malo el desempeño.
Los aspectos peor evaluados fueron el de tiempo de tramitación de la causa, que fue evaluado con un 1 (muy deficiente) por el 21% de los entrevistados, y la imparcialidad del juez al momento de dictar sentencias. El mejor evaluado, en tanto, fue el correspondiente a la infraestructura del tribunal, que calificó con nota 7 el 23% de los participantes.
Magistrados acusan poca información
Ante los resultados de la encuesta de confianza en la justicia, el presidente de la Asociación de Magistrados, ministro Rodrigo Cerda, planteó que el gremio está consciente de estas cifras y que están abocados a revertirlas. “Normalmente se ven (las cifras) en el Poder Judicial en la historia y hay mucha desinformación en ello, lo que también es culpa de nosotros que no salimos mucho hacia afuera a entregar información a la ciudadanía de lo que es nuestro quehacer”, indicó.
Sobre la deficiente evaluación de la independencia de los jueces, que el 50% califica como baja o muy baja, el representante del gremio aclaró que hay una especial preocupación para evitar situaciones que interfieran con la autonomía de los magistrados.
En cuanto a las diferencias en calificación que los mismos encuestados hacen de la Corte Suprema, señaló que esta “no es sino el último aporte jurisdiccional en la resolución de un conflicto, por tanto si la Corte Suprema es bien calificada, lo coherente sería que los tribunales tendieran también a ser bien calificados porque nosotros miramos mucho lo que esta resuelve: cuando eso está apoyado en buenas razones, los jueces tienden a seguirla”.
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