Análisis a 1 año de su implementación. Por Claudio Díaz, presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal.
En diciembre del año 2015 fue promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo la Ley N° 20.886, la cual modificó el Código de Procedimiento Civil estableciendo la tramitación digital de los procedimientos judiciales, denominándose aquella como “Ley de Tramitación Electrónica”.
Dicha ley vino en responder a una necesidad imperiosa de contar con un sistema ágil, sencillo y eficiente, y que a la vez fuese seguro, transparente y accesible para todos los ciudadanos de nuestro país. Esto obviamente representó un gran avance en lo que se refiere al acceso a la justicia, a través de un mecanismo rápido, informado y transparente, que buscaba transformar y modernizar el proceso, pero no a cambiarlo en su núcleo, manteniendo incolumne los principios que rigen nuestro Procedimiento Civil.
Para la redacción de este artículo Claudio Díaz tuvo a la vista un documento sobre el mismo tema preparado por FerradaNehme.