La reforma procesal penal y la situación carcelaria del país

María Paz de Carcer

La reforma procesal penal y la situación carcelaria del país
 
“… La reforma, con todos los esfuerzos académicos y políticos que involucró, dejo fuera la situación carcelaria en Chile…”
 
María Paz de Carcer
Coordinador Comisión Derecho Procesal Penal del Ichdp

 
Chile tiene una tasa de encarcelamiento de 247 por cada 100.000 habitantes. Otros países del continente como Brasil o Perú tienen una tasa de 301 y 242 respectivamente. Algunos países desarrollados como Alemania o Francia, miembros de la OCDE, tienen una tasa de 78 y 100 por cada 100.000 habitantes. La tasa de encarcelamiento más alta del mundo la ostenta Estados Unidos con 698 por cada 100.000 habitantes. Las altas tasas de encarcelamiento que ostenta Chile son signo visible de que uno de los principales agentes criminológicos en el país es el Estado. El sistema procesal penal, tanto de adultos como de adolescentes es un sistema estatal complejo, integrado por una pluralidad de órganos públicos y cuerpos normativos que, en su conjunto, constituyen la respuesta estatal represiva a la criminalidad. Se torna más claro el rol del Estado como agente criminológico cuando sabemos que, del 100% de los presos que existen hoy en la Región Metropolitana, el 74% de ellos alguna vez pasó por un recinto del Sename y sólo el 10% de ellos lo hicieron por infringir la ley penal. Lo anterior implica que el 64% de la actual población carcelaria adulta de la Región Metropolitana, pasó por un centro del Sename por existir un daño moral o material en su ambiente, ante lo cual el Estado, en una actuación de profunda preocupación y compromiso por el resguardo de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes del país, los envía a los centro del Sename, lugar donde cumplen condena los niños(as) y adolescentes que han infringido la ley de responsabilidad penal adolescente.
 
Así, el Estado reacciona de la misma manera frente al adolescente o niño(a) que no ha cometido delito que el que sí lo ha cometido. Dado lo anterior, es comprensible el crecimiento exponencial que han tenido los delitos violentos en que sus autores son niños(as) o adolescentes. La forma que determinó el Estado (énfasis en que es el Estado quien determina y no el gobierno de turno) en que iba a proteger a los niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos es la de ser enviados a “estudiar” y ser “protegidos” a la escuela del delito, también conocidos como centros del Sename.
Si, faltan hospitales y colegios. Es cierto que como país carecemos de un sistema de salud eficiente y acorde a la dignidad de sus ciudadanos y no es menos cierto que toda persona merece una educación pública de calidad. La bandera de lucha del movimiento ciudadano que aboga por un una mejora sustancial en la educación es que ésta sea para todos, lo que no excluye a los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos ni a aquellos que han incurrido en la vida delictual. Sabemos que el mejoramiento del sistema carcelario no es una prioridad nacional y que la mayoría de los ciudadanos preferiría invertir los recursos públicos en aumentar la dotación de carabineros que en aumentar el presupuesto de reinserción social con el que consta Gendarmería para ver asegurada su seguridad, pero lo anterior no implica una solución al problema de la reincidencia que se gesta desde la adolescencia de quienes comenten delitos siendo adultos. La llamada puerta giratoria es una consecuencia lógica de los escasos esfuerzos que, como nación, ponemos en la rehabilitación, reinserción y reincorporación de nuestros presos a la población en libertad.
 
Los datos son claros, uno de cada dos reclusos adultos vuelve a delinquir. Gendarmería, órgano encargado de la reinserción social y rehabilitación de la población carcelaria, consta con un presupuesto para el 2015 de $2.347.768 anuales para llevar a cabo sus labores de reinserción. A octubre de 2015 Gendarmería había atendido 132.633 reclusos. Lo anterior da un promedio $17.701 de presupuesto por recluso al año para efectos de su reinserción y rehabilitación, es decir, $1.475 al mes, por recluso, para evitar que vuelva a cometer un delito. Supuestamente, con esa cifra, los reclusos pueden aprender un oficio dentro del recinto penitenciario y salir, una vez cumplida su condena, a incorporarse a la población en libertad, ganándose la vida de manera honrada y libre de crímenes.
 
La reforma procesal penal puso el foco en los derechos de los imputados y de las víctimas, creando un órgano autónomo persecutor e investigador, aislando al juez de la investigación de forma tal de que éste juzgara sólo en virtud de las pruebas aportadas, velando así por el principio de inocencia. El nuevo sistema procesal penal ha traído muchas bondades, y no menos problemas y críticas pero, en términos generales, la nación puede afirmar que fue un cambio positivo y necesario. Sin embargo, la reforma, con todos los esfuerzos académicos y políticos que involucró, dejo fuera la situación carcelaria en Chile. Excluyó del progreso y desarrollo a aquellos que habiendo delinquido no tienen posibilidades, o de tenerlas son muy escasas, de cumplir su condena y reincorporarse a la población libre para desempeñar una función, para encontrar un lugar dentro de la comunidad. Son aquellos niños(as) y adolescentes que ingresaron al sistema de privación de libertad en miras a proteger sus derechos los que sufren la desgracia de creer que no tienen alternativa más que delinquir para sobrevivir. Si como comunidad no nos hacemos cargo de hacer de la reinserción de nuestra población carcelaria y de la rehabilitación y reincorporación de nuestros niños(as) y adolescentes vulnerados una prioridad nacional, con el sacrificio pecuniario que implica en el presupuesto nacional, no van a existir rejas tan altas, número de carabineros disponibles, ni sistemas de seguridad que eviten el aumento de los delitos y la sensación de inseguridad ciudadana.

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