La ejecución: cuestiones generales, novedades y problemas


Fernando Orellana Torres“Todos tenemos presente el grave problema que se produjo en el proceso de familia, al no exigir la Ley de Tribunales de Familia la intervención letrada en las primeras presentaciones de las partesante estos juzgados, rectificando el legislador dicho error con posterioridad”.

Fernando Orellana Torres
Profesor Universidad Católica del Norte

La Ejecución aparece tratada en el Libro IV del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, distinguiendo entre ejecución por obligación de dar (Título II) y ejecución de obligaciones de hacer y no hacer y de mera entrega de una especie o cuerpo cierto (Título III), abandonando la postura doctrinaria y jurisprudencial del actual Código de Procedimiento Civil que incorpora a la obligación de entregar en la de dar.

Pero no son estos los únicos procesos de ejecución dentro del Proyecto. También se contempla el procedimiento de Ejecución Provisional para sentencias definitivas de condena, sin necesidad de caución; y el procedimiento para el cumplimiento de resoluciones judiciales en contra del Fisco o de los órganos que integran la administración del Estado, sobre sentencias de condenas firmes o ejecutoriadas.

Respecto de las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros, se mantienen en general las normas del CPC, con la gran excepción que su competencia queda entregada a un Juez de Letras y no a la Corte Suprema.

También encontramos otros procedimientos de ejecución relativos a multas y costas.

En lo que respecta a la Ejecución propiamente tal, las cuestiones generales de la ejecución contenidas en el proyecto son las siguientes: existirá un oficial de ejecución, ésta siguiendo siendo una secuencia de actos escritos; los presupuestos siguen siendo la existencia de una pretensión ejecutiva, el título ejecutivo, obligación líquida y actualmente exigible, y la acción judicial no prescrita.

Otra novedad es la eliminación de los llamados por la doctrina “títulos ejecutivos imperfectos”, aunque existirá una vía procesal, distinta al proceso declarativo ordinario o sumario, para producir un título ejecutivo: el Procedimiento Monitorio cuya limitación es que la cantidad total de la deuda no debe exceder de 500 UTM.

El inicio de la ejecución es muy distinto al actual: no hay demanda ejecutiva, sino una “solicitud de ejecución”, que se presentará directamente ante el Oficial de Ejecución.

Lo que llama inmediatamente la atención es la opción que han elegido los redactores del Proyecto, de no exigir representación letrada, al momento de presentar la solicitud.

Todos tenemos presente el grave problema que se produjo en el proceso de familia, al no exigir la Ley de Tribunales de Familia la intervención letrada en las primeras presentaciones de las partes ante estos juzgados, rectificando el legislador dicho error con posterioridad.

Si bien es cierto que este tipo de comparecencia formó parte importante de las ideas fundantes del nuevo sistema procesal de familia, inspirado en la idea de una justicia más accesible al ciudadano común, en su expresión práctica produjo inconvenientes tanto en la eficiente defensa de los derechos de los recurrentes, como en la gestión de los tribunales y, el desarrollo del procedimiento (Véase la Historia de la Ley 20.286).

Puede llegar a producirse un problema similar, no por la complejidad de hacer una solicitud, la que en todo caso debemos entender que se hará vía formulario electrónico, sino por las expectativas que genera iniciar un proceso de ejecución y verse truncado por no estar debidamente asesorado por alguien que sabe de cuestiones jurídicas.

Asimismo, el natural desconocimiento por parte de los litigantes de aspectos tan trascendentales como lo es el uso de herramientas procesales en la ejecución, imposibilitarán un desarrollo adecuado del procedimiento de ejecución, obligando a asumir a los propios Oficiales de Ejecución una labora de asesoramiento, fin que no persigue este Proyecto.

Si la solicitud reúne los requisitos, el Oficial de Ejecución emitirá una “Decisión de Ejecución”, que debe ser puesta en conocimiento del ejecutado, mediante notificación personal o personal subsidiaria –o incluso por avisos– efectuada hecha por el mismo Oficial de Ejecución.

En el acto de la notificación, el ejecutado podrá pagar o aceptar convenios o propuestas de pago. Además, podrá oponerse a la ejecución o bien quedarse en un estado de rebeldía.

Aquí el Proyecto nuevamente hace un cambio radical con respecto a nuestro actual procedimiento. La oposición generará un procedimiento declarativo en la ejecución, que se inicia con una “demanda de oposición”, que deberá intentarse dentro del plazo de 10, 20 o 30 días, dependiendo del lugar (en la provincia; fuera de la provincia; o fuera del país) donde haya sido notificado.

Esta demanda de oposición si bien el Proyecto no lo contempla expresamente, pienso que deberá presentarse con asesoría letrada, pues va dirigida al Juez Letrado quien deberá conocerla y fallarla.

Si bien el Proyecto expresa que la demanda de oposición deberá interponerse ante el Oficial de Ejecución para ante el Tribunal competente, no contempla de qué manera y dentro de qué plazo la demanda pasa al juez, como sí lo hace, por el contrario, respecto de las tercerías.

El Proyecto contempla la posibilidad que el tribunal declare inadmisible de plano la demanda interpuesta, en ciertos casos, como por ejemplo, no presentarse oportunamente o no fundarse en causales legales, o bien no señalar con precisión los hechos en que se fundamentan las causales de oposición. Pero no hay claridad en el texto respecto a la oportunidad en que debe notificarse la demanda al ejecutante, ni tampoco respecto al momento en que el juez debe hacer el estudio de admisibilidad. Esta es una materia que hay que precisar.

Leave a Comment


*