Jorge Carey sobre la reforma tributaria: “Vaticinar desastres es incorrecto, así como creer que aumentos mal concebidos de la carga tributaria no afectan al crecimiento”

Lea entrevista publicada por El Mercurio.

A su juicio, hay preocupación no solo por los cambios impositivos, sino que también porque los dineros no se destinen a mejorar la educación primaria, “el verdadero problema de nuestro país”, dice.

A. G. 

Jorge Carey Tagle no es economista, sino abogado. Pero como socio principal del estudio Carey -el más grande bufet de Chile, que cuenta con grandes empresas y variadas multinacionales como clientes-, está en una posición privilegiada para palpar cómo desde ese mundo se está leyendo la propuesta de reforma tributaria.

“He visto especial preocupación en personas mayores que esperaban vivir su vejez con lo que obtuviesen de la venta de sus inversiones inmobiliarias y que ahora han sido notificados que el 35% del mayor valor obtenido -después de muchos años de mantenerlas y de haber pagado contribuciones altísimas- deberá ser entregado al fisco. También veo a algunos de nuestros clientes preocupados de que los mayores dineros que se recauden no vayan a financiar una mejora de la educación primaria, el verdadero problema educacional de nuestro país”, adelanta.

-¿Cuál es su evaluación de la reforma?

“Me parece un intento serio por aumentar la cantidad de recursos que el sector privado traspasa anualmente al sector público por concepto de impuestos a la renta. Oponerse a cualquier aumento de tributos y vaticinar desastres es incorrecto, así como lo es creer que los aumentos mal concebidos de la carga tributaria no afectan al crecimiento. De lo que se obtenga de un aumento de impuestos siempre hay que restarle lo que se habría obtenido con un mayor crecimiento si no hubiere habido dicho aumento. El proyecto del Gobierno ha afectado negativamente, y lo seguirá haciendo, las expectativas económicas, el ahorro y el crecimiento. Es un hecho que todo nuevo proyecto de inversión hoy se va a evaluar considerando una tasa de impuesto de 35% -25% de la empresa y 10% pagado por cuenta de sus dueños o accionistas-, independientemente de la gradualidad que se ha querido imprimir a la reforma”.

-¿Qué aspectos le llaman la atención?

“Se pudo haber mantenido el FUT, aumentado el impuesto de primera categoría a no más de 25% y cerrando todas las rendijas que permiten a los que más tienen no tributar a tasas justas. Por ejemplo, haber establecido normas de tributación devengada, pero limitadas a las rentas pasivas de sociedades de inversión personales. Eso es lo que los más optimistas esperaban ver en esta reforma. Ojalá me equivoque, pero creo que es una exageración exigirles a las empresas que traspasen todos los años el 35% de sus utilidades al sector público. Al ampliar además la base de tributación, se podría estar aumentando casi al doble el gravamen de las empresas. No es descartable que la Nueva Mayoría, en este tema, tenga que echar pie atrás en unos años más, al igual como lo hicieron gobiernos socialistas franceses cuando fueron movidos originalmente por un excesivo ideologismo”.

-¿Qué aspectos son los que más le han consultado inversionistas extranjeros?

“Las multinacionales están siempre preparadas para aumentos de impuestos, siempre que no sean radicales y que no se eche a perder el clima de negocios. Lo que les preocupa, al igual que a los chilenos, es cuando se hace discriminando entre nacionales y extranjeros o cuando se afecta el crecimiento del país al cual ellas han apostado. Afortunadamente, Chile es visto como un país serio, donde hay poca corrupción, y el dinero debería ser mejor gastado que en otros países de la región. La inversión en mayor educación es algo que todos apoyan”.

-¿Qué opina del fin del DL 600?

“Es algo que se puede analizar, pero hay que hacerlo sin ideologismos trasnochados. Creo que es un error político que lo haya planteado un gobierno de centroizquierda y, sobre todo, al comienzo de su mandato y en conjunto con una reforma tributaria que está afectando adversamente las expectativas económicas. He detectado el temor de que detrás de esa derogación esté el ánimo de aumentar la tributación de la inversión extranjera en las actividades extractivas. Dicho eso, no creo que el fin del DL 600 afecte a la gran mayoría de las inversiones extranjeras en Chile, aunque sí podría afectar a aquellas que al país le interesa, salvo, en este último caso, que se creen otros instrumentos”.

-¿Como cuáles?

“Me gustaría que si se elimina el DL 600, se busquen formas para asegurar a los inversionistas chilenos y extranjeros, por igual, que se les mantendrán las reglas del juego y que habrá una tributación sin discriminaciones durante el tiempo que se necesita para que sus proyectos den sus frutos. A los inversionistas extranjeros les interesa la existencia de tratados de protección a la inversión extranjera -que Chile ha firmado profusamente-, la estabilidad institucional del país, exportar libremente, tener acceso al mercado de divisas para repatriar sus utilidades y capital, y la presencia de políticas tributarias estables y sensatas”.

-¿La eliminación del FUT mermará capacidades de inversión?

“Si en vez de entregar al sector público 20% de utilidades, como lo hacen ahora, se deberá entregar 35% y calculado sobre una base mayor por otros cambios del proyecto, la capacidad de inversión se verá mermada. En mi opinión personal, sin ser técnico, un aumento tan importante parece no ser una buena noticia para el crecimiento, independientemente del destino que se le dé al dinero”.

-¿Las empresas se financiarán con mayor deuda? ¿Habrá cambios en la repartición de dividendos?

“Es razonable esperar que haya una inclinación mayor a financiar los nuevos proyectos con más deuda; y eso puede traer de parte de la autoridad fiscal mayores controles y medidas correctivas que, a la larga, distorsionan la asignación eficiente de recursos. En repartición de dividendos, las empresas -sobre todo las medianas y pequeñas- podrían quedar más proclives a repartir a sus dueños una mayor proporción de sus utilidades anuales. En las de mayor tamaño, tengo mis dudas, aunque en términos relativos, el incentivo a distribuir debería ser mayor”.

-En debate está qué tan pro inversión es el proyecto. ¿Cuál es su visión?

“El proyecto no tiene por objeto favorecer la inversión. Eso es claro. Se trata de allegar recursos para una reforma educacional muy deseada por los chilenos y que todos esperamos que se implemente bien. Habla bien de Chile y de la mantención de sus equilibrios macroeconómicos que antes de aumentar los gastos en educación se busquen los recursos permanentes necesarios. Ojalá Estados Unidos y otros países europeos hubiesen hecho lo mismo en el pasado. Además de allegar recursos, la actual administración busca una mejor redistribución del ingreso, lo que si bien es un bien muy deseado por todos, es muy complicado de implementar y donde el remedio puede resultar peor que la enfermedad”.

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