Gobierno enviará indicaciones para ampliar las facultades de las policías en el proceso penal

Lea artículo publicado por El Mercurio.

Conjunto de modificaciones fue concordado con el senador de RN Alberto Espina y será presentado el martes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta.

Sebastián Sottorff

Doce años y medio han pasado desde el primer juicio oral registrado en Chile. Sucedió en La Serena, un 21 de marzo del año 2001, cuando la atención del país se centró en la historia de un delincuente sorprendido con un reducido botín: dos bebidas gaseosas.

Sin embargo, no era su robo lo que captó el interés de los medios, era el juicio inaugural de la Reforma al Sistema Procesal Penal, el más significativo recambio en el sistema de procesamiento judicial implementado en Chile.

Hoy los debates en torno a su funcionamiento continúan y las alternativas por perfeccionar sus alcances también. De hecho, este martes el Gobierno enviará once indicaciones que se incluirán en el proyecto de ley que busca “la reforma a la reforma”.

Se trata de un conjunto de indicaciones planteadas por el senador RN Alberto Espina y trabajadas en concordancia con el Gobierno, las que se ingresarán el martes a la Comisión de Constitución del Senado, que actualmente revisa el proyecto enviado en marzo por el Ejecutivo.

Dicho proyecto fue generado a través de una comisión de expertos penalistas que trabajó al alero del Ministerio de Justicia.

Según sus autores, además de reforzar el apoyo a las víctimas, las indicaciones que se presentarán el martes buscan fortalecer la persecución criminal, otorgándoles más facultades a las policías. Uno de los ejes del proyecto es facilitar la detención de los delincuentes confesos y la agilización de las primeras diligencias ante un hecho delictual.

“Tenemos un doble objetivo: combatir con mayor fuerza y eficacia a los delincuentes y proteger mejor a las víctimas, de forma que la delincuencia siga retrocediendo y la seguridad de las familias chilenas se continúe fortaleciendo. Esperamos que el Congreso le preste a este tema la atención y la urgencia que se requiere”, explicó el Presidente de la República, Sebastián Piñera, justo después de una reunión en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick; la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y el senador Espina, que ya había presentado al Ejecutivo varias indicaciones a la reforma durante el año 2012.

“Este conjunto de normas apunta a algo muy simple: entregarles a jueces, fiscales y a las policías todos los instrumentos para que hagan bien su trabajo y que rindan cuenta de esto a la ciudadanía”, sentenció el parlamentario, destacando que con estas modificaciones se busca “revertir una sensación de impotencia e indignación legítima en la ciudadanía”.

Agilización y mejoras

Una de las indicaciones faculta a las policías a solicitar directamente a los organismos públicos y privados toda la información gráfica, fotográfica, visual o audiovisual que contribuya a la captura de los delincuentes.

El proyecto busca que además se facilite la revisión de los detenidos, sus vehículos o equipajes y permite que las policías puedan utilizar medios fotográficos, visuales o audiovisuales para aprehender a un delincuente.

Otra de las indicaciones pretende que los jueces de garantía, a solicitud del fiscal, puedan ordenar la detención del imputado cuando reconozca su participación en un delito. Actualmente, el tribunal solo puede ordenar la detención cuando la comparecencia del inculpado pudiera verse demorada.

Las indicaciones permitirían, según el ministro del Interior, fortalecer la lucha contra la delincuencia sin vulnerar los derechos constitucionales, aunque sí reconoció que pueden ser objeto de un debate jurídico, sobre todo de los jueces garantistas.

“El debate es bienvenido, pero la sociedad chilena nos está exigiendo ser más eficaces contra la delincuencia. Estas indicaciones también son indispensables para tener acciones más enérgicas de los tribunales”, explicó Chadwick, descartando una ralentización en la aprobación del proyecto en el Parlamento.

“Al contrario, pues me gustaría saber si hay sectores políticos que no quieran mayores medidas para combatir la delincuencia”, sentenció Chadwick.

Objetivos

Detención de delincuentes confesos

Los jueces de Garantía, a solicitud del fiscal, podrán ordenar la detención del imputado cuando reconozca su participación en un delito.

Más facultades para la policía

La policía podrá solicitar toda la información que contribuya a capturar a un delincuente.

Facilitar la revisión

Actualmente, la policía solo puede registrar a una persona cuando existen indicios que permiten estimar que un detenido oculta objetos importantes para la investigación. Se propone que dicha revisión pueda efectuarse sin esta limitante, como ocurre en los casos de control de identidad.

Ayuda tecnológica

La policía podrá detener a un delincuente si su participación se acredita a partir de medios fotográficos, visuales o audiovisuales.

Agilización de audiencias

Las indicaciones permiten al juez de Garantía la suspensión de la primera audiencia judicial por un plazo de dos horas cuando no llega el fiscal, sin tener que liberar de inmediato al detenido.

Prisión preventiva

Se aumentan las facultades del juez para dejar en prisión preventiva al imputado de un delito y podrá decretarla cuando lo estime necesario o considere que hay un peligro de fuga, órdenes de aprehensión o detenciones anteriores.

Revisión de recintos

Se faculta a la policía entrar y registrar un lugar cerrado sin autorización judicial previa, no solo cuando haya signos evidentes de que se está cometiendo un delito, sino además cuando se está procediendo a la destrucción de los objetos que se destinaron a cometerlo o los que provienen del mismo.

Incautación de especies

El proyecto permite a la policía incautar las especies u objetos que encuentren y permitan sospechar que provienen de otro delito.

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