Gloria Negroni: desde el “Transantiago de la Justicia” a la mesa orgánica de la Reforma Procesal Civil

Gloria NegroniEsta juez de familia explica por qué es importante aprovechar la experiencia de la “primera reforma” en la materia, para tener un tránsito no traumático y un resultado exitoso en la modificación al proceso civil y comercial que se debate en Chile.

S.M.L

Los juzgados de familia de Santiago se encuentran ubicados en pleno centro, en la calle San Antonio casi esquina Monjitas, a dos cuadras de la Plaza de Armas, en lo que fue un hotel por muchos años.

Se puede ingresar por un pasaje posterior o por la entrada principal, donde un mesón con guardias recibe a los visitantes para dar paso a un portal detector de metales, frente al cual una funcionaria de seguridad distingue con ojo clínico a los abogados de quienes no lo son. Pero todos deben pasar por el arco.

Tras subir dos pisos se puede encontrar a Gloria Negroni, que según el sitio web del Poder Judicial, es una de los 13 jueces del Tercer Juzgado de Familia de Santiago (doce son mujeres). De hecho es una de las primeras seis que fueron nombradas cuando la “justicia de menores” amplió su ámbito de competencia y se transformó en “justicia de familia”, tomando bajo sus alas también los divorcios –ahora disolutorios del vínculo– y la violencia intrafamiliar, modernizando la nomenclatura y modificando los procedimientos.

Sentada en el estrado de una sala de audiencias que –como todas– tiene a la entrada un letrero azul que dice “Prohibido golpear la puerta”, dispara respuestas a una velocidad increíble. Y en su vocabulario abundan conceptos como gestión, eficiencia, índices y administración.

Desde abril de este año es parte de la mesa orgánica que formó el Ministerio de Justicia, donde cuenta que revisan a nivel central y a nivel regional cómo se comporta el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones, las distintas instituciones, el sistema bancario, el retail, actores secundarios, receptores, síndicos de quiebras, árbitros; todo con la finalidad de poder medir las cargas de trabajo y dimensionar los tribunales, jueces y funcionarios, así como la estructura que les dará soporte, en la nueva justicia civil y comercial.

Nombrada en febrero de 2005, asumió en abril de ese año y tras seis meses de preparación, en octubre, comenzó el trabajo con los usuarios.

— Cuéntenos cómo fue el inicio de la reforma de familia

“Los primeros años fueron muy complejos. La reforma estaba muy mal diseñada y no hubo gradualidad como en todas las demás.

Tampoco hubo capacitación suficiente ni para jueces ni para funcionarios. No se previó lo que significaba el traspaso de personal con los nuevos medios tecnológicos. Había una brecha en albafetización digital muy grande entre los funcionarios antiguos y los nuevos.

La reforma de familia fue la más caótica en sus inicios, y nosotros fuimos la primera reforma procesal civil”.

— ¿Es transmitible esa experiencia a la reforma que hoy se discute?

“Hay un país completo que se tiene que movilizar. Estoy en la mesa orgánica de la reforma procesal justamente porque la idea es prever situaciones como las que vivimos con mucha anticipación. Las falencias que tuvimos deben ayudar, a contrario sensu de quienes piensan que todavía no hay que hacer mucho.

El recurso humano es básico y fundamental la capacitación: ¿cómo se hace con la resistencia al cambio? ¡cómo se trasvasija un proceso que ha durado más de 100 años a un procedimiento nuevo!

Cuando no hay un instrumento claro de gestión, la ley es interpretable, todo es interpretable. Y por eso fue necesaria tanta difusión y capacitación.

Dimos un salto cuántico desde el “Transantiago de la Justicia”, como fuimos llamados, hasta lo que hay hoy, en que vemos una tendencia a una calidad bastante más alta que lo que se pensó nunca”.

— ¿Y si nos vamos al detalle?

“Necesitamos informes, detección de debilidades, FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) respecto de los funcionarios actuales y de todos los intervinientes.

El procedimiento de familia nos permite eso con mucha precisión. Llevamos siete años y podemos sacar muchos ejemplos, y tanto en cumplimiento de resoluciones como en los juicios declarativos.

En Familia hemos llegado a indicadores de gestión en que se pesan las actividades para distribuir las cargas de trabajo: se dividen las causas por complejidad y así se concentran las de menor y mediana complejidad, dejando más horas/juez para las causas más complejas.

Esta distribución se hace de acuerdo a cómo se van moviendo los flujos de trabajo: audiencias preparatorias programadas, audiencias preparatorias no programadas, audiencias cautelares, audiencias de juicio… y todo eso divide la complejidad de la carga de trabajo.

Además, hay jueces exclusivamente dedicados a despacho y cuando eso no es posible, se divide el despacho. Lo principal es la agenda”.

— ¿Cómo se agenda en la práctica?

“La carga de trabajo se proyecta a 15 días, pero siempre depende de factores como licencias médicas, feriados legales, comisiones de servicios y ausencias, en general, de jueces y funcionarios.

Entonces cada unidad debe estar pensada respecto de cuál es la dotación mínima que se requiere para que el tribunal siga proveyendo justicia con los medios que tenga. Hay flujos y mecanimos previstos para reaccionar ante crisis.

Antes, todos tenían la misma carga de trabajo y si faltaba un juez, se traspasaba todo a otro. Hoy el funcionamiento es bastante óptimo y por eso podemos abocarnos hoy a la calidad”.

—¿Es distinta la realidad de Santiago respecto de las regiones?

“Sí, claro. Chile es un país en que la realidad local es distinta, pero la reforma de Familia no la consideró y sólo en la capacitación de 2009 se empezó a incorporar la realidad de cada región, a partir de las características de los recursos de cada tribunal, de los jueces, de los funcionarios y de los usuarios.

Además nos dimos cuenta de que tampoco había una buena distribución de jueces y funcionarios, y en cuanto a la ubicación, había lugares en que era necesario más jueces, o había muchos para lo que realmente se requería.

Lo que debiera ocurrir en la reforma civil es justamente lo contrario: trabajar hoy para medir las cargas de trabajo y medir el impacto a nivel regional, porque es distinto el usuario civil en una región minera que en una región pesquera”.

—¿Qué es la unidad de cumplimiento?

“Existe desde hace unos dos años y sólo en Santiago, más un piloto en San Miguel, que se está tratando de replicar en Puerto Montt, Chiloé y Concepción.

La idea es probar la separación de la administración con herramientas desde lo administrativo, para que sea una labor donde se avance rápido y con mecanismos de eficiencia, contando con buenos liquidadores y personal especializado.

Es fundamental entender cuáles son las diferencias entre un buen procedimiento de cobro, cuáles son las gestiones administrativas que pueden ser entregadas a un ente que no necesariamente es un juez, de aquellas jurídicas que sí es necesario que las vea un juez, como los incidentes o una oposición al cobro”.

En Familia podemos ser un gran laboratorio de lo que podría ser esta separación en lo civil.

Leave a Comment


*