Fallo de la Corte Suprema contra reforma a la Justicia propina duro revés a Cristina K

Fallo de la Corte Suprema contra reforma a la Justicia propina duro revés a Cristina KLea artículo publicado por El Mercurio.

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El tribunal consideró inconstitucional la elección popular del Consejo de la Magistratura, el ente que fiscaliza a los jueces.

El Mercurio

La Casa Rosada perdió su principal apuesta para reformar la Justicia: la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que establecía la elección popular para la formación del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de fiscalizar, designar y destituir a los jueces.

La votación popular se iba a llevar a cabo de forma simultánea con las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, por lo que la Corte Suprema subrayó que lo resuelto “no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales”. “Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares”, sostuvo el máximo tribunal en su fallo.

Con seis votos a favor y uno en contra, el tribunal decidió también que la nueva composición del Consejo y la modificación del quórum necesario para designar y destituir magistrados son “inaplicables” y mantuvo la vigencia del régimen anterior.

La nueva norma elevaba de 13 a 19 los miembros del Consejo. El organismo estaría integrado por tres representantes de los jueces, tres de los abogados, seis académicos, seis legisladores (4 de la mayoría y dos de la minoría) y un delegado del Poder Ejecutivo. La otra novedad era que los miembros de las tres primeras categorías no serían elegidos por sus pares sino por el voto de los ciudadanos, teniendo en cuenta el peso de las mayorías y minorías electorales.

Las modificaciones rechazadas ayer por el máximo tribunal estaban contempladas en una reforma que el Congreso sancionó a principios de mayo y que había recibido fuertes cuestionamientos de opositores y asociaciones de abogados y magistrados e incluso de la relatoría para la independencia judicial de Naciones Unidas, indicó la AP.

La jueza María Servini de Cubría había dictado días atrás la primera sentencia definitiva contra la reforma del Consejo de la Magistratura, en la que declaró inconstitucional tanto la nueva composición del organismo como la votación popular para elegir a sus miembros, indicó La Nación. Ante ese fallo, el gobierno utilizó el mecanismo per saltum, el que permite que una decisión evite las instancias intermedias y llegue directamente a la Corte Suprema.

El jefe de Gabinete de la Presidenta Cristina Fernández, Juan Manuel Abal Medina, consideró que el máximo tribunal “le tiene miedo a la voluntad popular” y lo describió como “una corporación del medioevo”. Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, consideró que la “democratización de la justicia es una pelea larga”, señaló La Nación.

La oposición celebró ayer el fallo de la corte. El diputado Gustavo Ferrari advirtió a la Casa Rosada que “no debe leer este fallo como un mensaje de la Corte, ya que es la propia Constitución, cuya letra y espíritu es claro y en cuya esencia está la protección de los ciudadanos contra los abusos de los gobiernos de turno”. Mientras que el ex Vicepresidente de Fernández, Julio Cobos, escribió en Twitter que el fallo “demuestra sentido común. Algo que le faltó al gobierno”.

Puntos claves de la decisión

Declara la inconstitucionalidad de la ley porque “rompe el equilibrio” al disponer que todos los miembros del Consejo salgan directa o indirectamente del sistema político-partidario; desconoce “el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos”; compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso”.

Deja “sin efecto” la convocatoria a elecciones para el Consejo de la Magistratura.

Rechaza que “bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”.

Ratifica que “el Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa”.

Señala que la reforma “desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder, en la medida en que obliga al juez que aspira a ser consejero a optar por un partido político”.

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