España: ¿Ha vencido la presión social contra las tasas judiciales?

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Nunca una norma promovida por el Ministerio de Justicia que afectara al mundo legal había causado tanta contestación de todos los profesionales y operadores jurídicos en España. Dos años después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara, a instancias de su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –ahora dimitido–, la Ley 10/12 de tasas judiciales, la lluvia que ha caído en su contra desde prácticamente todos los frentes ha sido constante y casi imposible de resumir.

Abogados –con su Consejo General y los 83 colegios a la cabeza–, procuradores, el Poder Judicial, la Defensora del Pueblo, los grupos parlamentarios de la oposición, los sindicatos, catedráticos y jueces, entre otros operadores, han mostrado su rechazo a una norma que según la mayoría de los críticos “podría ser inconstitucional, ya que viola el derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución”.

Pero durante este bienio, el ministro Gallardón ha sido inflexible en este asunto, defendiendo la utilidad de las tasas y haciendo oídos sordos a las innumerables protestas, informes críticos, varios recursos de inconstitucionalidad o la presentación de más de 170.000 firmas que se recogieron a través de la plataforma de Internet change.org contra las tasas judiciales.

Sin embargo, la semana pasada, y después de cien días de llegar al cargo, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió en una entrevista radiofónica que la legislación implantada sobre las tasas es un “elemento de tensión” y que espera poder presentar antes de que termine enero su propuesta de reforma.

Fuentes del Ministerio de Justicia han ratificado a EXPANSIÓN las afirmaciones del ministro, y han añadido que “esta propuesta de revisión de las tasas, que será un ajuste o modulación, será elevada a abogados, procuradores y otros operadores jurídicos para que pueda ser consensuada”.

No se ha especificado qué calado tendrá esa reforma, pero se descarta su derogación porque el ministro ha recordado que “sí debe haber un sistema de tasas para que quienes hacen un uso particular de la Justicia colaboren en su financiación”.

Sin embargo, este hecho no satisface a los operadores jurídicos más beligerantes contra las tasas, como los abogados.

Su presidente, Carlos Carnicer, ha afirmado que “a la Abogacía no le gusta el verbo revisar. Nosotros pedimos la derogación, no un acuerdo o un paso atrás sobre las tasas. Pedimos su derogación por considerarla inconstitucional, injusta y desproporcionada”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Cartagena y creador de la Brigada Tuitera contra las tasas, José Muelas, asegura que “una reforma debe pasar por una derogación o una revisión a la catalana, que se elimine para las personas físicas y las pymes. De todas formas parece imposible un acuerdo antes de final de mes”.

Un ‘lobby’ de 10.000 abogados internautas

La Brigada Tuitera, que usa el símbolo #T en los perfiles de sus simpatizantes en las redes, es un movimiento reivindicativo, al margen de ideologías, que quiere advertir a la ciudadanía “del desmantelamiento de la justicia”.

Nació en Twitter y este grupo de presión que aglutina ya a más de 10.000 abogados y juristas de toda España se ha extendido a otras redes sociales como Facebook e Instagram y una página web. Se creó en noviembre de 2013, en el primer aniversario de la publicación en el BOE de la ley de tasas judiciales.

Este lobby asegura que “la Ley de Tasas es manifiestamente injusta. Además, a pesar de que se dice que lo recaudado se destinará a Justicia Gratuita, no se sabe a qué se ha destinado el dinero”.

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