Es necesario acelerar las definiciones orgánicas

“Corresponde al Ejecutivo mantener con decisión el rumbo emprendido y al que se ha comprometido solemnemente con el país, con un norte claro, conciliando, buscando acuerdos, pero avanzando al fin; tal es su insustituible tarea como gestor del bien público”.

Conforme avanza la tramitación del Proyecto de Código Procesal Civil en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se hace cada vez más imperioso avanzar en las definiciones orgánicas que constituirán el sustento de dicho Proyecto, con implicancia directa en el éxito de esa iniciativa. El Ejecutivo ha conformado para estos efectos hace algunos meses una Comisión Orgánica, integrada por autoridades del Ministerio de Justicia, tres Ministros de la Corte Suprema, dos jueces con experiencia en temas de administración y gestión judicial, y con la participación adicional de los tres académicos integrantes de la Comisión Intraministerial que elaboró el texto definitivo del Proyecto.

Esta Comisión Orgánica ha sesionado periódicamente y, en una primera etapa, ha procedido a recabar información estadística y de gestión, ha recibido la ideas, sugerencias y experiencia de miembros de la Asociación de Magistrados, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la Corporación de Asistencia Judicial, de Colegios de Abogados, entre otros.

Lo ocurrido con las reformas al sistema procesal penal, de familia y laboral, cada una en su particularidad, ha suministrado la experiencia que es imposible desatender en el futuro diseño de los Tribunales Civiles. Dicha etapa ha llegado a su fin, y se inicia ahora otra crucial que es la de ir tomando posiciones, optando por modelos de tribunales civiles, de organización, de competencias, etc.

La etapa inmediatamente siguiente será diseñar y preparar, en conjunto con los todos los actores involucrados, los concretos instrumentos normativos orgánicos que reflejen los acuerdos alcanzados, proyectos que luego deberán ser debidamente socializados, previo a su ingreso a trámite legislativo.

Se ha criticado que el Ejecutivo no haya elaborado en forma simultánea con el Proyecto de Código Procesal Civil los proyectos orgánicos asociados. Esa crítica, con cierta base, debe temperarse si se tiene en consideración que muchas de las definiciones del Proyecto constituyen opciones político-procesales que plantean la introducción de instituciones novedosas en nuestro derecho procesal, como son en el ámbito de la ejecución, por ejemplo, la figura de los oficiales de ejecución y el diseño de procedimientos ejecutivos distintos a los conocidos y, en el ámbito competencial de la Corte Suprema, el cambio en el eje de sus funciones por uno actualmente centrado en la resolución del caso específico por otro centrado en la generación de doctrinas jurisprudenciales uniformes, es decir, con mirada prospectiva.

Parecía indispensable socializar estos cambios tan importantes, antes de acometer con sus sustentos orgánicos, tarea en la que se ha avanzado sistemáticamente por medio de cursos, seminarios y actividades realizadas a lo largo del país. Pasado el tiempo, si bien siguen existiendo voces disonantes en torno a dichos extremos, poco a poco va siendo entendida la razón de ser y el objetivo de lo propuesto, lo que permite a su turno, avanzar ahora con paso más seguro hacia esos derroteros.

Por consiguiente, parece llegado el momento de acelerar el trabajo orgánico, de manera que vaya tomando cuerpo la gran reforma a nuestra justicia civil. En esta materia habrá avances y retrocesos, pero corresponderá al Ejecutivo mantener con decisión el rumbo emprendido y al que se ha comprometido solemnemente con el país, con un norte claro, conciliando, buscando acuerdos, pero avanzando al fin; tal es su insustituible tarea como gestor del bien público.

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