“Entrevista publicada en El Mercurio, el domingo 11 de marzo de 2012, C 10”.
Fotografía: Laura Bennett
Estimación del ministro de Justicia, Teodoro Ribera:
Nuevo Código Procesal Civil buscará reducir de 821 a 170 los días que dura un juicio.
Presidente Sebastián Piñera firmará mañana el proyecto de ley que inicia la segunda gran reforma al sistemajudicial chileno. Gobierno espera aprobarlo antes del fin de la administración. Por Mario Gálvéz.
Mañana lunes, el Presidente Sebastián Piñera firmará el proyecto de ley que reforma el Código Procesal Civil, vigente desde el año 1903.
Se trata de la segunda reforma más importante de la justicia chilena, aunque el ministro del ramo, Teodoro Ribera, evita calificarla como la última. “Prefiero hablar de una nueva gran reforma a la justicia chilena”, afirma, dejando entrever que aún quedan pendientes otros cambios.
—¿Cuánto quiere avanzar el Gobierno en este nuevo código, considerando que tal vez no están los espacios legislativos para hacerlo en forma rápida?
“El lunes, el Presidente firma el proyecto y el martes estoy invitado a la sesión de la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados para conversar el proceso de tramitación. Es probable que la comisión esté dispuesta a destinar una o más sesiones completas para tal objeto. El interés nuestro es hacer los mayores esfuerzos para lograr la aprobación del código ahora”.
—¿Pero están confiados en dar igual rapidez al resto de las reformas orgánicas?
“La aprobación del código no significa su implementación inmediata, porque en paralelo tienen que ir normas adecuatorias y reformatorias. La parte orgánica se va a tramitar en forma paralela porque significa modificaciones que son trascendentales y que hay que conversar, además, con la Corte Suprema”.
—¿Entonces la puesta en marcha plena del nuevo Código Civil pasaría al próximo gobierno?
“Si logramos aprobarlo en el actual gobierno, en el mejor de los casos estaríamos implementando el código al final de esta administración o durante el próximo gobierno”.
—¿Cuál es el actual problema de la justicia civil?
“Hoy, la justicia civil ve el 60% de las causas que ingresan a tribunales; estamos hablando de un promedio de 1,2 millones al año. Sin embargo, más del 80% son procedimientos ejecutivos, que tienen por objeto dar cumplimiento a una orden de pago y no para discutir temas jurídicos de fondo. Estas causas aumentan año a año producto de las relaciones jurídicas en torno a las grandes tiendas. Queremos terminar con un subsidio encubierto para las empresas”.
—Y el ciudadano que necesita una solución en esos tribunales, ¿cuánto debe esperar hoy?
“Cuando una persona quiere cobrar una deuda a un tercero, o que lo indemnicen por un perjuicio, la primera instancia de un juicio ordinario tiene una duración de 821 días. Si uno le suma la segunda instancia, debe agregar otros 870 días más”.
—¿Y con el nuevo sistema?
“La primera instancia del nuevo juicio ordinario debería reducirse a 170 días, porque generamos mayor agilidad y participación de los jueces. El actual sistema desincentiva la solución de los conflictos por vía judicial. Mucha gente, teniendo derechos, no los invoca adecuadamente”.
—¿En qué va a consistir la figura del oficial de ejecución?
“Es una institución que existe en Francia y que tiene como objeto facilitar los procesos de ejecución, dejando trámites más bien administrativos en una persona que es nombrada y tiene resguardo judicial y jurisdiccional, por tanto estará sometida a normas de control externas. Él implementará los procesos de ejecución, salvo que haya un conflicto de derechos, donde el tribunal es el que resuelve”.
—¿Por qué se opta por esta figura?
“Una parte muy considerable de los juicios ejecutivos son mero trámite. No vemos por qué un juez, formado para resolver conflictos jurídicos, deba participar en trámites meramente administrativos que recargan innecesariamente al Poder Judicial”.
—¿Y cómo se va a asegurar la transparencia de las actuaciones de este oficial de ejecución?
“Si hay conflicto o la parte demandada cuestiona el justo título, el juez tiene que resolver”.
—¿Qué rol asumirá la Corte Suprema con esta modificación?
“Si uno obtiene hoy una sentencia de primera instancia y se apela, ésta queda suspendida hasta la sentencia definitiva. Lo que queremos es que la primera instancia sea la que realmente resuelva el conflicto y que esta sentencia se pueda ejecutar de inmediato. Lo que estamos haciendo es que las cortes de Apelaciones sean efectivamente tribunales de derecho para situaciones mucho más relevantes. Y la Corte Suprema efectivamente sea un tribunal de casación”.
—¿Qué va a suceder con personas que hoy son auxiliares en la administración de justicia?
“La justicia civil va a tener un mayor nivel de especialización. Esto no significa menos gente, pero vamos a vivir un proceso para involucrarlos en lo que realmente necesitamos de ellos, como es la resolución de conflictos”.
—¿Por qué se retiró el proyecto que presentó la administración de la Presidenta Bachelet?
“Porque la comunidad jurídica que participó en la redacción del código fue de la opinión que se había hecho un cierre apresurado. Quedó la sensación de que el Ministerio de Justicia (de la época) hizo un acto testimonial de presentación, pero que no había culminado adecuadamente el proceso de búsqueda de mayores reformas”.
—¿Teme que el momento político, con campaña presidencial lanzada, haga fracasar la reforma?
“No. He conversado con personas que tuvieron una destacada función en el Código Procesal Penal y creo que la gente está esperando esta reforma. De hecho, primero buscamos un mayor consenso para crear una comisión bicameral para trabajar el código. Pero a nivel de Senado me señalaron que ellos preferían hacer de cámara revisora. Vamos a ingresarlo a la Cámara de Diputados, esperamos la próxima semana”.
”Más del 80% (de las causas que ve hoy la justicia civil) son procedimientos ejecutivos, que tienen por objeto dar cumplimiento a una orden de pago. Queremos terminar con un subsidio encubierto para las empresas”.
”El actual sistema desincentiva la solución de los conflictos por vía judicial. Mucha gente, teniendo derechos, no los invoca adecuadamente”.
”He conversado con personas que tuvieron una destacada función en el Código Procesal Penal y creo que la gente está esperando esta reforma”.