El rol inquisitivo del juez en el proyecto de Código Procesal Civil


Nicolás Luco Illanes“Será el mismo juez que emprende la búsqueda de las pruebas que faltaron quien evaluará la eficacia de ellas, controlando el resultado. Sicológicamente estará inclinado a justificar su actividad oficiosa, declarando el éxito de su búsqueda y teniendo por probado el hecho. Y en un sistema de sana crítica, el juez controla el resultado con bastante libertad”.

Nicolás Luco Illanes
Director del Depto. de Derecho Procesal UC

Una de las cuestiones que han generado un natural debate en torno al proyecto de Código Procesal Civil que se discute en el Congreso Nacional es el relativo a la conveniencia de entregarle al juez iniciativa probatoria. Dicha discusión no debería sorprender porque se ha suscitado de manera muy intensa en cada uno de los países que ha emprendido reformas procesales civiles.

El proyecto que se discute en el Congreso Nacional ha optado por conferir al tribunal la facultad de disponer pruebas de oficio con total amplitud.

Coincido con muchos que han planteado la inconveniencia de esta facultad.

En materia civil, si quien formula una pretensión no produce las pruebas que logren la convicción del tribunal acerca de la existencia del hecho en que descansa su pretensión, el tribunal debe rechazar dicha pretensión. Con la norma introducida por el proyecto, esa no debería ser la conclusión del asunto, ya que el juez podría o debería salir a la búsqueda de nuevas pruebas que le permitan alcanzar convicción sobre la efectividad del hecho.

Se dice que ello es necesario para hacer prevalecer la justicia y adquirir el conocimiento de la verdad material. El proyecto utiliza un lenguaje consistente al ordenar este rol inquisitivo al ” esclarecimiento de la verdad de los hechos”. Sin embargo, desde hace bastante tiempo se ha convenido con humildad que el propósito de la prueba es permitir al juez el establecimiento de una verdad procesal que puede ser distinta de la material.
El juez debe someter su actuar a un procedimiento racional y justo. Es el legislador, al establecer dicho procedimiento, quien tiene la carga de crear las herramientas eficaces para que la verdad procesal se acerque lo más posible a la verdad material, pero no a cualquier costo (violando el debido proceso, por ejemplo). El derecho desconfía de quienes invocan la búsqueda de conceptos absolutos como la verdad y la justicia para pasar por alto principios sobre los cuales un ordenamiento descansa, porque ello puede llevar a cometer las más terribles injusticias. Ejemplos sobran.

En consecuencia, en materia civil, la labor del juez es el establecimiento de la verdad procesal mediante laconvicción adquirida por los medios de prueba que le presentan las partes en apoyo de sus alegaciones. Quienes sostenemos que no se debe conceder iniciativa probatoria al juez no lo hacemos porque no tengamos interés en que se alcance la verdad, sino precisamente por lo contrario, porque concediéndosela exclusivamente a las partes, se asegura una búsqueda mucho más eficaz de la verdad y una mayor calidad de la sentencia, por las razones siguientes.

En primer lugar, en cualquier conflicto civil las partes estarán sin duda en situación privilegiada frente al juez en la búsqueda de las pruebas. La cercanía de las partes con los lugares, actividades y personas relacionados con el conflicto las hace mucho más efectivas en la recolección de las pruebas. Por otro lado, tienen incentivos mucho más poderosos que el juez para hacerlo ya que asumirán personalmente las consecuencias de no haber podido probar el hecho en que descansaba su pretensión.

Se dice que lo anterior no debería obstar a que excepcionalmente el juez pueda dar un paso al frente y suplir la incapacidad de una parte por probar el hecho que ésta alegó y no probó. Sin embargo, la honestidad más básica obliga a reconocer que ese “paso al frente” afectará necesariamente la imparcialidad del tribunal. Esa actividad está necesariamente dirigida a ir en auxilio de una parte que no fue capaz de probar lo que afirmó y que, aplicando las normas generales, debió haber visto rechazada su pretensión. En todo juicio civil en que existan hechos controvertidos habrá alguna parte que no logró probar el hecho por ella afirmado. Pero el juez decide, en este caso particular, auxiliarla. Más tarde, será el mismo juez que emprende esta búsqueda de las pruebas que faltaron quien evaluará la eficacia de esas pruebas, controlando el resultado. Sicológicamente estará inclinado a justificar su actividad oficiosa, declarando el éxito de su búsqueda y teniendo por probado el hecho. Y en un sistema de sana crítica, el juez controla el resultado con bastante libertad.

Si lo que se desea es proteger a la parte más débil, el esfuerzo del legislador debe concentrarse en conceder a las partes las más diversas y eficaces herramientas probatorias para el establecimiento de los hechos; pero no trasladar la carga de la prueba al órgano estatal.

Lo más sorprendente es la inconsistencia de la posición que se ha adoptado en el proyecto con el Código Procesal Penal. En éste, con el preciso fin de proteger la imparcialidad del juzgador, se le privó de toda actividad oficiosa en la producción de las pruebas. Resulta sinceramente injustificado que la solución sea la inversa para un ámbito civil en que el interés público en el resultado del proceso es de mucha menor intensidad que en el penal. Algunos justifican ello en que el interés público en el proceso penal está encarnado en la participación como parte del Ministerio Público. El argumento no es racional. El rol del Ministerio Público en el juicio oral es probar la acusación, no el establecimiento de la “verdad material”. No es un rol imparcial sino parcial. Es evidente que en el proceso penal rige completamente el sistema adversarial y no tiene justificación que se propongan ámbitos inquisitivos en el proceso civil.

Lo peor es que en las circunstancias chilenas, la iniciativa probatoria del juez importa necesariamente una actividad que, ejercida arbitrariamente, afectará la igual protección en el ejercicio de los derechos. Como en todos los casos civiles habrá una parte que no logró probar sus afirmaciones de hecho, el juez —con recursos y tiempos limitados— deberá elegir arbitrariamente a quién conceder el beneficio de su auxilio oficioso. Lo hará naturalmente según sus personales inclinaciones de cuál es la solución justa en cada caso; pero con el inevitable riesgo de aplicar criterios subjetivos y una evidente discrecionalidad. La justicia no será servida.

Leave a Comment


*