Delitos de alta complejidad: necesidad de soluciones integradas


Félix Arto CastilloFélix Arto Castillo

Profesor de Derecho Procesal Penal UC

Luego de una larga espera, se anunció recientemente el envío al Parlamento para su tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Este anticipado proyecto viene a significar un importante avance en cuanto a dotar a la Fiscalía de mayores recursos, tanto humanos como técnicos, a fin de colocarlo a la altura de lo que la sociedad espera, y el poder político clama, en materia de persecución del delito. Lo anterior es sin dudad el paso necesario que se debe dar para hacer eco de la política criminal estatal, toda vez que ya se ha echado mano profusamente del recurso legal (nuevos delitos, mayores penas, menos garantías) y del “brazo armado” (aumentos exponenciales en la dotación policial), quedando muy al debe el refuerzo del órgano encargado de dirigir la investigación y ejercer la acción penal pública. Pero para nosotros, la verdadera novedad surge en la segunda parte del proyecto que titula esta columna.

La investigación de delitos de alta complejidad es sin duda un pilar central dentro de una persecución penal eficaz e inteligente, lo que supone identificar el fenómeno delictual al que llamamos de “alta complejidad”, reconocer sus principales características y, en definitiva, seleccionar los medios para atacar el fenómeno, siendo en este último punto donde el Ministerio Público tiende a zozobrar. Sin embargo, no podemos ser injustos con la Fiscalía, ya que, parafraseando a su Fiscal Nacional “están al máximo de la curva de rendimiento”, de ahí que experiencias como la de Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para la persecución de delitos complejos, sean dignas de aplauso, sobre todo tomando en cuenta los evidentes logros en la materia en casos emblemáticos como el de “La Polar”.

No es lo mismo investigar un delito de lesiones leves en contexto de Violencia Intrafamiliar, un hurto en un supermercado o un manejo en estado de ebriedad que una infracción a la Ley de Mercado de Valores, un atentado explosivo, una intricada red de corrupción o una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de dinero.

El proyecto plantea la creación de una Fiscalía especializada “supraterritorial”, con competencia por delito y no por territorio, dedicada a la investigación y persecución de delitos complejos, altamente técnica y apoyada logísticamente con más y mejores recursos, lo que debería redundar en una mayor efectividad.

Pero ¿qué pasa con el resto del sistema? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿La Defensoría Penal Pública? La respuesta es preocupante: no hay ningún proyecto de ley o, al menos, posición político criminal al respecto.

El perfeccionamiento del sistema de persecución incide sensiblemente en el resto de los órganos que intervienen en el proceso, tanto a nivel cuantitativo, donde podemos observar la falta de medios y de herramientas legales para absorber y ponderar la gran cantidad de antecedentes investigativos que este tipo de delitos usualmente acarrea, como cualitativo, planteado en la especialización de los otros sujetos procesales como necesario correlato.

La experiencia reciente en este tipo de delitos deja lugar a dudas en cuanto a las reales posibilidades del acceso a un debido proceso tomando en cuenta el volumen de dichas investigaciones. Casos como el de la multitienda ya citada son paradigmáticos: audiencias de formalización de más de 12 horas de duración, presencia de más de 50 abogados, tomos y tomos de antecedentes investigativos, sumado a la posibilidad de recibir declaraciones de los imputados en ese mismo acto, parece un duro desafío al juzgador a fin de decidir, en un breve plazo, sobre la libertad o prisión de un sujeto.

Por mucho que confiemos en la capacidad de nuestros jueces, hay límites “humanos” difíciles de sortear y es ahí donde, paradójicamente, la inmediación y la concentración como manifestaciones más o menos consensuadas del debido proceso atentan contra este. La solución no parece ser un regreso a un juicio por actas.

Yendo más lejos, es para la defensa donde los obstáculos son mayores. Para un relativo éxito en este tipo de investigaciones, la sorpresa y el secreto son factores claves, por lo que difícilmente se concebirá a defensas interiorizadas de los antecedentes y, por el contrario, conocerán de estos únicamente en la audiencia de control de detención, con sus clientes sometidos a dicha cautelar e inmersos en la premura que supone controvertir la pretensión Fiscal, preparada y apoyada con una investigación acuciosa.

Diferente es defender un caso donde los principales y casi únicos antecedentes investigativos son un parte policial donde consta la declaración de la víctima y del personal aprehensor. El desafío pasa por que en estos casos el imputado no cuente con un simulacro de derecho de defensa sino que la garantía debe hacerse más que patente. Útil será el trabajo de la Defensoría Penal Pública a fin de proponer reformas orgánicas y legales para dotar de un contenido real a la intervención del defensor, al menos en las audiencias preliminares en este tipo de casos.

Otro punto, si bien más práctico es la infraestructura de los tribunales a este respecto: la monumentalidad del Centro de Justicia en la Región Metropolitana no se replica al resto del país. Los casos de alta complejidad, y de alto impacto mediático, que a la fecha se han suscitado en la capital han contado con el apoyo físico de salas de audiencias aptas, pero casos como por ejemplo, el de la red de corrupción en Arica, denotan lo precario que se vuelven las instalaciones en casos donde existe un gran número de imputados y/o intervinientes, lo que sin duda es un desafío para las jefaturas de las unidades de apoyo a la gestión de cada juzgado.

La experiencia comparada ha ido decantando en la creación de una judicatura especializada en materias de criminalidad compleja, o a lo menos, jueces con la respectiva capacitación para poder sintetizar la gran cantidad de información que suponen estos casos. En El Salvador existe el Tribunal Especial Antimafia, colegiado, dedicado especialmente a los casos de crimen organizado; en Costa Rica la experiencia es similar, y casos como el de Colombia y el italiano son paradigmáticos. En todos estos países se ha superado la discusión sobre la constitucionalidad de una judicatura especial y se ha optado por una decisión de eficacia.

Parece sin embargo que aún estamos muy lejos de ese escenario, sobre todo por la comparativamente baja tasa de criminalidad compleja en relación a la común, lo que no justificaría desde el punto de vista económico la implementación de las soluciones comparadas acá expuestas, pero sí los recientes casos nos dan luces sobre las necesidades de un sistema creado para cierto tipo de delitos y que reformas pequeñas pero significativas podrían evitar dejar a nuestro proceso penal a la zaga.

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