Decano de derecho de la U. de Talca y director Ichdp: el Estado debe encargarse de la “postergación en que ha tenido a la universidad pública”

Lea entrevista publicada por El Mercurio Legal.

A cargo de más de mil alumnos de pregrado repartidos entre Talca y Santiago, más los cursos de magíster y doctorado, el profesor Diego Palomo conversa sobre los desafíos que enfrentan estos planteles y repasa materias de su especialidad: el derecho procesal.

Sofía Martin Leyton

Diego Palomo Vélez es el nuevo decano de Derecho de la Universidad de Talca. Es un decano joven. Tiene sólo 38 años y egresó de la misma casa de estudios que ahora dirige. Y aunque nació en Curicó, desde que tenía un año vivió siempre en la ciudad donde cursó sus estudios superiores.

“Soy procesalista, pero me encantaba el derecho político y luego el derecho penal”, dice. Hizo su tesis doctoral con Andrés de la Oliva, en la Universidad Complutense de Madrid, donde partió su doctorado en 2003 y terminó defendiendo su tesis en junio de 2006, con una estancia de investigación en Génova, entremedio.

Orgulloso de su escuela, creada en 1992, cuenta que en pregrado reciben alumnos de un espectro que va desde la sexta a la octava región, mientras que en la sede de Santiago hay estudiantes de Rancagua, Curicó e incluso Chile Chico. En posgrado, en tanto, desde 2013 tienen un programa de magíster en derecho, que en su segunda versión recibió postulaciones de La Serena, Curicó, Linares, Chillán y Temuco, quienes viajan semanalmente a Talca para asistir a clases. Y en los magíster de Santiago, dice, tienen alumnos incluso de Concepción.

Ahora están creciendo al “tercer piso”, como llaman al doctorado en derecho. Lo pusieron en marcha en marzo de este año y está a cargo del profesor Humberto Nogueira, quien tiene a cinco estudiantes: un juez de garantía, un juez de letras, un abogado del Consejo de Defensa del Estado, un abogado vinculado al Sename y un abogado integrante de una Corte de Apelaciones.

El ingreso ordinario en Talca fue de 110 alumnos y en Santiago, de 50. “Queremos asegurar buenos puntajes de admisión y la infraestructura adecuada”, dice Palomo para justificar el número en la capital. “Queremos responder al mejor estándar posible. Se instaló apuntando a un estándar de selectividad, de calidad, generado desde una universidad pública”, añade.

¿Qué opina de la discusión sobre reforma educacional? Que mientras más temprano se despeje la incertidumbre de los proyectos centrales de reforma, mejores posibilidades tendrán las universidades públicas de planificar su hoja de ruta.

“Hay una necesidad de que el Estado se empiece a hacer cargo con mayor protagonismo de la situación de postergación en que ha tenido a la universidad pública. Y eso es más relevante hablando desde una universidad gestionada muy eficientemente”.

¿Está a favor de la gratuidad de la educación superior? “Con exigencias de calidad para que este mayor acceso que implicará no signifique una reforma a la baja. No puede ser sinónimo de deficiente desempeño de la universidad, de los alumnos, ni de los profesores”.

Reforma Procesal Civil

“Dieciocho meses no es poco; uno siente que no hay prioridad para sacar la reforma”,  responde al preguntársele por la suspensión de la tramitación del proyecto de nuevo Código Procesal Civil en el Senado. Pero matiza: “Los ciudadanos tienen que recuperar la confianza de que las leyes se hacen para ser cumplidas y no reformadas, y eso implica un desafío en la labor legislativa, lo que no ha estado siempre claro, porque nos hemos encontrado con modernas reformas procesales que a poco andar se ven sujetas a nuevas reformas”.

Por tanto, si este mayor plazo se traduce en un mejor producto legislativo, “bienvenido”, dice; “para mí es fundamental que no se transforme en una reformatio impeius (que empeora la situación vigente)”.

¿El oficial de ejecución? “Tuvo mala fortuna”, reflexiona, “porque a la hora de definir su estatuto no se sabía si sería un profesional liberal, si sería un funcionario auxiliar de la administración de justicia, y la Corte Suprema está por un sistema de ejecución en tribunales de cobranza”. No le agradaba demasiado el oficial de ejecución; “prefiero que esté a cargo de la jurisdicción”, por el riesgo que implica”.

Rol de la Corte Suprema

“Yo hablaría más bien de la importancia de una buena definición de un sistema recursivo”, aclara. “Porque el proyecto está consagrando un determinado valor a la celeridad y dando herramientas al representante del Estado, que es el juez”.

En ese escenario, prosigue, la necesidad de un buen sistema recursivo sería vital, dada la exposición a errores. “Es vital contemplar un recurso de apelación, como se hizo. Es una buena noticia. Más, cuando desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ripios que existen en materia recursiva: un estándar con un recurso ordinario y amplio, que permita revisar cuestiones de hecho y de derecho, justo lo contrario de lo que tenemos en nuestra jurisdicción penal y laboral”, opina.

El Campus Santa Elena

Esta entrevista es hecha en invierno, en el Campus Santa Elena, que funciona hace dos años en pleno barrio industrial de Santiago, a cuadras del metro Ñuble.

No sólo está Derecho allí. También están las carreras de Auditoría e ingeniería en control de gestión, Ingeniería comercial y Administración pública. En la sede de Quebec, en Providencia (metro Salvador) quedó posgrado y extensión.

En las instalaciones cuentan con una biblioteca trasladada hace poco, que se está trabajando en digitalizar. Para ello los alumnos reciclan botellas, papeles y otros elementos, y con el dinero que juntan compran libros digitales. Es una iniciativa de los propios estudiantes de todas las carreras, respaldada por la universidad, que se realiza en Talca y Santiago.

Los alumnos también cuentan con nutricionista, asistente social, dentista, médico y matrona, gratuitos para todos los alumnos sin distinción de si estudian con crédito, beca, o pagan.

En las fotografías se puede observar una sala de litigación para hacer prácticas “para que se vayan ambientando”, muy similar a un tribunal de garantía; salas de estudio, dos salas de computación con cerca de 25 computadores cada una; y una sala con capacidad para 120 personas, con sistemas de audio y videoconferencia, que en los días en que no hay clases es usada para “conversatorios culturales” y ciclos de cine.