Corte Suprema emite informe con reparos al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal

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Lea el artículo de El Mercurio Legal.
 
El pleno del máximo tribunal remitió su informe del proyecto de ley que modifica algunas normas del artículo 385 del Código Procesal Penal para establecer la posibilidad de dictar sentencias de reemplazo en caso que las penas dictadas por los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal sean más bajas que la contemplada en la ley.
 
En el informe los ministros de la Corte Suprema observan que “si bien el proyecto de modificación parece dotado de cierta justificación práctica y pretende igualar situaciones similares entre distintos intervinientes, provocará la dictación de una sentencia más desfavorable al imputado, privándole de discutir dicha cuestión en un nuevo juicio” y que “desde el punto de vista práctico, esta modificación redundaría en un incremento de recursos de nulidad de parte de fiscales y querellantes para obtener penas más graves que las impuestas en el juicio por los jueces que conocieron del asunto.
 
Los ministros Sergio Muñoz y Haroldo Brito, en tanto, estuvieron por informar desfavorablemente el proyecto, argumentando que “la determinación de la extensión de la pena no es una cuestión simplemente matemática, constituye una materia fundamental del proceso penal que sucede luego de establecidos los hechos —que es una cuestión de prueba— y toda la actividad posterior orientada a la determinación legal de los hechos por medio de una labor interpretativa, para llegar a la calificación jurídica de los presupuestos fácticos, determinando sus efectos”. De esta manera, consideran que “aumentar la pena, sin limitación en su extensión y los eventos que la motivan, debiendo guardar congruencia con la acusación, afecta la filosofía original del Código”.
 
“No se expresa en la iniciativa ningún estudio que sustente la reforma, como tampoco teniendo presente las nuevas disposiciones que se pretende reformar en proyectos en curso, ni la manera en que se afectará la política de persecución criminal y menos la carga de trabajo que implicará para los tribunales superiores que conocen de los recursos de nulidad”, concluyen.
 
A su vez, los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Rosa María Maggi, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Eduardo Fuentes y Ricardo Blanco estuvieron por informar favorablemente el proyecto de ley remitido por el Senado, “teniendo en consideración para ello que la modificación legal que se pretende tiene por especial finalidad propender a la igualdad o equilibrio entre los intervinientes del proceso, específicamente entre el imputado y la víctima, sin que del texto proyectado se desprenda el riesgo de desvirtuar los fundamentos del actual sistema procesal penal, toda vez que, tanto la valoración de la prueba, como la calificación de los hechos, no son cuestiones a ser revisadas en la sede procesal que se persigue ampliar”, concluyen en el documento.

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