Comisión de la Cámara de Diputados conoce propuesta alternativa al Código Procesal Civil

Comisión de la Cámara de Diputados conoce propuesta alternativa al Código Procesal CivilLea artículo publicado por El Mercurio Legal.

En sesión del martes pasado, Pablo Rodríguez presentó la modificación al actual Código de Procedimiento Civil que preparó la Universidad del Desarrollo, contestó preguntas de los parlamentarios y se discutieron consensos y discrepancias de ambos proyectos.

Sofía Martin Leyton

“No estamos compitiendo con nadie”, dijo Pablo Rodríguez, decano de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), invitado por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados a exponer sobre el proyecto alternativo al proyecto de Código Procesal Civil que hace algunas semanas presentó al Ministerio de Justicia.

Así, el martes 10 de julio y en poco más de una hora, el destacado profesor de derecho civil, además de exponer lo que consideraba más relevante de la propuesta que presentaba, respondió preguntas de diputados y asesores.

¿Había consenso? Como se encargó de dejar constancia el diputado Jorge Burgos, sí, lo había y en varias materias, como extraer de la justicia las labores administrativas y los juicios ejecutivos, pero sobre todo en la necesidad de modificar el sistema procesal civil.

El cómo y el cuánto

Mientras el proyecto que se discute en el Congreso fue formulado pensando en una reforma integral al sistema, que remueve vicios, crea instituciones y busca acercarse a las doctrinas imperantes en códigos más jóvenes, la sugerencia alternativa impulsada por la UDD toma algunas de las novedades y principios del proyecto, pero en calidad sólo de modificaciones al actual Código de Procedimiento Civil (CPC).

Para Rodríguez no se justifica tirar por la borda un sistema que considera funciona bien: “Podemos actualizarlo sin sacrificar grandes principios”, dijo. Y añadió que no era partidario de “cambios abruptos”, sobre todo cuando por la vía de un derecho “adjetivo” se quiere modificar derecho “sustantivo” (refiriéndose a la tradicional clasificación que le otorga distinto peso al derecho procesal que al derecho civil).

“El sistema procesal civil no ha colapsado; está recalentado, que es distinto”, opinó; “si se le sacan los juicios ejecutivos mejora de inmediato”.

En cuanto a la escrituración, Pablo Rodríguez dijo que ambos proyectos mantienen que los trámites en la etapa de discusión sean escritos “porque constituyen la médula del conflicto”. Y también coincidió en que el juez debe intervenir directamente en la prueba testimonial, en la pericial y en la conciliación.

No obstante, mostró sus diferencias. Por ejemplo, que la prueba testimonial debería presentarse primero por escrito, certificada ante notario, y el testigo sólo tendría que ratificar, precisar o modificar aspectos de su declaración en una audiencia ante el juez, con el fin de ahorrar tiempo; que habría un número reducido de testigos, cuatro en juicio ordinario y dos en incidentes; y que las tachas deberían hacerse posteriormente a la declaración.

Sana crítica y ejecución provisional

“En 50 años de ejercicio profesional siempre he visto que los jueces fallan estrictamente apegados a los antecedentes del proceso; la lógica, las verdades científicas y las máximas de la experiencia son cuestiones teóricas y no prácticas”, dijo Rodríguez con cierto tono irónico.

Respecto de la ejecución provisional de las sentencias, dijo estar “absolutamente en desacuerdo”, salvo excepciones por la naturaleza de situaciones muy calificadas y rindiendo las cauciones necesarias.

Otros de los cambios en que hizo hincapié fue en el juicio sumario —”realmente breve”— y en la flexibilidad del término de emplazamiento.

Los pasos a seguir

Al finalizar las preguntas de los asistentes, Juan Ignacio Piña agradeció el trabajo de haber efectuado una crítica mediante un proyecto alternativo y recordó que en su momento, el Código Penal alemán tuvo que enfrentar y hacerse cargo de una propuesta alternativa.

Para él, el diagnóstico de cómo está operando la justicia civil de Rodríguez es errado, pues habría un problema de carácter cualitativo y no cuantitativo: no se solucionaría únicamente eliminando las cobranzas y la gestión administrativa.

“Esta misma discusión se reprodujo en iguales términos en la reforma procesal penal, donde algunos pedían duplicar jueces y actuarios. Y la República de Chile tomó una decisión”, adujo.

En el ministerio ya están haciendo un levantamiento de la propuesta de la UDD, con el correspondiente paralelo de disposiciones, para contar con un análisis profundo de los acuerdos y disensos.

En cuanto a grado de avance de la aprobación de artículos, en la comisión se encuentran debatiendo el sistema recursivo, en el recurso de apelación. La prueba, uno de los temas que más discusión académica ha suscitado por eventuales cambios a las reglas de la carga probatoria, aún no se discute.

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