Lea artículo publicado por El Mercurio Legal.
La Comisión de Constitución de la Cámara Alta mantendrá la medida mientras el Ministerio de Justicia no entregue los estudios sobre los cambios orgánicos que la reforma impondrá a la estructura y funciones del Poder Judicial, lo que podría tomar hasta 18 meses.
Sofía Martin Leyton
Hoy, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado ofició al ministro de Justicia, anunciando su decisión de suspender la tramitación del proyecto de nuevo Código Procesal Civil mientras no se cuente con los estudios que está preparando o ha encargado el Ministerio de Justicia sobre el impacto que tendrá en el Código Orgánico de Tribunales.
“Queremos que la nueva justicia civil tenga pleno éxito y para ello es fundamental saber cuáles serán sus impactos en los tribunales de Justicia, en recursos humanos, infraestructura y tecnología”, indicó el senador y presidente de la Comisión, Felipe Harboe, según un comunicado de prensa de esta tarde.
Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Antonio Gómez, recordó que él ya había hecho presente que dichos estudios requerirían de entre un año y 18 meses, y que se está trabajando en ello.
Además, respecto de la decisión de los senadores, dijo: “A mí me parece bien; están en su derecho y es razonable para tener esa normativa clara”. Y aclaró que la medida no va en contra del trabajo, sino al revés: “Nos permite avanzar para que la reforma se instale con todos estos antecedentes resueltos”. Con ello se refirió no sólo a temas orgánicos como cargas de trabajo y otros, sino también a “una diferenciación clara entre los tribunales civiles con los que van a ser de cobranza”.
Raúl Tavolari, uno de los redactores del proyecto y miembro de la comisión asesora del ministerio, espera que la suspensión no tenga una duración extensa, pues habría materias que no requerirían de los estudios exigidos por los senadores, como los principios del código o reglas de la normativa actualmente vigente que se replicarán con ligeros cambios en la que ahora se discute.
Asimismo, hizo presente que había algunos trabajos ya efectuados, pero que tenían que ver con el oficial de ejecución, figura que habría sido desechada y reemplazada por eventuales tribunales de cobranza, los que requerirían de nuevos cálculos.