Comisión de Constitución de la Cámara terminó de revisar el proyecto de nuevo Código Procesal Civil

Comisión de Constitución de la Cámara terminó de revisar el proyecto de nuevo Código Procesal CivilLea artículo publicado por El Mercurio Legal.

Crédito foto: www.camara.cl

El texto podría ser informado en sala este miércoles para ser sometido a votación la segunda semana de enero de 2014, tras lo cual debería pasar al Senado. Actores apuestan por la continuidad del trabajo en el próximo gobierno, cualquiera que éste sea.

Sofía Martin Leyton

En 588 artículos más uno transitorio quedó el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, cuya discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados terminó el martes 27 de noviembre, con los últimos tres artículos que faltaban por aprobar.

El nuevo código instaura la preeminencia de la oralidad en los juicios civiles, modifica los procedimientos, otorga mayores facultades a los jueces, y les resta de su competencia el conocimiento de los juicios ejecutivos, tramitación que asume un tercero.

Los temas más polémicos

Dentro de las discusiones más arduas estuvo la sustitución del recurso de casación por un recurso extraordinario, con miras a que se consagre la elección de casos a conocer por la Corte Suprema y la unificación de la jurisprudencia en materia civil, sin perjuicio de su carácter de procedimiento supletorio.

También causó mucho revuelo la institución de la facilidad probatoria, también llamada carga dinámica de la prueba, respecto de la cual más de 80 profesores de derecho civil expresaron su desacuerdo. La norma propuesta tenía por objeto que el juez pudiera exigirle a la parte que tenía en su poder ciertos antecedentes, que los entregara, aun cuando sirvieran de prueba a la contraparte. La idea detrás era la búsqueda de la verdad para obtener un fallo lo más justo posible, pero los civilistas advertían que por esta vía se estaban modificando normas de derecho sustantivo. Finalmente se acordó un mecanismo alternativo mediante normas que resguardan los principios de colaboración y buena fe en el proceso.

La ejecución, que con los juicios de cobranzas abarca cerca del 95% de la carga de trabajo de los juzgados civiles, está previsto entregársela a un “oficial de ejecución”, cuyo estatuto no se ha definido y que también ha causado controversia en la comunidad académica.

Si bien a fines de agosto el entonces subsecretario Juan Ignacio Piña planteó que el Ejecutivo había optado por que este agente tuviera un estatuto de auxiliar de la administración de justicia, bajo la potestad administrativa y disciplinaria del Poder Judicial —diferente al modelo liberal que impera en algunos países europeos de donde se tomó la figura—, no hubo votación al respecto y aún no existe un proyecto de ley.

Informe y votación en sala

Aunque no existe confirmación oficial, fuentes del Ministerio de Justicia señalan que es muy probable que este miércoles 18 de diciembre la Comisión informe a la Cámara de Diputados, en sala, los resultados de su trabajo, que se extendió por más de un año y medio. El parlamentario designado para informar fue el diputado Jorge Burgos.

Se prevé que el informe conste de entre 500 y 800 páginas, de las cuales Burgos deberá extractar los principios y la estructura del Código, pues el detalle no se vuelve a discutir, a menos que se presentarna indicaciones específicas.

Tras el informe se abrirá el debate, el que podría continuar el día jueves. Según la agenda tentativa, en principio está pensado que la sala vote el miércoles 8 de enero.

¿Qué pasará con el proyecto si hay un cambio de gobierno? Algunos de los consultados manifestaron su inquietud, pero Cristián Maturana, miembro de la comisión redactora se muestra confiado y cree que el proyecto continuará su tramitación: “Cualquiera que sea el gobierno siguiente, esta etapa va a servir de base a la discusión del Senado. La Cámara trabajo mucho y sería una pérdida de tiempo tremenda para el país”, dice.

El presidente de la Comisión, el diputado Cristián Monckeberg, es de la misma opinión: “Los dos programas de gobierno, de Bachelet y Matthei, lo tienen contemplado; no hay riesgo. Sí es importante dejarlo aprobado por la Cámara”, sostiene.

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