CDE plantea reparos a la reforma procesal civil y advierte de su impacto en las arcas fiscales

“Para el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola, si el nuevo código se aprueba como está, junto con el presupuesto destinado a su implementación, habrá que pensar en una importante pérdida de dineros públicos, porque lo acotado de los plazos hará imposible una adecuada defensa estatal”.

 Andrea Chaparro

Recién iniciada su tramitación en el Congreso, la reforma procesal civil ya encuentra resistencia en algunos frentes. El 10 de julio último, 83 profesores de derecho privado hicieron públicas sus aprensiones en una carta abierta dirigida a las autoridades competentes y, en la víspera, el presidente del Consejo de Defensa (CDE), Sergio Urrejola, planteaba sus reparos y advertía a la comisión de Constitución de la Cámara sobre el negativo impacto que tendrá el proyecto en los fondos fiscales.

En entrevista con El Mercurio Legal, el abogado explicó cuáles son los aspectos más problemáticos —de aprobarse el nuevo código con su actual diseño— y cómo éstos afectarían la defensa de los intereses del Estado.

Según estimaciones del Consejo, cerca del 90% de las causas que ingresan a los tribunales civiles son cobranzas judiciales y del 10% restante, que corresponde a juicios civiles propiamente tales, en casi la mitad es parte el fisco. Hoy tiene cerca de 30 mil causas y cada año los ingresos aumentan un 20% respecto del año anterior, dice Urrejola.

Los fondos fiscales demandados representan el 4% del PIB o, dicho de otra manera: “El fisco de Chile está demandado en un 20% del presupuesto de un año”, agrega. “¿Por qué nos preocupa la reforma? —se pregunta. Porque si bien tiene cosas muy buenas para juicios entre privados, no ocurre lo mismo cuando se trata del fisco demandado”.

Cuando una persona demanda al Estado tiene, desde que ocurrieron los hechos, un plazo de cinco años para reunir los antecedentes y la prueba. Una vez presentada la demanda, el CDE tendría 30 días para acreditar y acompañar toda la documentación para sustentar la defensa fiscal. En ese tiempo, una respuesta adecuada es imposible, explica Urrejola.

Por eso, “planteamos (en la Cámara) que si esas eran las circunstancias en las que nos íbamos a encontrar con la reforma, había que pensar no sólo en el presupuesto que iba a significar ésta —en jueces, infraestructura, implementación—, sino también en una importante pérdida de recursos fiscales, que el Estado va a perder porque no será posible una buena defensa”.

La abogada jefe de la División de Defensa Estatal del CDE, María Teresa Muñoz, es tajante en este punto: “en 30 días no tenemos capacidad para conocer todos los antecedentes, los hechos, obtener toda la prueba y llegar a la audiencia, porque este es un procedimiento oral, en condiciones de contestar la demanda con todos los antecedentes probatorios”.

A lo que Urrejola agrega que “con el número de abogados que tenemos hoy, no tenemos posibilidad de llevar todos los juicios de manera oral en 30 días y, en ese escenario, “creemos que vamos a perder una parte importante de los juicios de mayor cuantía por no tener posibilidad alguna de rendir prueba a favor del fisco”. El año pasado, recuerda, “terminamos juicios —por sentencias, por avenimientos, por distintas circunstancias— por US$1.600 millones. Si el fisco pierde un 30% de ese monto, son US$500 millones”.

Prueba dinámica y empoderar al juez

También preocupa al presidente del CDE la denominada carga probatoria dinámica. La norma del Código Civil “por la que nos hemos regido siempre, establece que el que alega una obligación o una responsabilidad tiene que probarla”, con la reforma en cambio “el tribunal podrá distribuir la carga de la prueba a la disponibilidad y factibilidad probatoria que posea cada una de las partes y ¿qué va a hacer? Es muy probable que el juez considere siempre que el Estado es un litigante más poderoso y que lo obligue a probar todo”, explica.

Otro asunto que, en lo personal, no le gusta a Urrejola es que el juez conduzca la prueba, porque —dice— “si el juez tiene iniciativa probatoria vamos a andar muy cerca de la prevaricación, que es ayudar a una de las partes en un juicio”.

Muñoz, en tanto, llama la atención sobre la eliminación de la segunda instancia, pues los hechos quedarán fijados por el juez del tribunal civil y “la cantidad de fallos que revertimos en segunda instancia vía apelación no es menor”. Urrejola advierte además: “Vamos a dejar toda la justicia civil y los grandes conflictos civiles en manos del juez que tiene menos experiencia”.

Con todo, la jefa de Defensa Estatal explica que el Consejo entiende que se quiera descongestionar los tribunales civiles y evitar que se transformen en oficinas de cobranza de los bancos y casas comerciales, “no podemos estar más de acuerdo con eso”. “Nuestro problema —especifica— dice relación con la posibilidad efectiva de defensa” y, por eso, en su opinión “el legislador debiera darle al Estado un trato diferente, porque no hay que olvidar que el Estado paga con recursos de todos los chilenos”.

Leave a Comment


*