“El justiciable ya no es un súbdito del Estado sino un sujeto con derechos anteriores y superiores a él, compatibles con su dignidad humana”.
En la última década, Chile ha reformado gran parte de su sistema de justicia, introduciendo reformas tan profundas que han generado un cambio político y cultural insospechado. Puede afirmarse que en 10 años Chile ha hecho más en materias judiciales que durante todo el siglo XX.
El inicio de este virtuoso ciclo estuvo marcado por la reforma procesal penal, catalogada en nuestro país como la “Reforma del Siglo”, que ha sido apreciada como una experiencia regional muy exitosa de políticas públicas. La introducción de procesos orales por audiencia, con efectiva inmediación y concentración, la nueva organización de los tribunales, entre otras, han constituido la base de las reformas procesales posteriores; de allí su carácter fundacional.
En esa dirección nos encontramos ahora con el desafío de impulsar la última gran reforma pendiente, esto es, la Reforma Procesal Civil, de gravitante importancia por su carácter supletorio y subsidiario de todos los ordenamientos procesales de la República.
Resulta interesante constatar cómo estas reformas han cambiado y cambiarán el eje político de nuestros sistemas procesales, otrora sustentados en el paradigma liberal del siglo XIX. Hoy día el énfasis está puesto en el derecho de todo ciudadano, no sólo a exigir un acceso efectivo e igualitario a la justicia, sino que a reclamar el deber del Estado de brindar una efectiva protección de sus derechos e intereses, a través de procesos que garanticen estándares mínimos de calidad, eficacia, igualdad y probidad, en sintonía con parámetros internacionalmente reconocidos.
El Proyecto de Código Procesal Civil chileno, representa una obra de consolidación y continuidad de esos estándares mínimos, que con su aprobación generará una irreversible conquista que sitúa al justiciable no como un súbdito del Estado sino como un sujeto con derechos anteriores y superiores a él, compatibles con su dignidad humana.
Estos nuevos basamentos se correlacionan con la necesidad de un cambio radical en el ejercicio de nuestra actividad profesional, de la función jurisdiccional y de la forma de enseñaza del Derecho, imperando sumarnos activamente a esta nueva realidad, a riesgo de ser sobrepasados por ella.