La ejecución provisional de sentencias en el proyecto de CPC: algunas consideraciones a tener presente

Diego Palomo Vélez“… La propuesta peca quizás de un excesivo entusiasmo, desatendiendo unas consideraciones y unos resguardos que debieran provenir desde la razonabilidad y la mera observación de cómo ha venido funcionando en los países que ya lo han asumido…”.

Diego Palomo Vélez
Abogado, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Derecho Procesal y Director del Departamento de Derecho Penal, Procesal y Trabajo Universidad de Talca. Director de la Revista Ius et Praxis

Artículo de opinión publicado en El Mercurio Legal, el 11 de mayo de 2012.

Si bien es cierto que la ejecución provisional de resoluciones judiciales no es una completa novedad entre nosotros, sí lo es que se la esté postulando para la más importante resolución, la sentencia definitiva de primera instancia.

El proyecto de nuevo Código Procesal Civil recoge un modelo procesal que bien implementado y regulado en cuanto a las responsabilidades y garantías debiera contemplar como una de sus virtudes principales el reforzamiento de la seriedad objetiva del enjuiciamiento realizado en la primera instancia sobre la base de la introducción de la oralidad, la inmediación judicial efectiva, la concentración procesal, y de la nueva estructura formal que asume el procedimiento.

Lo que está detrás de la propuesta de incorporar la ejecución provisional de las sentencias (EPS) es tratar de sacar el máximo provecho a un juez efectivamente presente y partícipe ya desde una fase temprana, y con intervinientes que desde la contradicción, que debe asegurarse debidamente, contribuirán en lograr que la información que se incorpore al juicio sea lo más fiable posible para lograr una sentencia de mayor calidad.

Implementando un giro muy importante, el proyecto opta por conceder a la parte gananciosa el derecho a pedir de manera inmediata la ejecución provisional de la sentencia condenatoria dictada en la primera instancia, aunque no esté firme. Claramente se busca acortar el tiempo que tarda en llegar una respuesta jurisdiccional eficaz, además de evitar algunas malas prácticas reduciendo el número de recursos interpuestos con ánimo exclusivamente dilatorio, a la vez que apostando por el trabajo de estos tribunales que, en estas nuevas condiciones y estructura procesal, y con los debidos resguardos, debieran estar en condiciones de entregar un producto de mayor calidad.

La fórmula debiera estar en que se opere prudentemente en la configuración definitiva del instituto, logrando un punto de equilibrio entre la búsqueda del fortalecimiento de lo fallado en la primera instancia y la situación de eventual indefensión en que puede dejar al ejecutado provisional.

¿Lo logra la propuesta en su estado actual? La propuesta peca quizás de un excesivo entusiasmo, desatendiendo unas consideraciones y unos resguardos que debieran provenir desde la razonabilidad y la mera observación de cómo ha venido funcionando en los países que ya lo han asumido.

El primer aspecto está dado por el hecho que la EPS se establece sin necesidad de constituir fianza o caución inicial, sin adelantar cantidad alguna (art. 235), con todo el riesgo que eso pueda significar para el evento de una revocación o anulación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Lo segundo que llama la atención es que no se reconozcan al juez potestades que frente a estas solicitudes le permitan ponderar las circunstancias del caso, como sí acontece en otras regulaciones. En otras palabras: una vez solicitada la EPS el juez estará obligado a concederla, a menos que se esté frente a alguna de las sentencias que se señalan como no ejecutables provisionalmente, donde obviamente se incluyen las sentencias constitutivas y las declarativas (art. 236).

Discutible resulta que se incluyan las sentencias o laudos arbitrales; una fórmula intermedia podría haber sido permitir la EPS, autorizando la suspensión de la ejecución a petición del ejecutado, siempre que se ofrezca caución por el valor de la condena, más los perjuicios que pudieran derivarse de la demora.

El tercer aspecto es que se plantea una EPS con una posibilidad de oposición muy limitada (art. 238). Primero, la EPS se debe despachar sin oír previamente al ejecutado. Es el ejecutado provisional quien tiene la carga de oponerse a la EPS solicitada, una vez dispuesta. Y en cuanto a la posibilidad de oposición las razones que la autorizan son muy restringidas, especialmente tratándose de la EPS de condena a pagar una suma de dinero, las más comunes.

Finalmente, la propuesta se hace cargo de definir lo que sucede en caso que la sentencia ejecutada provisionalmente resulte revocada o anulada (art. 241). El principio es que debe retrotraerse el proceso al estado anterior a la ejecución provisional. En tal caso, dispone el Proyecto que quien haya solicitado la EPS deberá devolver lo percibido y compensar los perjuicios causados de acuerdo a ciertas reglas que se consagran.

Algunas dudas. La primera parte de una constatación, cual es la fuerte carga de trabajo que incluso en la actualidad tienen los jueces del orden jurisdiccional civil, que los obliga a delegar buena parte de las tareas que el legislador les impone.

Si no se entiende la necesidad de que para la adecuada puesta en marcha del nuevo modelo procesal civil, se requiere una reforma orgánica que parta por el correspondiente aumento del número de jueces, o quedará irrealizada la aspiración de una respuesta más rápida para los justiciables, o bien —otra vez— se marcará una importante distancia entre lo prescrito por la ley como contenido de las audiencias y una deficitaria realidad práctica, con sacrificio a la calidad del producto de la jurisdicción, lo que derechamente pondría en entredicho las mejores posibilidades de un instituto como la EPS.

La segunda observación es que a la hora de evaluar la introducción de la EPS, se debe partir por poner mucho cuidado en evitar que la fórmula de la oralidad se traduzca otra vez en la asunción de un sistema en el cual el juez reforzado especialmente en sus potestades termine apropiándose del proceso, como ya acontece en algunos procedimientos reformados en nuestro país.

Ese es un escenario que no sólo muestra conductas claramente reñidas con la debida imparcialidad, con el derecho de defensa y el principio de contradicción, sino que compromete la fiabilidad de la información que se incorpora al proceso, en un contexto que privilegia desequilibradamente la celeridad de la respuesta por sobre su calidad. Si los jueces no tienen límites efectivos, queda abierta la puerta a la arbitrariedad que se instala con un juez contrapesos bien definidos, lo que no asegura la depuración adecuada de toda la información que servirá de sustento a la sentencia, nivelando a la baja su calidad.

Una última observación. Nuestros jueces deben disponer de algunos criterios que les permitan moderar prudentemente las consecuencias de un instituto como la EPS, como por ejemplo, la elevada cuantía de la condena, o la mayor complejidad del asunto, para que atendiendo a las circunstancias de cada caso el juez resolviera la solicitud con un mayor margen de maniobra que, en la redacción actual del proyecto, no se aprecia, lo que puede convertirse en un problema delicado para la aplicación judicial del instituto a poco andar.

En efecto, no incorporar este margen de maniobra frente a estos casos, sumado a la no exigencia de fianza o caución y las muy restrictivas posibilidades de la oposición puede aparejar como consecuencia que se termine transformando en definitiva una ejecución prevista y regulada como provisional, cobrando realidad y protagonismo los temores o preocupaciones que puede generar una institución que apunta en la dirección correcta, pero que requiere de ajustes y resguardos de base.

*Diego Palomo Vélez es doctor en Derecho U. Complutense de Madrid y profesor de Derecho Procesal Universidad de Talca.

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