Andrés de la Oliva: “La falta de interés del Tribunal Constitucional por las tasas judiciales le está haciendo perder prestigio”

Andrés de la OlivaArtículo publicado en Lawyerpress.

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Pocos profesionales de la Universidad actual son tan críticos con nuestra justicia como es Andrés de la Oliva, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y un estudioso de la legalidad desde todas sus vertientes. Recientemente ha leído su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Con sus manuales de Derecho Procesal se han formado miles de profesionales del Derecho. Ahora, su perfil de intelectual comprometido se ha abierto al gran público como detractor de la Ley de Tasas del 2012. Su blog Por Derecho se ha convertido en un punto de referencia del movimiento antitasas en este país gracias a la difusión de las redes sociales y su relación con la #BrigadaTuitera: “Las tasas no han desaparecido. Se han ingresado en la caja común. Y queda claro que la tasa no se vincula a la administración de Justicia. Vamos, que no tienen que gastarse los 512 millones en la justicia española y ni siquiera conforme al artículo 11 que habla de la Justicia Gratuita como destinatario del dinero”; aclara. Hemos aprovechado su gran conocimiento de la justicia, pues no en vano fue vocal del CGPJ en el periodo 1990-96 y durante bastantes años abogado ejerciente, para profundizar en la situación actual de nuestra justicia. Es claro y contundente en sus juicios y aporta muchos datos sobre un panorama complejo como es el de las reformas que el Ministro Catalá quiere impulsar.

En primera persona

“Solo puedo hablarle de las reformas que ha comentado ya el Ministro Catalá. Creo que es un Ministro de transición, de ruptura con su antecesor, Ruiz-Gallardón, de perfil muy especial que impulso ciertos proyectos de corte mesiánico-faraónico y algunos de corte político.

“Con el nuevo CGPJ se ha hecho una jibarización y existen vocales de primera y de segunda. Pero lo realmente disparatado es que estos vocales últimos, que no tienen dedicación”

Entre estas últimas reformas se puede hablar del cambio en el CGPJ, convertido ahora en un microorganismo. Creo que hubiera sido más acertado si hubiera tenido diez miembros y no los veintiuno de la actualidad, pero ése es el resultado de lo que refleja la Constitución.  Siempre fue un órgano colegiado, así lo viví en la época que fui vocal siendo presidente Pascual Sala. Los temas se solucionaba en Pleno y cada uno de nosotros tenía un voto.

Con el nuevo CGPJ se ha hecho una jibarización y existen vocales de primera y de segunda. Pero lo realmente disparatado es que estos vocales últimos, que no tienen dedicación exclusiva, sigan con sus quehaceres profesionales. No lo entiendo: pueden aparecer conflictos de intereses claros y los mecanismos de la abstención o recusación no son idóneos en estas situaciones.

Se habla de la reforma constitucional pero no se llega a ningún acuerdo entre las fuerzas políticas. Y estoy seguro de que ponerse hoy a hacer una nueva Constitución o a reformarla con amplitud conduciría a un texto mucho peor que el de 1978. Y eso que fui muy crítico con la actual Carta Magna pues muchas de las cosas que se reflejan no eran de mi agrado, lo que hizo que publicará artículos sobre este tema publicados con mi firma.

Hay que darse cuenta de que todos los sistemas pueden corromperse si  no están servidos por  las personas adecuadas  y honradas.  No hay ningún sistema que evite por sí solo la corrupción o la decadencia.”

Sr. de la Oliva, habla usted de corrupción y al hilo de la misma empiezan a conocerse movimientos interesantes en la sociedad civil.

A la hora de responderle tengo que diferenciar la corrupción que la Justicia “procesa” a diario con escasos medios y que dice mucho en su favor, de la corrupción en la justicia, donde creo que solo se puede hablar de casos aislados.

Nuestra justicia es honrada, por encima de todo. Si ponemos ejemplos de países con corrupción judicial, España no está entre ellos. Estoy convencido que los jueces españoles son independientes la gran mayoría. Tienen mecanismos para serlo si quieren.

Para amparar esa independencia judicial, ¿son necesarios los cambios procesales que se vislumbran en la LECrim

Habrá que ver qué cambios. La fijación legal de la duración de los procesos de instrucción creo que no va a servir para nada. Lo que se debe estudiar es porqué determinadas instrucciones se alargan demasiado en el tiempo. En muchas de ellas la investigación es muy prolongada porque se van añadiendo nuevas conductas como objetos del mismo proceso.   Eso se ha de hacer si los delitos son conexos, a tenor de los artículos 300 y 17 de la LECrim. Dediqué el segundo de mis libros a analizar el tema de la conexión en el proceso penal. Ahí ya sugería que lo dispuesto no era muy completo y que se tendría que contar con otros factores para ver si debía operar la conexión.

En nuestro país vemos macrosumarios con muchas piezas separadas y uno se pregunta si estas piezas no deberían ser procesos diferentes con jueces distintos: los que correspondiesen según las normas de competencia y reparto.

Además, es terrible que cuando se acaba la fase de instrucción y arranca la de juicio oral haya que buscar un pabellón ferial para organizar la vista, que durará meses al haber docenas o incluso cientos de imputados cada uno con su abogado y sus pruebas.

Se intentó también que en esta reforma de la LECrim la instrucción pasara al fiscal pero al final no se ha logrado.

Ese sería un cambio de sistema muy serio. Ahora se ha aparcado hasta la próxima legislatura al menos, pese a que en los últimos años se han barajado varios borradores. En la última Comisión ministerial se gestó un documento que no gustó a parte de nuestros fiscales y al propio Eduardo Torres-Dulce, por aquel entonces FGE. Curiosamente su punto de vista cambia de forma radical, porque antes de su nombramiento rechaza rotundamente ese cambio y cuando es nombrado FGE es partidario que los fiscales dirijan la instrucción.

Yo siempre me he opuesto a este cambio tan sustancial.  La investigación la hace en todas las partes la policía. Lo importante es ver quién la dirige. Desde mi punto de vista, es mejor que lo haga un servidor del Estado que goza de independencia, como el juez instructor.  No es sano que quien tiene encomendado acusar sea también el que dirige la investigación. Por lo demás, pienso que ese cambio, que llevan manejando tirios y troyanos, busca un control político de la justicia penal de cara a ver que se persigue realmente. Como Alonso Martínez en su magistral Exposición de Motivos de la LECrim, yo no quiero que el proceso penal esté en manos de los fiscales.

Creo, además, que es materialmente imposible hacer que funcione esta iniciativa a corto y medio plazo.  El Ministerio Fiscal no tiene “efectivos” suficientes para seguir con su trabajo habitual y ocuparse además de la dirección de la investigación en el proceso penal. No es fácil aumentar la plantilla de fiscales, porque hay que hacer procesos de selección rigurosos que duran mucho tiempo.

Otro cambio que se quiere plantear es la reducción de la acusación popular, casi a la mínima expresión.

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