Lea artículo publicado por El Mercurio Legal.
En un encuentro organizado por la ICC, abogados especializados provenientes de distintos países debatieron, entre otros temas, acerca de la elección de países latinoamericanos como sedes arbitrales por sobre Estados Unidos o Europa. Santiago se estaría haciendo cada vez más elegible.
Sofía Martin Leyton
La semana pasada se llevó a cabo en Santiago un congreso sobre controversias y arbitrajes organizada por la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que en su versión senior —también tuvo un encuentro de expertos jóvenes— y al igual que el año pasado, realizó un taller donde se usó la fórmula del juego de roles para mostrar a los asistentes las distintas argumentaciones que se podían dar dependiendo del caso.
Dos moderadores de pie —José Ricardo Feris, Secretario General Adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje ICC (París), y Fernando Mantilla-Serrano, de Shearman & Sterling LLP (París)— presentaban los casos donde debía fijarse la sede del arbitraje, otorgaban la palabra a los abogados que “representaban” a demandante y demandado, les hacían preguntas, hacían cambios de hipótesis, y finalmente interrogaban al público sobre qué decidirían ellos si fueran jueces.
Andrés Jana (Boffil Mir & Alvarez Jana), junto a João Bosco Lee (Lee Taubade Gabardo Advogados – Brasil) eran los abogados de una de las partes y defendían la postura de Latinoamérica como sede, mientras que Cristián Conejero (Philippi Yrarrázaval Pulido Brunner) y Luis Enrique Graham (Hogan Lovells – México D.F. y Nueva York), eran la contraparte y estaban por una sede de arbitraje en Estados Unidos o Europa.
Reflejando la realidad multiparte y multicontrato de los litigios actuales, unos de los casos ficticios trataba del conflicto entre una empresa privada argentina productora de gas y dos compañías brasileñas, una distribuidora y otra de transporte del combustible, ambas filiales de una matriz estadounidense. A la vez, la controversia recaía en dos contratos: uno de compraventa y otro de transporte de gas.
Los argumentos que se usaban en la discusión se basaban en la neutralidad que debía garantizar la sede elegida, el lugar donde se debía cumplir el contrato, el lugar donde se encontrarían las pruebas —lo que incidiría directamente en los costos, por ejemplo en el traslado de testigos—, el lugar donde estarían situados los bienes, y la real ejecutabilidad del laudo arbitral, dependiendo del prestigio del Poder Judicial respectivo como un ente que respeta los fallos o uno que favorece su anulación.
En este caso, las opciones eran Buenos Aires y después Montevideo, por una parte, mientras que la otra insistía en Los Ángeles (Estados Unidos). Transcurridos 10 minutos de debate, los moderadores hicieron un pequeño análisis, planteando cómo cambiaba la discusión si la empresa argentina, en vez de ser privada, era estatal, e hicieron votar al público, quien a mano alzada y por una gran mayoría eligió a Montevideo como sede.
Un debate similar se observó en otros tres casos de estudio, donde se planteó a Madrid, París y Miami versus ciudades latinoamericanas: el público siempre eligió a la región como sede.
Uno de los consejos fue proyectar escenarios para anticiparse a cuál será la parte que probablemente incumplirá y prever en un potencial litigio si la representada será demandada o demandante, pues ello también incide en qué sede será la más recomendable.
Sin embargo, los expositores sinceraron una realidad: la sede es negociable cuando ambas partes están en equilibrio de poder. Si tienen distinta fuerza, una le dirá a la otra “Ésta es mi propuesta, éste es mi contrato ¿te interesa? Si no, tengo a diez más formados esperando”.
La región como sede
Santiago se estaría posicionando cada vez más como una sede destacable de arbitrajes internacionales. Así opina Andrés Jana, quien explica que nuestra capital ofrece un “marco legislativo adecuado y una jurisprudencia continua y consistente de los tribunales ordinarios, que se han mostrado respetuosos con el arbitraje, tanto nacional como internacional”.
Por otra parte, los abogados chilenos estarían adquiriendo los conocimientos y habilidades que requiere el arbitraje internacional, lo cual también estaría ayudando al fenómeno. “Ahora debería esperarse una mayor consolidación de la jurisprudencia, para que así pudiera crearse un track récord robusto del país”, dice.