Se acerca la época del balance final del año legislativo pues corre ya el último cuatrimestre, que se  complejizará con los procesos electorales que se avecinan y que, como es natural, afectarán la dedicación de nuestros legisladores a la tramitación del Proyecto de Código Procesal Civil. Sin embargo el pre balance es hasta la fecha muy positivo, pues con base en un trabajo intenso y muy destacable de los miembros de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se han logrado aprobar aspectos del Proyecto que constituyen sin duda sus ejes fundamentales. Nos referimos a la aprobación de los nuevos procedimientos que incorporan preponderantemente la oralidad, el nuevo sistema recursivo, especialmente la aprobación del recurso extraordinario sustitutivo de la casación y la figura del oficial de ejecución, que constituirá el centro de actividad de la futura ejecución de títulos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

Restan por cierto revisar y aprobar diversas cuestiones a que deberán avocarse nuestros legisladores en los meses que restan del año, tales como la definición del procedimiento ejecutivo propiamente tal así como retomar cuestiones pendientes de pronunciamiento como son la ejecución provisional de las sentencias de condena, el rol del juez de cara a las medidas probatorias oficiosas y la carga dinámica de la prueba, por mencionar algunos.

Hay por cierto motivos para estar muy optimistas, pues la discusión legislativa ha contribuido al perfeccionamiento de esta obra y ha generado consensos en torno a cuestiones respecto de las cuales el ejecutivo anticipaba soluciones distintas. Es el caso, por ejemplo, de la definición del oficial de ejecución como un auxiliar de la administración de justicia y no como un profesional liberal como se tenía liminarmente contemplado. Buenas razones esgrimidas por los legisladores, sus asesores y quienes han contribuido al enriquecimiento del proyecto, han determinado una común posición en torno a dicho extremo.

Tal constituye asimismo un fuerte mentís para aquellos que sin fundamento son contumaces en criticar el Proyecto por una supuesta insuficiencia socializadora. Tales críticos parecieran más bien detractar el proyecto en aquellos aspectos en que no se han seguido sus indicaciones, cuestión que no parece aceptable. La discusión de esta gran política pública se ha dado, se está dando y se dará en la sede democrática idónea cual es nuestro Congreso Nacional. Se trata de un proceso que recién comienza y no como absurdamente se sostiene de una obra ya conclusa. Por el contrario queda un largo camino por recorrer, de manera que todos aquellos que se sienten llamados a efectuar proposiciones de reformas y correcciones, tienen y tendrán muchas oportunidades de plantearlas en el futuro.

Muy digno de destacarse ha sido el trabajo del Ministerio de Justicia, el que se ha preocupado de abordar con seriedad las observaciones y aportes al Proyecto efectuado por los legisladores y distintos juristas desde el ámbito profesional y académico. A ello se suman los grandes avances en el tratamiento de los temas orgánicos relativos a su implementación, a las futuras normas sobre organización y gobierno judiciales, a la institucionalidad del futuro oficial de ejecución, etc. De hecho varios de los estudios y proposiciones generados por mesas técnicas se encuentran ya publicados por el Ministerio, y puestos a disposición de la ciudadanía. Ellos serán la base de la futura reglamentación que sustentará la reforma procesal civil, correspondiendo ahora derechamente proceder a la redacción de los textos legislativos indispensables para su materialización. El trabajo del Ministerio ha sido incesante, siendo encomiable su iniciativa de reunirse en cada región del país con jueces y Ministros de las respectivas Cortes de Apelaciones, para escuchar sus ideas y planteamientos, de manera que la futura institucionalidad tenga la flexibilidad necesaria para recoger y brindar soluciones a las distintas realidades nacionales.

La sensación del trabajo legislativo en lo que va corrido del año es razonablemente optimista. Pero ciertamente esa satisfacción sería completa, si este año se lograra la íntegra aprobación del Proyecto de Código Procesal Civil en la respectiva Comisión  legislativa, de manera que pudiera ser aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados, habilitando el camino para su discusión el próximo año en la homóloga Comisión del Senado de la República. Vale la pena pedirle a los legisladores un último esfuerzo antes de fin de año, puesto que la trascendencia de esta obra para el mejoramiento de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de nuestro estado de derecho así lo amerita.