“…Objetivamente el escaso tiempo transcurrido no debiera prender las voces de alarma , sin embargo el Ministerio del ramo ha hecho trascender su interés en impulsar una serie de reformas políticas partiendo por la misma reforma constitucional; sin embargo respecto de la reforma procesal civil, no se ha dado la más mínima señal…”

Transcurridos casi dos meses de la instalación del nuevo gobierno, existe bastante preocupación por el real impulso que se otorgue en definitiva a la tramitación legislativa del proyecto de Código Procesal Civil. Este Proyecto es el eje estructurante en torno al cual se articula todo el proceso de reforma a nuestra justicia civil que, por cierto, abarca una diversidad de aspectos funcionales y orgánicos cuyo diseño e implementación requieren de plena armonía y coherencia con el código matriz adjetivo y de ahí la necesidad de su prioritaria aprobación.

Objetivamente el escaso tiempo transcurrido no debiera prender las voces de alarma , sin embargo el Ministerio del ramo ha hecho trascender su interés en impulsar una serie de reformas políticas partiendo por la misma reforma constitucional; sin embargo respecto de la reforma procesal civil, no se ha dado la más mínima señal en tal sentido, no obstante que el programa de gobierno de la coalición gobernante tenía anunciado proseguir su impulso, entendida esa reforma como una relevante política pública de mediano plazo.

Tal falta de señales da lugar a equívocas interpretaciones y sume en la incertidumbre a quienes desde los tres poderes del Estado, la academia y demás instituciones preocupadas del quehacer jurisdiccional, han trabajado por casi diez años en hacer realidad esta anhelada y tan necesaria reforma. Resultaría muy frustrante que este Proyecto, gestado en el gobierno del ex Presidente Lagos, continuado en el anterior de la misma actual Presidenta Bachelet y por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y que ya lleva dos años de tramitación legislativa, inexplicablemente se empantanara durante este período.

No debe perderse de vista que el Proyecto en comentario fue unánimemente aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, la que emitió con fecha 27 de noviembre de 2013 un formidable y contundente informe de casi 800 páginas , dando cuenta de una revisión, análisis y corrección exhaustivos del Proyecto original, efectuado por los parlamentarios de dicha Comisión que representaron las más diversas orientaciones políticas, asícomo también por académicos, miembros del Poder Judicial y representantes de diversas instituciones preocupadas del quehacer jurisdiccional. Lo anterior demuestra que el Proyecto fue tratado como una política pública de Estado, pluralmente y sin miramientos a cuestiones políticas subalternas.

Parecería un gran despropósito de la actual coalición de gobierno el postergar o restarle impulso y urgencia a este Proyecto en particular y al proceso de reforma a la justicia civil en general, en tanto estas reformas vienen a completar y consolidar coherentemente el cuadro de reformas procesales iniciados por esa misma coalición en la primera década del siglo, siendo emblemática en tal sentido la reforma procesal penal, calificada como la “reforma del siglo”, por su indiscutible calidad técnica.

Si bien es perfectamente legítimo que el nuevo Ejecutivo quiera introducir ajustes y cambios a este Proyecto, estos son perfectamente susceptibles de ser planteados y discutidos en el Senado, sin paralizar el ritmo de su tramitación legislativa. Debe primar la visión de que se trata de una política pública de máxima relevancia, que el país necesita y espera con urgencia para superar los anacronismos de un sistema que mantiene anclada nuestra justicia civil en el siglo XIX y que, además, por su vocación general y supletoria, se requiere imperativamente como un corolario sistémico de las reformas procesales implementadas y vigentes en otras áreas del derecho.

Esperamos expectantes que, a la brevedad posible, el Ejecutivo de señales claras y categóricas en torno a esta iniciativa, sometiendo el Proyecto a votación en la Cámara de Diputados a la brevedad posible, de manera que 2014 sea el año de su discusión en el Senado.