Carlos Alberto Goitia Caballero“¡Tsunami político! Así titularon algunos medios de comunicación bolivianos la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 1250 de 20/09/2012, a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 162 del Código Penal sobre desacato…”.

Carlos Alberto Goitia Caballero
Constituyente (2006 – 2009)
Ministro de Justicia y DD.HH. (2002)
Prof. en la U. Privada Boliviana y la U. Andina Simón Bolívar – La Paz

¡Tsunami político! Así titularon algunos medios de comunicación bolivianos la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional S.C.P. Nº 1250/2012 (de 20/09/ 2012), a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 162 del Código Penal (“Desacato.- El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad”).

La decisión que merece aplausos moderados porque, empleando una expresión vulgar, esa expulsión del ordenamiento jurídico era algo que “se caía de maduro” dados los avances en la región, pero que lamentablemente deja habilitada la alternativa de mantener en el ámbito penal sustantivo los denominados delitos contra el honor (difamaciones, injurias y calumnias).

Ese titular refleja la crítica esgrimida por los partidarios del Presidente Morales contra la sentencia aun cuando anuncian su acatamiento y, por su parte, las voces de la oposición que encuentran en aquella la confirmación de sus denuncias sobre persecución política judicializada contra disidentes, disconformes, críticos o cuestionadores del accionar oficialista a través de la imposición de penas aplicando ese tipo.

Simpático e importante debate que no debe opacar los contenidos de una Sentencia que resalta el carácter fundamental de la libertad de expresión y de opinión para la existencia de una sociedad democrática o el derecho a la igualdad como uno de los valores contenidos en el texto constitucional.

Pero menos lo debe hacer con relación a la base sustancial de la Sentencia que es la asimilación de los planteamientos de Ferrajoli, recogidos a través de las palabras de Diez-Picazo, en el sentido de existir derechos universales inherentes a la condición de persona que no se encuentran limitados por las concretas características de los ordenamientos jurídicos locales y que, como se lo precisa, deben contar con “…mecanismos efectivos para hacerlos posibles, caso contrario no tendrían ninguna razón de ser, pues se constituirían en simples expresiones de buena voluntad, aspecto que no condice con la eficacia universal de los derechos humanos y el respeto a los mismos”.

Base a partir de la cual el Tribunal ratifica que el bloque de constitucionalidad boliviano está conformado por el propio texto constitucional, los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario (art. 410); que la interpretación de los derechos y deberes consagrados en el texto constitucional debe realizarse de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia cuando éstos prevean normas más favorables (art. 13.IV y 256.II); y, que deben ser aplicados preferentemente “…los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución…” (art. 256.I).

Así, la base resaltada y la interpretación desplegada terminan por clarificar que los seres humanos gozan en Bolivia no solo de los derechos desplegados en el articulado de su texto constitucional sino que también lo hacen de aquellos contenidos en los instrumentos normativos desarrollados en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho de la Paz, del Derecho Humanitario, del Derecho de Integración (Comunitario) y otros (apertura ésta última por demás compleja que plantea el Tribunal de forma).

Precisa además que los Tribunales y Cortes Internacionales de los cuales forma parte Bolivia son: “la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de la Haya, y en el Ámbito comunitario del Tribunal Andino de Justicia, por tiempo determinado”; detalle que guarda conexión con la reafirmación de que “…la jurisprudencia de Cortes internacionales, emergentes de Convenios o Pactos Internacionales suscritos por el Estado boliviano, toman fuerza dentro del ordenamiento jurídico interno, a través del reconocimiento del bloque de constitucionalidad […] Los Estados al suscribir una convención o tratado se convierten en Estado parte, en consecuencia adquieren derechos y obligaciones en cumplimiento del principio fundamental del Derecho Internacional reflejado en el denominado pacta sunt servanda (lo pactado obliga), tal y como lo señala la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969. Por tanto al haber suscrito Bolivia la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, también se somete a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos…”.

No cabe duda que llevará algún tiempo dimensionar y asimilar los profundos alcances de estas decisiones, pero queda claro que cimientan al Derecho Procesal Constitucional boliviano, en una perspectiva fuertemente garantista, donde el rumbo viene marcado por la jurisprudencia internacional y supranacional.

Habrá que ver, también, las derivaciones de esas decisiones en el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional de la región.