“El gobierno ingresó este lunes 12 de marzo a trámite legislativo el nuevo Proyecto de Código Procesal Civil”.

Una reforma judicial de estas características tiene por finalidad solucionar problemas concretos que la realidad social, económica, cultural y ética presenta al legislador. El actual Código vigente desde 1903, conspira contra las necesidades ciudadanas del siglo XXI.

No es tolerable que nuestro procedimiento civil siga anclado en la escrituración, en un desesperante formalismo, secretismo y con jueces que jamás toman contacto con las partes, tras rumas de expedientes y con sentencias dictadas en tiempos inaceptables (un juicio ordinario tarda 821 días promedio en ser resuelto; según Informe de Doing Business 2011, el promedio de resolución de controversias es de 4,5 años en Chile vs 1,7 promedio OCDE).

Vulnera además la igualdad ante la ley, pues nada justifica que el ciudadano tenga derechos y garantías diferentes según el ámbito en que litigue; penal, familia y laboral ya están reformados.

Otro grave problema es el colapso de los tribunales, lo que limita el acceso ciudadano a la justicia. De los 30 Juzgados Civiles de Santiago en 2009, el 96,45% de las causas terminadas están relacionadas con asuntos de cobranza por parte de bancos y casas comerciales; pero un 82,8% no se tramita, solo un 2% de ellas tiene oposición y solo un 0,4% termina por sentencia definitiva. A ello se suma el colapso a nivel de la Corte Suprema, de indiscriminado acceso, con más de 4.000 sentencias pendientes en 2010.

El Proyecto desjudicializa los procesos de ejecución, creando la figura del Oficial de Ejecución, quien tendrá a su cargo la realización de todas las actuaciones ejecutivas que no supongan el ejercicio de la jurisdicción ni la disposición de la fuerza pública, siempre reservadas a los jueces. De otra parte se redefine el rol de la Corte Suprema, que deja de ser un tercer grado jurisdiccional y pasa a ser un tribunal centrado en casos de interés general, que afecten garantías constitucionales o se necesite uniformar de una doctrina jurisprudencial.

Se trata de un tema de Estado, de amplio y urgente interés ciudadano, objetivamente ajeno a intereses partidistas. La aprobación de este proyecto y de las modificaciones legales asociadas, requerirá de un fuerte liderazgo político y de la colaboración y disposición de nuestros diputados y senadores. La ciudadanía espera que nuestras autoridades actúen a la altura de sus responsabilidades.

(Extracto de una columna publicada en El Mercurio, el 3 de marzo).