Maite Aguirrezabal

Maite Aguirrezábal Grünstein
Directora Del Programa de Doctorado y de Derecho Procesal.
Universidad de los Andes.
 
La institución del amicus curiae o amigo del tribunal es una figura clásica que permite a terceros ajenos a un conflicto jurídico, ofrecer opiniones para la resolución del proceso.
Sus antecedentes más remotos se encuentran en el derecho romano, siendo luego paulatinamente incorporada a la práctica judicial de los países de tradición anglosajona.
La institución se ha ido incorporando también en los países de tradición jurídico-continental entre los cuales se encuentra Chile, que incorpora la institución por medio de la ley 20.600 y a propósito del procedimiento de responsabilidad por daño ambiental.
Esta figura ha sido recogida como un instrumento útil y provechoso que permite la participación ciudadana dentro de la administración de justicia, específicamente en cuestiones que revistan interés público.
 
A través de este instituto procesal, se permite que terceros con interés en el thema decidendum, puedan acercar una opinión al Tribunal, accediendo a una comunicación directa y transparente, logrando una posición superadora del nivel de discusión habitual de cuestiones judiciales que de otro modo quedarían relegadas al hermetismo de la función jurisdiccional.
Esta vinculación entre la discusión judicial de cuestiones de interés público y la posibilidad de que personas, grupos o instituciones interesadas en la proyección colectiva de las sentencias presenten sus respectivas opiniones al tribunal, no hace más que reforzar el aspecto participativo de la ciudadanía.
 
La ampliación del marco de debate, transforma la búsqueda de la justicia en una actividad colectiva, creando consciencia social de responsabilidad en el control de la actividad judicial.
Por ello, el “amicus curiae” se presenta como un instrumento útil para abrir canales de participación y fortalecer la representación de grupos motivados por un interés público en la toma de decisiones judiciales(1), mientras que la posibilidad de fundar las decisiones judiciales en argumentos públicamente ponderados constituye un factor suplementario de validación de la actuación del Poder Judicial(2).
 
El artículo 19 de la ley 20.600 establece que “dentro de los treinta días siguientes a la publicación de dicho aviso, cualquier persona, natural o jurídica, que no sea parte en el proceso, que posea reconocida idoneidad técnica y profesional en la materia objeto del asunto sometido al conocimiento del Tribunal Ambiental y que involucre la protección de un interés público, podrá presentar, por escrito y con patrocinio de abogado, una opinión con sus comentarios, observaciones o sugerencias. La opinión escrita deberá acompañarse de tantas copias como partes litigantes hubiere, y de los antecedentes que acrediten la idoneidad técnica y profesional de quien la emite. La entrega no superará ni alterará la tramitación del procedimiento, pero el tribunal deberá considerarla en sentencia definitiva”.
De la redacción de la norma se pueden extraer los siguientes requisitos para poder ser considerado como un amicus curiae: primero, su condición de tercero ajeno al proceso, segundo, su reconocida idoneidad técnica y profesional; tercero, la materia objeto del proceso y cuarto, el interés público envuelto en el litigio.
La exigencia de que se trate de un tercero ajeno al proceso responde a la necesidad de que su participación se limite a proporcionar información que obedezca a cuestiones de carácter jurídico respecto de las cuales el órgano jurisdiccional pudiese tener poca claridad, lo que no quiere decir que el tercero no posea un interés en la forma como el litigio se resolverá en definitiva.
De ahí que parte de la doctrina señale que más que un amigo de la corte, resulta ser un amigo de la causa.
 
El tercero puede ser una persona natural o una persona jurídica, grupos de individuos o intermedios, puesto que la ley no restringe la naturaleza del interviniente, y que en atención a su idoneidad técnica o profesional adquiere relevancia en procesos complejos enriqueciendo el debate jurídico y abriendo los canales de participación de la ciudadanía.
La ley 20.600 restringe su ámbito de aplicación a los casos en que lo requiera la materia objeto del proceso y que concurrentemente, exista involucrado un interés público, lo que en ciertas oportunidades será una cuestión de difícil delimitación.
Sin perjuicio de lo ya señalado acerca de la utilidad de su intervención, la problemática del amicus curiae posee varias aristas sin resolver.
Se ha discutido por ejemplo sobre si la figura cuenta con suficiente soporte constitucional desde el punto de vista de la igualdad procesal de las partes en el conflicto.
Se plantea también el problema de si para considerar la intervención del amicus curiae es necesario que ella se encuentre previamente regulada por ley, o si su falta de institucionalización no obsta para que se plantee por el interesado y sea admitida por el tribunal.
Otro aspecto problemático dice relación con que si la argumentación aportada por un amicus podría lesionar el principio del iura novit curia, en cuanto el criterio para decidir el asunto se aleje del criterio planteado por este interviniente.
Se plantean dudas también sobre el alcance de su participación procesal, como por ejemplo, discernir si su intervención sólo puede ser solicitada por el amicus o podría el juez decretarla de oficio.
 
O si las partes pueden oponerse a la intervención del amicus curiae, o si puede el tribunal, a pesar de la oposición de las partes, habilitar su intervención en el proceso o incluso rechazarla de oficio aunque no hubiese habido oposición. O si una vez admitida su intervención le está o no vedada la posibilidad de plantear recursos.
Como puede observarse, a pesar de la utilidad que podría suponer la intervención de un amicus en determinados procesos, su participación genera muchas interrogantes en lo que respecta a su potencial actuación.
La legislación y el aporte de la jurisprudencia serán fundamentales a la hora de delimitar los lineamientos básicos que permitan avanzar en su configuración.
 
(1) Cf. Nino, Carlos Santiago. Fundamentos de Derecho Constitucional. Astrea.Bs.As.1992,ps 685.
(2) Cf. Robert, Alexy. Teoría de la Argumentación. CEC. Madrid.1989, p. 137.