Carta al Director de El Mercurio de decano U. de Chile Davor Harasic.
 
Un claro signo de los tiempos es constatar una ciudadanía cada vez más empoderada, con mayor y mejor acceso a la información, consciente de su rol en la sociedad, que demanda soluciones eficientes. En la medida en que Chile se moderniza de cara al siglo XXI, la ciudadanía merece y exige mejoras sustantivas en la calidad de la justicia, para lo cual el modo en que esta se imparte por nuestros tribunales resulta esencial.
 
Nuestro sistema judicial, a pesar de los loables esfuerzos realizados por la Corte Suprema, continúa siendo percibido como deficiente y cada vez con mayor fuerza se vuelve evidente la necesidad, urgente e impostergable, de que el mismo se aboque a resolver los serios problemas que presenta.
 
Las instituciones procesales son herramientas que permiten dar carácter empírico a la justicia como ideal político, y la administración de ella constituye un espacio donde las aspiraciones de la comunidad se vuelven tangibles. Un proceso que se encuentre lleno de ritualidad, comprensible tan solo por abogados y jueces, vuelve ilusoria la resolución de conflictos y la tutela judicial de derechos.
 
La necesidad de reformas procesales no solo es requerida, como es sabido, por el proceso civil (cuya reforma integral ha quedado en un inexplicable estado de paralización), dados los graves problemas que presenta, tales como la ausencia de inmediación en materia probatoria y una ejecución ineficiente, además del retardo en la respuesta jurisdiccional. Además, hoy es urgente actualizar el régimen a que están sometidos los jueces, de un modo acorde con un Estado democrático. En los procesos reformados íntegramente a fines del siglo pasado también se necesitan cambios de fondo. Por ejemplo, en el de familia, que evidencia serias deficiencias en las herramientas probatorias científicas con que cuenta el juez y en las medidas concretas de protección de los menores y adolescentes; y en la ejecución laboral, que tal como está funcionando importa una negación de los principios que inspiraron la gran reforma a su procedimiento declarativo. Por último, resulta preocupante el débil crecimiento de la justicia de pequeñas causas y de los sistemas alternativos de resolución de conflictos.
 
Lo anterior demuestra el gran desafío que está pendiente de abordar, y que exige de parte de nuestras autoridades una permanente atención a la evolución del desempeño de los distintos procedimientos y, consecuente con ello, un constante desarrollo de propuestas para mejorar el sistema.
 
Desafortunadamente, en estos últimos años, podemos afirmar -empleando palabras utilizadas ya por el presidente de la Corte Suprema- que existe cierta “desatención” de parte del Poder Ejecutivo hacia las reformas procesales necesarias, lo que se revela en la ausencia de estudios y propuestas tangibles destinadas a perfeccionar los procedimientos existentes.
 
Pese a lo anterior, la academia continúa desarrollando iniciativas que tienen como objetivo mantener en el debate público la necesidad de implementar reformas procesales. Prueba de ello son las Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, cuya VI versión tendrá lugar este mes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
 
La necesidad de justicia en nuestras sociedades no queda, evidentemente, respondida y subsanada por medio de ejercicios de reformas procedimentales, pero es claro que constituyen una contribución significativa a la convivencia democrática. El derecho procesal, como ninguna otra rama del derecho, se relaciona fuertemente con la facticidad. Los hechos son el modo más radical de vida de las personas y la capacidad correctora o configuradora del derecho sobre la conducta y vida de los ciudadanos depende en gran medida del diseño procesal. En este año electoral, estamos ciertos que, por el bien del país, las autoridades actuales y aquellos que aspiran a suplirlas, seguirán con atención el debate que destacados docentes nacionales y extranjeros protagonizarán este mes.
 
Decano U. de Chile Davor Harasic