Carlos Alberto Goitia Caballero“No sistematiza el amplio catálogo de sub reglas identificado a través de la jurisprudencia constitucional en cada una de las acciones y recursos, lo que obliga a desarrollar exploraciones jurisprudenciales con altos niveles de riesgo (…); da excesiva discrecionalidad …”.

Carlos Alberto Goitia Caballero
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Profesor de Derecho Constitucional de la U. Andina Simón Bolívar y la U. Privada Bolivariana

El 5 de julio del 2012 se publicó la Ley Nº 254, denominada Código Procesal Constitucional (CPC), despertando interés en diversos ámbitos al ser presentado como el segundo de su especie en la región (el primero es el peruano, Ley Nº 28237), aun cuando su disposición transitoria primera señala que ingresará en vigencia el próximo 6 de agosto.

Para la comprensión del CPC se requiere tener en mente que Bolivia adoptó un sistema de control de constitucionalidad de orden concentrado en 1994 (reformando su texto constitucional de 1967), creando un Tribunal Constitucional al que se le atribuyó la responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad y garantizar la primacía de la constitución, el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas así como la constitucionalidad de las convenciones y tratados internacionales. Este marco derivó en la elaboración e ingreso en vigencia la Ley Nº 1836 de 1 de abril de 1998, denominada Ley del Tribunal Constitucional, en base a la cual se desarrolló la actividad jurisdiccional de ese Tribunal.

El éxito de esa reforma derivó en que superando afanes autoritarios identificables en la Asamblea Constituyente de 2006 – 2009, el texto constitucional vigente desde el 7 de febrero de 2009 mantenga la esencia de ese sistema aunque con diversas modificaciones:

  1. denominación: Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP);
  2. composición: magistrados que responden a una compleja combinación de criterios de representación étnica- racial, de género y territorial, así como el incremento del número de magistrados titulares (de 5 a 7);
  3. proceso de selección y elección: preselección de candidatos a cargo del Órgano Legislativo y, elección de entre los habilitados a través del voto universal, secreto y directo;
  4. acciones y recursos: se incrementó el número de acciones (a las de control constitucional preventivo –consultas sobre constitucionalidad de leyes y tratados–, correctivo posterior –por la vía abstracta y la incidental o concreta–, amparo constitucional, hábeas corpus y hábeas data se sumaron la acción popular y de cumplimiento) y de los recursos (al recurso contra tributos ilegales, al directo de nulidad y de solución de controversias en órganos del poder público se sumaron otras derivadas de la nueva forma de organización territorial con un régimen de autonomías, de controversias entre la jurisdicción indígena originario campesina y las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, así como las que versan sobre preguntas de referéndum y la aplicación de normas propias en pueblos indígena originario campesinos en casos concretos); y
  5. criterios de interpretación: preferencia a la de la voluntad de los constituyentes conforme a sus actas, documentos y resoluciones y el tenor literal del texto constitucional.

Estas modificaciones impulsaron reemplazar la Ley Nº 1836 por otra, la Ley Nº 027 de 6 de julio de 2010, denominada “Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional”, que manteniendo la estructura de la primera terminó con contenidos cuya constitucionalidad es cuestionable (atribuibles al apresuramiento, afanes

electoralistas, etc.) como coincidentemente lo sostiene la crítica especializada. Esa Ley Nº 027 es ahora modificada por el CPC a pocos meses de haberse posesionado a los magistrados del TCP (enero de 2009) conforme lo prevé el texto constitucional, pese a su falta de legitimidad (los votos nulos y blancos superaron a los válidos del conjunto de postulantes).

Este CPC, cuyo nomen iuris aporta a los planteamientos que impulsan el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, dista de ser una labor codificadora propiamente dicha toda vez que deja vigente (y no la incorpora en su contenido) la parte primera de la Ley Nº 027 que desarrolla la composición, organización, funcionamiento y estructura del TCP pese a que presenta diversos artículos cuyo contenido normativo es propiamente procesal.

Tampoco se sistematiza el amplio catálogo de sub reglas establecido, o identificado, a través de la jurisprudencia constitucional en cada una de las acciones y recursos, lo que obliga a desarrollar exploraciones jurisprudenciales a fin de aplicarlas con altos niveles de riesgo de haberse obviado alguna; da excesiva discrecionalidad al TCP; y genera ausencia de seguridad jurídica para el ser humano.

Igualmente crítico es que pese a corregir algunas previsiones abiertamente inconstitucionales de la Ley Nº 27, el CPC mantiene e incorpora otras que merecen igual calificación dado un tufo autoritario que debilita los derechos de los seres humanos.

En todo caso, el objeto del CPC de regular los procesos constitucionales, deriva en 152 artículos que ordenan favorablemente los procedimientos de las acciones y recursos constitucionales existentes; reafirma la jurisdicción constitucional y la fuerza de las decisiones que en ella se gestan; despliega favorablemente normas comunes en las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias y recursos; y, establece algunas precisiones saludables en cada una de las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias y recursos que agilizaran su tramitación.

En fin, el CPC podrá generar discusiones y debates, pero lo importante será ver si permite fortalecer un sistema de control de constitucionalidad que no ceda ante afanes autoritarios.