La Sala desestimó la demanda de Hábeas Data aduciendo que el solo hecho de que se tenga acceso a la resolución por medio del nombre del actor, no constituye una invasión de la intimidad personal y familiar del mismo, por lo que declaró infundada la demanda.

Erika Tejada Villar
Consultora en Transparencia de la Defensoría del Pueblo del Perú

El proceso de Hábeas Data, fue incorporado al ordenamiento jurídico peruano a través de la Constitución de 1993. Un aspecto que caracteriza a este proceso en el Perú, es que no solo protege el derecho a la autodeterminación informativa, sino que, además, resguarda el derecho de acceso de información pública (1).

Con relación al derecho de autodeterminación informativa, éste garantiza el control de la información personal, contenida en registros, ya sean públicos, privados o informáticos; y permite conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar información personal que se encuentre almacenada en entidades públicas o privadas en estos bancos de datos.

Durante los últimos meses se ha generado un debate en la comunidad europea a consecuencia de la presentación del Proyecto de Ley elaborado por la comisionada de Justicia de la Unión Europea , Viviane Reding, en el que propone exigir a las redes sociales y a cualquier entidad que almacene datos personales, eliminar toda esta información de manera inmediata si su titular así lo solicitare; pues, en este caso, el “right to be forgotten” o derecho al olvido, formaría parte del contenido protegido por el derecho a la autodeterminación informativa.

Si bien en el Perú, tal debate no ha alcanzado aún gran repercusión, al parecer ello no ha sido óbice para que este derecho sea exigido a través de un proceso de Hábeas Data. En efecto, en la sentencia recaída en el expediente N°1986-2009 emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el recurrente demandó nada menos que al Tribunal Constitucional peruano (en adelante TC) para que suprima su nombre como un modo de búsqueda que permita identificar la sentencia N° 005894-2006PHC/TC publicada en la página oficial del órgano demandado.

La Sala desestimó la demanda aduciendo que el solo hecho de que se tenga acceso a la resolución por medio del nombre del actor, no constituye una invasión de la intimidad personal y familiar del mismo, por lo que declaró infundada la demanda.

Cabe destacar que pese a la posibilidad del demandante de interponer un Recurso de Agravio Constitucional (2) ante el TC, éste optó por descartar esta opción, por razones evidentes.

Aunque existen diferencias entre la publicación de información en cualquier portal web y la publicación de una sentencia a través de la página oficial del TC, ya que la publicidad de estas resoluciones busca cumplir con la disposición constitucional que señala que los procesos judiciales referidos a derechos fundamentales son siempre públicos (3), y también facilita a los ciudadanos el ejercicio del derecho al análisis y crítica de las resoluciones judiciales; no coincidimos con el fallo de la sala cuando considera que la publicación de una sentencia a través de un medio masivo y de fácil acceso, como lo es Internet, no pueda afectar la intimidad personal o familiar de un individuo.

Y es que, si se tiene presente la inmediatez con la que se difunde la información a través de este medio, el daño causado por su difusión puede devenir en irreparable. Resulta conveniente entonces, no descartar por completo la existencia de estos casos, siendo labor de los jueces analizar cada situación en concreto.

(1) El texto original de la Constitución Peruana de 1993 hacía posible interponer demanda de Hábeas Data, también ante violaciones o amenazas al derecho de réplica. Sin embargo a través de la Ley Nº 26470 se modificó el texto constitucional, excluyendo este derecho del ámbito de protección del proceso de Hábeas Data.
(2) Medio impugnativo, que procede contra las sentencias denegatorias expedidas en segunda instancia en el Poder Judicial, que posibilita a los demandantes a acudir al Tribunal Constitucional como última instancia para obtener en el restablecimiento de sus derechos.
(3) Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.