“Actuar con liviandad en este tema puede generar un auténtico leviatán jurídico, de impensadas consecuencias en el contenido de varios derechos fundamentales de las personas, como lo son la propiedad, el debido proceso, la honra y la intimidad”.

Dentro de las novedades del Proyecto de Código Procesal Civil está la idea de introducir la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia sin caución.

Si ello prospera se abandonará una concepción del sistema recursivo, que para el proceso declarativo, el Código de Procedimiento Civil de 1902, condicionaba al agotamiento de los recursos. Esto es comparable con la misma modificación que se produjo al abandonar el sistema recursivo del derecho castellano, donde se entendía que ya no había más recursos contra una sentencia definitiva —en principio— cuando se habían pronunciado tres sentencias conformes sobre el tema decidido.

El agotamiento del sistema ya no sería obstáculo para proceder a ejecutar la sentencia de primera instancia, como regla general y sin caución, produciéndose de paso una reducción del rol de la cosa juzgada, hasta ahora desconocido en nuestro sistema.

El modelo propuesto acepta que un número aleatorio de personas tendrá que soportar ser sometida al rigor de la ejecución provisional, por el empeño de lograr que el proceso se convierta en un mecanismo eficaz, salvo que obtengan una orden de no innovar, que en la práctica mayoritariamente no se concede.

La ideología que está detrás obliga a aceptar la siguiente idea: el vencedor de primera instancia es el portador de la verdad jurídica, aunque el proceso todavía no haya concluido.

A partir de esa premisa, se reformula todo lo conocido, proyectándose al sistema de recursos, a la supresión de la cauciones procesales como mecanismo de equilibrio en el proceso declarativo o ejecutivo, a la gasificación de la cosa juzgada como regla de clausura y de certeza jurídica, a la creación de la ficción jurídica que una sentencia impugnada de primera instancia es un título ejecutivo que debe ser considerado como perfecto, aunque contenga una declaración del derecho errónea o aberrante.

Por lo mismo, una reforma de esta magnitud debe ser examinada con mucha cautela. Actuar con liviandad en este tema puede generar un auténtico leviatán jurídico, de impensadas consecuencias en el contenido de varios derechos fundamentales de las personas, como lo son la propiedad, el debido proceso, la honra y la intimidad.