“…El año 2013 requerirá de un redoblado énfasis e impulso tanto por parte del Ejecutivo como de nuestros legisladores, puesto que los tiempos electorales que se avecinan y el tratarse de un Proyecto de largo aliento (…) hacen que corramos seriamente el  riesgo de un decaimiento de los esfuerzos y prioridades que éste requiere…”

El año 2013 se nos presenta pleno de desafíos para el avance de la tramitación legislativa del  Proyecto de Código Procesal Civil. Durante el año pasado la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados trabajó intensamente interiorizándose del texto propuesto y avanzando en el análisis pormenorizado de su articulado, lográndose la aprobación, con algunas salvedades, del Libro I del Proyecto. El año 2013 requerirá de un redoblado énfasis e impulso tanto por parte del Ejecutivo como de nuestros legisladores, puesto que los tiempos electorales que se avecinan y el tratarse de un Proyecto de largo aliento, destinado a ser promulgado e  implementado por gobiernos posteriores, hacen que corramos seriamente el  riesgo de un decaimiento de los esfuerzos y prioridades que éste requiere.

Sin embargo somos optimistas, puesto que tenemos la firme convicción de que este Proyecto ha logrado ser percibido como una de las políticas públicas más necesarias y relevantes de los últimos tiempos, sin dejar espacio para consideraciones particulares o coyunturales que pudieren desviarnos del gran objetivo perseguido. No se entendería que una iniciativa tan necesaria para el fortalecimiento y eficacia de los derechos ciudadanos y del propio Estado de Derecho, no sea impulsada con la fuerza e interés que se necesitan.

En la dirección señalada, particular importancia tiene el Informe del Proyecto que ha emitido nuestra Corte Suprema con fecha 31 de enero recién pasado. La Corte acordó informar favorablemente el Proyecto, manifestando que éste viene a completar la profunda transformación a la administración de justicia iniciada con el Código Procesal Penal, y a reemplazar una regulación existente hace ya casi 110 años que exigía estar a la altura de las necesidades de justicia oportuna, eficiente y eficaz que la comunidad demanda. La alta autoridad,  junto con su opinión favorable al Proyecto, se hace eco de críticas puntuales a determinadas instituciones que éste contempla, ya efectuadas por algunos académicos, relativas a la ejecución provisional de las sentencias de condena, al desplazamiento de la carga probatoria, al recurso extraordinario sustitutivo de la actual casación y a la introducción de la figura del Oficial de Ejecución. Empero esas críticas no son unánimes puesto que el Informe da cuenta de diversos votos disidentes de Ministros que apoyan los referidos institutos, lo que demuestra que se trata de cuestiones opinables, pero que al mismo tiempo encienden una luz de advertencia para el Ejecutivo en cuanto a que debiera redoblar los esfuerzos por explicar y convencer a la comunidad acerca de la razón de su patrocinio atendidos los beneficios que aquellas entrañan.

Lo relevante es que la Corte Suprema se suma a los demás poderes del Estado y a la mayoritaria opinión de académicos, abogados e instituciones del mundo jurídico, quienes no solo están contestes en la necesidad de esta reforma sino que están de acuerdo en términos generales con el Proyecto. Las críticas puntuales pero no por ello menos importantes, son desafíos que enriquecen el debate y que, expuestas seriamente, iluminarán el camino para la adopción de las ideas mas acertadas. Nada de ello empero afecta en lo nuclear a esta iniciativa, marcando un derrotero que no admite vuelta atrás.

El llamado es entonces a nuestras autoridades para que, dada la importancia de este Proyecto, adopten las medidas necesarias para avanzar eficazmente en el trámite legislativo, a pesar de las complejidades políticas que nos presenta este 2013.