¿Cuál es el trabajo del juez?“…Los jueces (al menos en teoría) son los únicos que pueden emitir decisiones que afecten a los otros poderes del Estado; y sus decisiones no pueden ser revisadas o cuestionadas…”

Adrián Simons
Abogado, profesor de derecho procesal y arbitraje en la Universidad de Piura (sede Lima). Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal.

El profesor Ronald Dworkin comienza la introducción de su interesante libro La justicia con toga con una significativa anécdota:

“Siendo Oliver Wendell Holmes magistrado del Tribunal Supremo, en una ocasión, de camino al Tribunal, llevó a un joven Learned Hand en su carruaje. Al llegar a su destino, Hand se bajó, saludó en dirección al carruaje que se alejaba y dijo alegremente: ‘¡Haga justicia, magistrado!’. Holmes paró el carruaje, hizo que el conductor girara, se dirigió hacia el asombrado Hand y, sacando la cabeza por la ventana, le dijo: ‘¡Ése no es mi trabajo!’. A continuación, el carruaje dio la vuelta y se marchó, llevándose a Holmes a su trabajo, supuestamente consistente en no hacer justicia” (1) (el resaltado con cursiva es mío).

Eso de “hacer justicia” pertenece a Dios, pero no a los hombres, el juez sólo debe limitarse a aplicar la ley al caso concreto, respetando las reglas establecidas para cada procedimiento, ¡y punto! Hacer justicia no es trabajo de los jueces.

En pleno siglo XXI, muchos siguen pensando como Holmes, pues tienen una “visión deportiva del proceso”, o también, como el profesor Peyrano ha llamado, una “teoría deportiva de la justicia”, en la que el juez “desempeña el papel de un mero árbitro que asegura que se observen las reglas de juego” (2).

Sin embargo, el juez de nuestros días posee poderes que antes eran inimaginables. Puede inaplicar una ley por inconstitucional (control difuso); puede derogar (abrogar)

––vía acción popular–– un Decreto Supremo emitido por el Poder Ejecutivo; puede crear derecho o nuevas instituciones frente a los vacíos normativos (juez legislador); además de decidir, día a día, sobre la libertad y los bienes de las personas.

Los jueces (al menos en teoría) son los únicos que pueden emitir decisiones que afecten a los otros poderes del Estado; y sus decisiones no pueden ser revisadas o cuestionadas. Son los únicos que controlan el ejercicio del poder. El problema radica en lo siguiente: si los jueces están dispuestos a ejercer tales poderes musculados o, por el contrario, a reducir su actividad o función a su mínima expresión.

El tema es cómo los propios jueces se ven a sí mismos y cómo el sistema los ve a ellos. Teniendo esto en cuenta, el profesor Alejandro Nieto (3) ha desarrollado los siguientes tipos y estereotipos:

  1. El juez funcionario. Quienes se habitúan aquí, consideran que el ejercicio de la judicatura es un oficio y modo digno de ganarse la vida. Llegar a tiempo e irse a tiempo, es señal de cumplimiento del deber. Llenar las cuotas de rendimiento o “producción jurisdiccional” (léase cuántas sentencias dicta al año sin ningún control de calidad, sólo importa el número), es síntoma de que está haciendo bien su trabajo. Lo que le enseñaron en la universidad (no importa en qué época) es suficiente para ejercer su cargo hasta que se jubile, o quizá para repasar algunas cosas cuando sea evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (4).

Al igual que Oliver Wendell Holmes, su trabajo no consiste en “hacer justicia”, eso es tarea de la metafísica, con la que no quiere comprometerse. Para él solamente existe la justicia procedimental, también llamada procedural justice.

El juez funcionario sólo opera con doxa (conocimiento ordinario, sin rigurosa reflexión), no desea ser un juez que aplique epistemología (el conocimiento reflexivo, con rigor) cuando ejerce su función.

“Por convencimiento propio y por deformación educacional (…) tiende a practicar un positivismo legalista exacerbado. Ahora bien, el positivismo legalista que convierte al juez en un mero instrumento de aplicación de la ley termina castrándole intelectual y socialmente. El juzgar se achica en una operación automática y, sobre todo, acrítica. El juzgador no atiende a las peculiaridades del caso ni a valores sociales como la justicia o la equidad, igualdad o solidaridad, y únicamente tiene ojos para la ley, que considera un mandato intocable, así consagre injusticias y aun horrores. Pero de eso se trata cabalmente: de desestimular la crítica y el pensamiento individual, porque es sabido que quien empieza sospechando de la ley termina perdiendo el respeto a sus autores y, lo que es peor, al mismo gobierno. De aquí, la imposición oficial de esta ideología” (5).

La ventaja de adoptar esta forma de “juzgar” es que no asume riesgo alguno y vive tranquilo: sólo se limita a aplicar la ley al caso concreto, respetando su letra.

El juez funcionario es bien visto por el Poder, ya que no crea problemas y es un aliado del estatus político y normativo. Tiene una visión conservadora, pues no contribuye al desarrollo del derecho sino a la consolidación del que ya existe (…)

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(1) DWORKIN, Ronald. La justicia con toga. Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 11.
(2) PEYRANO, Jorge W. “Sobre el activismo judicial”. En: Nuevas tácticas procesales. Nova Tesis Editorial Jurídica, Argentina, 2010, p. 38.
(3) NIETO, Alejandro. El desgobierno judicial. Editorial Trotta, Madrid, 2005, pp. 85-94.
(4) Organismo encargado de la designación, ratificación o destitución de los jueces.
(5) NIETO, Alejandro. Ídem. P. 86.