Cómo se institucionalizaron, impulsadas por el Ichdp, las Jornadas Nacionales de Derecho Procesal después de prácticamente 25 años desde su primera versión.
 
Por Sofía Martin Leyton // Idealex.press
 
José Pedro Silva era el presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal cuando se tomó la decisión de retomar las Jornadas Nacionales sobre la materia, cuya primera versión se había hecho cerca de 25 años atrás.
 
Luego de las versiones II y III —en los años 2013 y 2014, respectivamente—, Silva estimó que la opción que más hacía sentido al derecho procesal nacional era convocar a un núcleo de universidades para que se hicieran cargo de la actividad y así le dieran permanencia y continuidad.
 
Se dio el puntapié inicial a este consorcio mediante un anuncio hecho en octubre de 2014, al término de las Terceras Jornadas, y que se concretó en la firma de un protocolo.
 
Fueron 4 los integrantes iniciales, las universidades de Talca, de Concepción, de Chile y U. Católica —quienes se unieron al Instituto Chileno de Derecho Procesal—, pero desde este año, forman parte de la figura también las universidades de los Andes y Católica de Valparaíso. A medida que tanto el Consorcio como las Jornadas en sí se vayan consolidando, esperan evaluar positivamente la integración de más miembros.
 
El objeto era reforzar las Jornadas, darles una mayor institucionalidad, mejor visibilidad y asegurar su efectiva continuidad, dice Diego Palomo, procesalista y quien fuera decano de Derecho de la U. de Talca hasta hace pocos meses. “Las primeras jornadas organizadas por el Consorcio fueron las cuartas y se realizaron en la Universidad de Concepción. Resultaron una experiencia académica y profesionalmente muy enriquecedora y rigurosa, además de una oportunidad para reforzar los vínculos de camadarería entre los colegas”, destaca.
 
Hoy, el encuentro considera, además, un espacio dedicado a la investigación y exposición por parte de estudiantes, tal como suele hacerse en diversos países.
 
El turno para organizar las Sextas Jornadas le tocó este año a la Universidad de Chile y se realizarán los días el jueves 19 y viernes 20 de octubre. Junto a los especialistas chilenos habrá invitados internacionales: Manuel Ortells Ramos, catedrático de la Universitat de Valencia (España), y Juan Carlos Marín González, profesor de derecho procesal civil del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
 
Los beneficios de actuar en consorcio
 
Un consorcio permite el trabajo de distintas instituciones, pero, sobre todo, facilita el contacto personal. Como dice uno de los entrevistados “facilita una relación más profunda, transparente y permanente, que permite un análisis global en la investigación”. Y no sólo eso: en el plano humano, “la amistad siempre permite una relación más directa, franca y colaborativa que la que se da a un nivel meramente formal e institucional”. Como dice otro de los entrevistados, “se evitan las actitudes sectarias, ya que este mecanismo obliga a trabajar en equipo”.
 
Raúl Núñez, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, cuenta que la experiencia más cercana a un consorcio que le había tocado con anterioridad, fue durante su doctorado: “Mientras estuve en España no había una colaboración como Consorcio, pero sí de catedráticos que eran discípulos de un mismo maestro y hacían cosas en conjunto”.
 
“La unión no venía de la institución, sino de un maestro en común o de una ‘escuela de derecho procesal’, que en mi caso era la escuela barcelonesa que formó Manuel Serra Domínguez, y donde entre los exponentes más destacados están Jordi Nieva y Francisco Ramos Méndez”, añade.
 
Por su parte, Alejandro Romero, decano de Derecho de la Universidad de los Andes, pone de relieve el “notable ejemplo” que han dado los académicos dedicados al derecho civil: “Convocan a mucha gente y vienen generando una publicación de gran nivel. El trabajo de nuestros civilistas consagrados y de las generaciones de relevo es encomiable”.
 
En 2016 —segundo año en que el encuentro era organizado por un Consorcio operativo y ya formal—, las Jornadas se hicieron en Talca. De ellas, adelanta Raúl Núñez, se está editando un libro que los estudiosos de la disciplina ya están esperando.
 
Se trata de un texto de autoría colectiva que lleva por título “Problemas actuales de los recursos”, cuenta Diego Palomo, que está próxima a publicarse por Der Ediciones y cuyo lanzamiento se realizará en las sextas Jornadas, a cargo de la Universidad de Chile.
 
Palomo coincide con Romero en la utilidad de trabajar en esta modalidad: “En Chile no es nueva. Existen consorcios para las Jornadas de derecho civil, derecho comercial, derecho penal, derecho público, entre otros. Esta situación imponía que las “Jornadas de Derecho Procesal” aprovecharan las ventajas de este tipo de organización y no se quedaran al margen. Afortunadamente coincidimos un grupo de facultades y profesores, que con mucho entusiasmo asumimos la responsabilidad de hacernos cargo del evento más importante del derecho procesal nacional”.
 
Dificultades y oportunidades de mejora
 
Las dificultades siempre son de tiempo, desplazamiento, recursos y organización, analiza Cristián Maturana, procesalista de la Universidad de Chile: “En el convulsionado y dinámico tiempo en que vivimos, el hombre cada vez es menos dueño de su tiempo y de allí la dificultad de juntar a muchos en un tiempo y determinado lugar”.
 
“Derrotando el escepticismo de Quino en boca de Mafalda, los Congresos nos demuestran que es posible detener el tiempo algunos días para que algunos hombres se suban en algún lugar del mundo estableciendo una relación más humana, lo que considero cada día más esencial para el desarrollo de nuestras ciencias sociales. Para lograr ese propósito se necesita organización, disciplina, perseverancia, compromiso e interés que permita asumir y cumplir con el desafío”, añade este académico de la Universidad de Chile.
 
En la misma línea, Alejandro Romero destaca que los consorcios tienen el mérito de “aunar fuerzas y gestionar mejor los recursos, lo que implica temas como gestionar los gastos de organización y, por ejemplo, adquirir los pasajes de invitados extranjeros. Es mucho más razonable asumir estos eventos cada cierto número de años, que de manera anual”.
 
Y agrega: “Nos permite a todos mejorar la vinculación con el medio y trabajar con colegas de otras universidades. Se evitan las actitudes sectarias, ya que este mecanismo obliga a trabajar en equipo. Ha sido todo muy positivo; se cultiva una sana convivencia universitaria”.
 
Cómo se prevé el futuro
 
Hay que fortalecer el Consorcio, dice Diego Palomo, de la U. de Talca: “Dado el escaso tiempo de trabajo conjunto, debemos seguir avanzando en el mutuo conocimiento, priorizando siempre la importancia del objetivo colectivo que nos reúne”. Asimismo, añade, debe seguir fortaleciéndose la participación concursada en los diversos paneles, potenciando su apertura a los mejores trabajos, con independencia de la Facultad o institución de origen, consolidando el arbitraje ciego de las ponencias.
 
Finalmente, afirma, “estando recién ad portas de las sextas Jornadas, se requiere consolidar un sello propio de las Jornadas y cuál es el espacio que reservamos a ponencias de estudiantes y ayudantes, pues entendemos que en las nuevas generaciones está el futuro de nuestra disciplina”.
 
A su vez, Cristián Maturana cree que esta “institucionalización” de las Jornadas es importante para su periodicidad, pero también para que más universidades puedan formar parte de ellas. Para él, es importante que “incentiven la investigación de académicos, alumnos, jueces, abogados y usuarios del sistema legal y que nadie se apropie de ellas en forma alguna”.
 
“Creo que la unión de las universidades debe cultivar el desarrollo de las diversas disciplinas de las ciencias sociales y es una forma de rendir cuenta de su trabajo en el plano de la investigación y cumplir con su obligación de extensión”, añade.
 
Raúl Núñez, de la PUCV, destaca que había poca doctrina y la enseñaza era muy ritualista: “La organización, estructura y proyección de las Jornadas ayuda al desarrollo de la cultura jurídica nacional y específicamente a la dogmática procesal”.
 
Entre los nuevos enfoques que los asistentes podrán encontrar en el debate estarán los derechos fundamentales y el estudio de las garantías constitucionales del sistema procesal, así como los problemas probatorios analizados desde la filosofía y la eficiencia económica del funcionamiento del sistema.