Comunidad juridica entregó un respaldo con reparos a la reforma procesal civilArtículo publicado por el diario El Mercurio, el viernes 4 de mayo de 2012, C6.

Equipo de El Mercurio Legal

Fotografía: Laura Bennett

¿Cuánto dura un juicio ejecutivo hoy? En Santiago -por ejemplo- cerca de 520 días de no haber oposición, si la hay, el tiempo aumenta 1.070 días. Esa es una de las cifras que dio ayer el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, para graficar el actual estado de la justicia civil y comercial en el país, al inaugurar el seminario “Reforma Procesal Civil: Debate sobre el nuevo Código”, organizado por El Mercurio Legal.

El secretario de Estado quiso “aterrizar” con algunos datos estadísticos su diagnóstico del sistema, al tiempo que subrayó la necesidad de sacar adelante el proyecto, aun cuando pueda haber ciertos reparos de parte de miembros de la comunidad jurídica.

“Estamos conscientes -dijo- de que proyectos como éste, a veces, generan legítimas diferencias, y está bien que así sea. Ocurrió con la Reforma Procesal Penal, con la Reforma a la Justicia de Familia y con la Reforma Laboral”.

Pero insistió en que este es un cambio que debe materializarse, pues “no contamos con un sistema de justicia civil que satisfaga los estándares constitucionales de un debido proceso”. El proyecto, recordó, incluye entre sus principales ejes la idea de empoderar al juez, dar preeminencia al sistema oral, simplificar la forma de resolver los conflictos civiles y comerciales en sede judicial, así como fortalecer la sentencia de primer grado jurisdiccional (ejecución con recursos pendientes). Aunque quizá los puntos más novedosos -y los que más debaten puedan producir- sean la creación de un oficial de ejecución y el nuevo papel que se ha pensado para la Corte Suprema.

En su exposición, el ministro, además, destacó que esta es una reforma transversal, “republicana”, cuyo estudio comenzó hace ocho años bajo otras administraciones.

Suprema y abogados

En el encuentro expuso también la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, quien planteó que si bien en la Orden se apoya esta iniciativa, hay algunas cuestiones que les preocupan. Por ejemplo, considera que la propuesta de “sacar del ámbito jurisdiccional” los juicios ejecutivos, de cobranza, puede ser un “alivio rápido para los tribunales” y estima que puede hacerse previo e independiente de la discusión de la reforma completa. Quiso manifestar, asimismo, su más “absoluto desacuerdo” con la idea de que el juez “busque prueba”, pues cree se ve afectada su imparcialidad.

El ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito, en tanto, manifestó que el máximo tribunal “estima incuestionable el propósito de sustituir el actual Código de Procedimiento Civil por un código verdaderamente procesal, y que celebra y apoya esta iniciativa y el debate que debe hacerse como garantía del mérito de la propuesta”.

Advirtió, sin embargo, que -en su opinión, pues la Corte aún no ha acordado una postura oficial sobre la materia- el “éxito de la reforma procesal pende de la solución de las cuestiones orgánicas que ella misma provoca”, y entre las cuestiones que cree deben ser estudiadas está el número e integración de los tribunales que la reforma requerirá, la capacitación correspondiente, la tecnología adecuada, pero también considera que será necesario repensar “la estructura de las cortes de apelaciones y la manera en que estas programan el conocimiento de los asuntos”.

Con su presentación se dio cierre al seminario, que contó con cerca de 500 asistentes, cuya inauguración estuvo a cargo del director del diario “El Mercurio”, Cristián Zegers, quien comentó que “al igual como “El Mercurio” le dio amplia tribuna al proceso que culminó con la Reforma Procesal Penal, queremos ahora impulsar un amplio debate sobre esta nueva, vasta, compleja y difícil reforma, que recién comienza su tramitación parlamentaria”.

José Pedro Silva: Justicia actual agota por cansancio

Integrante de la Comisión Intraministerial de Reforma del Ministerio de Justicia, además de profesor de la U. Católica y presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal, José Pedro Silva se refirió a los principios generales del proyecto, elaborando un contrapunto entre la situación actual y los alcances que busca la propuesta para el sistema nacional: “Este modelo, otrora exitoso y eficaz, ha devenido en obsoleto, ineficiente e incapaz de proteger efectivamente a los ciudadanos y resolver sus controversias en tiempo razonable. Está inmerso en una burocracia judicial deshumanizada, que agota por cansancio a los justiciables y retarda por años la función jurisdiccional, por lo que no se adhiere a la concepción de un modelo de debido proceso”, dijo.

Agregó que el proyecto “representa una obra de consolidación y oportunidad de estándares mínimos y, de alguna forma, da coherencia al sistema procesal, cuyas reformas se iniciaron hace 10 años”.

Respecto del papel de los jueces, comentó que para asegurar la justicia se requiere “sustituir la pasividad del juez por un rol proactivo”.

Cristián Maturana: Más jueces y menos administrativos

El profesor de Derecho de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Intraministerial de Reforma del Ministerio de Justicia, Cristián Maturana, se refirió al sistema de recursos considerado en la iniciativa enviada al Legislativo.

Al respecto, el especialista consideró que es necesario separar “lo administrativo de lo jurisdiccional: queremos más jueces y menos funcionarios administrativos”.

A su juicio, en el ámbito probatorio tiene que estar claro que la sana crítica “no es libertinaje subjetivo y que se requiere de una acuciosa fundamentación”, contraponiéndolo al actual régimen de prueba legal tasada.

De igual forma el académico, al abordar el sistema de recursos en la oralidad, destacó la necesidad de revisar el tipo de Corte Suprema que nuestro país requiere hoy: “Si será una instancia, lo que ya nadie propugna; si será un tribunal de casación, pero todos los países que tienen ese modelo están sufriendo una dilación en su sistema de justicia; o si será un tribunal que tenga por misión uniformar jurisprudencia, opción que toma el proyecto”, afirmó.

Raúl Tavolari y las bases de la figura del oficial de ejecución

Como uno de los aspectos más polémicos en la discusión del nuevo Código, calificó el abogado y profesor de la U. de Chile Raúl Tavolari, miembro de la Comisión Intraministerial, el tema que le tocó exponer. Se trata de la ejecución.

“Es necesario -comentó- armonizar dos ideas, mejor calidad y justicia más rápida. En el equilibrio adecuado de estos valores se encuentra la fórmula del éxito, porque creer que la justicia se obtiene mejor porque sólo es más rápida es un error que se paga dramáticamente caro”.

Agregó que bajo dicha idea aparece retratado el tema de la ejecución provisional, “porque se trata de la posibilidad de adelantar el cumplimiento de la decisión, no obstante que el debate vaya a continuar”. El estatuto del oficial de ejecución, añadió, “no podrá alejarse demasiado del que rige a los síndicos privados de quiebra, ni tampoco del que rige a los auxiliares de administración de justicia”.

Subrayó que “no tiene sentido reformar sino de cara a satisfacer de mejor manera al consumidor de la justicia. Porque no tiene propósito alguno reformar para hacer la vida más cómoda de los operadores ni mucho menos para aligerar la carga a los jueces. Queremos una reforma que mejore lo que el consumidor va a recibir”.

Alejandro Romero advierte alza en demandas contra abogados

“Si hubiéramos respetado a los Padres de la Patria, estaríamos en otro foro. En 1824, Mariano Egaña propuso la oralidad”, dijo el doctor en Derecho de la U. de Navarra y profesor de Derecho Procesal de la U. de los Andes, Alejandro Romero Seguel, quien destacó que el actual modelo está anclado en pilares como los compilados y las partidas, y se mostró partidario de cambiarlo.

Entre los diversos temas que abordó estuvo cómo el nuevo código trata la buena fe, dándole poder al juez para controlar e incluso para sancionar contravenciones a ese principio, criticando expresamente al artículo 50 del texto, que establece que la parte vencedora podrá demandar ante el mismo tribunal que conoció del asunto la indemnización por los daños y perjuicios que el proceder de mala fe o temerario de su contraparte en el juicio le hubiere ocasionado.

“Todos los abogados que perdamos un juicio vamos a terminar demandados”, dijo, y advirtió: “Nos estamos comprando solos el aumento de los litigios en Chile”. Como probables consecuencias auguró el aumento de la contratación de seguros de responsabilidad civil y la incorporación de ese riesgo en la cuota litis. “No comparto la norma y espero que se suprima”, remató.

Pablo Rodríguez cree que cambios abrumarán a jueces

Crítico de algunos aspectos de la Reforma Procesal Civil se mostró ayer en su exposición Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y profesor de derecho civil.

A su juicio, la causa que explica el “fracaso anunciado” de la reforma es que los jueces van a estar “más abrumados” de lo que están en la actualidad.

Esto, por las 14 exigencias que indica el artículo 280 del proyecto de ley que se envió al Congreso, sobre la audiencia preliminar que se debe fijar. El juez civil deberá resolver las excepciones previas opuestas a la demanda, decretar medidas cautelares, dictar una resolución y fijar una audiencia de juicio, entre otras. “Estas obligaciones lo van a abrumar más”, sostuvo.

Para el abogado, es “excesivo” porque lo que se espera es que los magistrados “tengan más tiempo para resolver”, ya que uno de los problemas actuales es que no alcanzan a conocer bien las causas.

Según Rodríguez, el juez además tendrá “una carga desproporcionada”, ya que tras la audiencia de juicio tendrá un plazo de 10 días para fallar, lo que se puede ampliar a 40 días.

En lo que sí está de acuerdo es en que exista un oficial de ejecución que se encargue de los juicios ejecutivos o de cobranzas “para desahogar a los jueces”.

Para Cristián Riego, el desafío es la heterogeneidad de casos

Para Cristián Riego, profesor de Derecho Procesal de la UDP y director del Centro de Justicia para las Américas, el proyecto tiene la orientación correcta, “el avance es enorme”, pero todavía es oportuno que en el Congreso se pueda mejorar.

Y uno de los desafíos principales es hacerse cargo de la gran heterogeneidad de los juicios civiles. “Básicamente hay que promover que el sistema sea capaz de resolver la mayor cantidad de casos sencillos a través de procesos rápidos y de bajo costo. Y eso todavía no está bien resuelto en este código”, dijo. Y, en cuanto a los casos de mayor complejidad, opinó que es necesario establecer un procedimiento distinto, advirtiendo que en una o dos audiencias el juez no va a poder abordar todas las gestiones relativas a, por ejemplo, medidas cautelares y procedencia de ciertas pruebas. Mencionó, a modo referencial, el case management anglosajón, en el cual el juez fija un “itinerario procesal” con las partes.

También discrepó de la norma que mantiene el procedimiento sumario: “Es un elemento anticuado que no tiene sentido que permanezca; no tiene ningún sentido”, dijo. Y planteó que el sistema se tiene que hacer cargo de las causas muy pequeñas, “las que no llegan al sistema, las de las personas más vulnerables”.

Reacciones

“Si el proceso es mejor, el resultado es mejor y la sentencia también. Resalto el cambio que importa un juez con mayores poderes, que no permanece impasible frente a los problemas del proceso”.

Orlando Poblete. Rector de la Universidad de los Andes.

“Uno tiene una deformación por mis 50 años de profesión. Entonces, el código actual uno lo encuentra bien, con algunas deficiencias. Sin embargo, hay veces que la celeridad de los procesos atenta contra la certeza jurídica; no vamos a cambiar seguridad jurídica por rapidez”.

Vasco Costa. Abogado.

“Me parece preocupante que, a diferencia de las reformas anteriores, este debate ha descuidado en parte la gestión. Y lo que enseña la experiencia en Chile es que las reformas son exitosas en el 50% cuando salen del Congreso, y en el otro 50% dependen de cómo se implementen”.

Luis Cordero. Profesor de la Universidad de Chile.

“Hay que valorar esto como un primer paso decisivo para modernizar la justicia civil. En todo proyecto siempre hay visiones contrapuestas, pero el debate enriquece la discusión para lograr un sistema lo más eficiente posible y respetuoso de los valores jurídicos tradicionales chilenos”.

Gonzalo Fernández. Profesor de la Universidad Católica.