“El Proyecto se limita a recoger estas realidades que ya cuentan con reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico y también en el comparado como lo refieren entre otras la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del 2000 o el Código General del Proceso de Colombia aprobado hace pocos meses atrás”.

Profesores de derecho civil de diversas facultades del país, se reunieron entre el 9 y el 11 de agosto en la ciudad de Santa Cruz, en las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, oportunidad en que formularon una declaración pública adscribiendo a las líneas generales del Proyecto de Código Procesal Civil, tomando distancia empero de algunas instituciones que éste consagra. Entre estas, manifiestan su rechazo al reconocimiento de capacidad procesal a entidades sin personalidad jurídica, lo que en su concepto vendría a “trastocar todo el sistema civil de reconocimiento de sujetos del derecho”.

En relación con dicho tópico, debe tenerse presente que el reconocimiento de capacidad procesal a dichas entidades, homologable a la capacidad de goce del derecho civil, no constituye ninguna novedad dogmática, así como tampoco en el derecho comparado ni en el interno.

Las hipótesis del Proyecto abarcan en primer término a los patrimonios separados. Ya Winscheid había anticipado en 1853, a propósito de la herencia yacente, la posibilidad de existencia de patrimonios sin sujetos. Planiol reconoció también la existencia de estos patrimonios afectos a un destino determinado pero sin vinculación con la personalidad del titular.

Progresivamente la doctrina ha reconocido la existencia de patrimonios asociados a un fin determinado –denominados patrimonios de afectación– que se desligan de la tradicional doctrina que concibe siempre al patrimonio como un atributo inescindible de la personalidad.

Así, esos patrimonios conformados por una pluralidad ontológica de activos y pasivos susceptibles de actos o relaciones jurídicas separadas y cuya unidad lógica se vincula con un objeto unitario, han recibido un pleno reconocimiento normativo. Ejemplo de ello son en nuestro medio, los Fondos de Inversión, los Fondos de Pensiones y los Patrimonios Separados Securitizados. En todos estos casos el legislador previó además su forma de representación, cuestión atinente a la capacidad de ejercicio de esos patrimonios.

El Proyecto reconoce esa realidad y la posibilidad futura de desarrollos jurídicos similares, y permite su representación en juicio conforme a las disposiciones que prevea la ley o en defecto de ella, contempla la designación de un curador ad litem.

De otra parte, tampoco constituye novedad el reconocimiento de capacidad de goce a las comunidades, sociedades de hecho o entes sin personalidad jurídica. La ley de Copropiedad Inmobiliaria reconoce esa capacidad a las Comunidades que regula, el Servicio de Impuestos Internos las considera como sujetos tributarios, e incluso el artículo 28 de la Ley sobre Procedimientos ante los juzgados de Policía Local, reconoce esa capacidad a comunidades, sociedades de hecho sin personalidad jurídica u otras entidades similares y agrega que podrá seguirse el procedimiento con su administrador o administradores o con quien o quienes tuvieren su dirección. Si no se pudiere determinar quien tuviere su administración o dirección, valdrá el emplazamiento hecho a cualquiera de sus miembros.

Como se podrá apreciar el Proyecto se limita a recoger estas realidades que ya cuentan con reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico y también en el comparado como lo refieren entre otras la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del 2000 o el Código General del Proceso de Colombia aprobado hace pocos meses atrás. No habría sido coherente soslayar lo anterior no solo por lo expuesto, sino porque la norma procesal debe procurar la máxima ampliación de las hipótesis de protección de los derechos, cual es su vocación y razón de ser.