Adrián Simons Pino“Además de la jueza Afiuni, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado una serie de ataques a jueces venezolanos, quienes han sufrido diversos actos de presión y consecuente destitución del cargo, por haberse resistido y mantener la cabeza en alto”.

Adrián Simons Pino
Abogado procesalista peruano, profesor universitario, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal.

Lo que voy a narrar, brevemente, es solo una muestra de lo que está ocurriendo en Venezuela con relación a su Poder Judicial. Esta historia refleja cómo la libertad y conciencia de los pocos jueces venezolanos independientes que quedan en el cargo, está en grave peligro.

El 10 de diciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni Mora convocó a una audiencia para revisar un pedido de libertad provisional efectuado por el banquero venezolano Eligio Cedeño, quien llevaba casi tres años detenido sin proceso judicial ni sentencia. Bajo esas circunstancias, la jueza Afiuni ordenó la libertad inmediata del mencionado empresario variando su condición para que afronte sus acusaciones en libertad; sin embargo ordenó retener su pasaporte e impedir su salida del país. Al cabo de unas horas, miembros del servicio de inteligencia allanaron la oficina de la jueza Afiuni, llevándosela detenida junto con sus dos alguaciles.

Al día siguiente de la violenta detención de la jueza Afiuni, el presidente Hugo Chávez califico a la jueza de “bandida” y declaró lo siguiente:

“Yo exijo dureza contra esa jueza; incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, y le digo a la Asamblea Nacional: habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo. Es infinitamente muy grave para una república, para un país, que un asesino, porque pague, un juez lo libere. Es más grave que un asesinato, entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan esto. Treinta años de prisión pido yo a nombre de la dignidad del país”.

Luego de esas declaraciones, la Fiscalía General de Venezuela denunció a la jueza Afiuni por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.

La jueza Afiuni sufrió durísimas condiciones de carcelería a punto que su salud se deterioró notablemente. Pese al régimen carcelario al que fue sometida logró ofrecer declaraciones a través de correspondencia clandestina; en una de ellas dijo lo siguiente: “estoy presa porque decidí no ser cómplice de una nueva violación al estado de derecho en Venezuela, todos los poderes del Estado están bajo la bota del presidente Hugo Chavez”.

Ella estuvo presa hasta hace algunos meses que se dispuso su detención domiciliaria; la razón: muy simple, se le diagnosticó cáncer y el régimen chavista no quería que se convierta en mártir.

Eduardo J. Couture, un gran maestro del derecho procesal universal expresó: “el día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”. La jueza Afiuni demostró no tener miedo y sola se enfrentó al poder absoluto, sufriendo las consecuencias de su valentía; fue detenida, humillada, encarcelada y “condenada” sin sentencia.

Además de la jueza Afiuni, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado una serie de ataques a jueces venezolanos, quienes han sufrido diversos actos de presión y consecuente destitución del cargo, por haberse resistido y mantener la cabeza en alto.

Lo que está ocurriendo con la justicia de Venezuela forma parte de una epidemia ideológica, que tiene como núcleo ideologías totalitarias que ponen en peligro la libertad y conciencia de los jueces. Esta epidemia totalitaria ya llegó a Ecuador y Bolivia; mientras no seamos conscientes de su existencia y amenaza latente, seguirá expandiéndose de manera incontrolable.