“El ámbito de la litigación es cada vez más exigente, pues la naturaleza misma de los conflictos se complejiza, y requiere, como consecuencia, de una creciente especialización y del concurso constante de otras disciplinas”.

Una importante falencia en la formación de los abogados y jueces dejó en evidencia el último seminario organizado por este Instituto y el Instituto de Estudios Judiciales, sobre el tema de la Sana Crítica. El principal expositor, el catedrático de la universidad de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll, nos dejó como enseñaza que una correcta valoración de la prueba –cuestión central en todo proceso– requiere del análisis de cada medio probatorio en función de las destrezas y metodologías científicas con que cada uno de ellos se vincula.

De esta forma, por ejemplo, es imposible valorar correctamente la prueba testimonial y la declaración de personas, sin contar con conocimientos básicos de psicología forense, en especial de la psicología del testimonio, que ayuden a ponderar con criterios objetivos y con sustento científico su exactitud y credibilidad.

Otro tanto ocurre con el análisis de los informes periciales, en que la carencia de conocimientos básicos de los temas sobre que se expiden, facilitan el otorgarles una credibilidad desmedida que en oportunidades pareciera sustituir la labor del juzgador.
No se trata empero de exigir a los abogados y jueces un perfecto dominio de las ciencias involucradas, sino al menos de ciertos rudimentos básicos que iluminen el criterio para discernir la exactitud y credibilidad del material probatorio, más allá de intuiciones o apreciaciones meramente formales.

La actividad profesional de abogados y jueces en el ámbito de la litigación es cada vez más exigente, pues la naturaleza misma de los conflictos se complejiza, y requiere, como consecuencia, de una creciente especialización y del concurso constante de otras disciplinas.

Es evidente que no podemos permanecer ajenos a esta realidad y, por lo tanto, ha llegado el momento de adoptar medidas que apunten en esta dirección en los programas de formación de nuestras facultades de Derecho y en la formación de nuestros jueces.

El desafío se hace aun más patente, por efectos de la impronta valorativa con arreglo a la sana crítica de progresiva generalización en nuestros sistemas procesales, por cuanto su esencia no está en la discrecionalidad, sino en el empleo de criterios con sustento objetivo, argumentables y demostrables en la fundamentación de las sentencias.

Responder a estas necesidades prestigiará a la justicia, acercará la solución a óptimos posibles y facilitará el control de las decisiones judiciales por los tribunales superiores y por toda la ciudadanía.