A propósito de un reciente debate entre la Corte Suprema y el Ejecutivo en relación con la seguridad pública y sanción de los delitos es posible hacer algunas reflexiones, las cuales las cuales se exponen a continuación.
 
Entre ambos órganos del Estado se asignan responsabilidad en relación a la sanción de los delitos en circunstancias de que existe una responsabilidad conjunta respecto del fenómeno delictivo.
 
En efecto, al Ejecutivo le corresponde la prevención de los delitos lo cual hace a través de los órganos de seguridad pública a saber, Carabineros y Policía de Investigaciones. No le corresponde a los Tribunales intervenir en esta labor.
 
Por otro lado existen otros órganos del Estado que intervienen una vez que los delitos han sido cometidos. Trabajan en esta función la Fiscalía como titular de la acción penal encargada de la investigación. Por su parte los Tribunales de Justicia establecen a través de una Verdad Probable la comisión y sanción de los delitos y desde el punto pasivo la Defensoría Pública. Hemos hablado de “verdad probable” ya que buscar la “verdad material” ha sido abandonada como propia de la actividad jurisdiccional. Las sentencias judiciales a veces pueden coincidir con lo que efectivamente ocurrió y otras veces pueden establecer parcialmente los hechos materia del proceso o ser derechamente erróneas.
 
Desde el punto de vista de los Tribunales e incluso de la Fiscalía su papel preventivo dependerá de la finalidad que se le asigne a la Pena. Si se estima que esta es solo una labor de castigo ninguna responsabilidad recae en los Tribunales. Si por el contrario se postula que la Pena tiene una función de prevención general o especial la conclusión es distinta.
 
Desde el punto de vista de la Prevención si es posible hablar de grado de responsabilidad de los órganos judiciales. Respetando la presunción de inocencia, si un Tribunal exonera de responsabilidad penal casos que abiertamente son delictivos, se produce en la ciudadanía una sensación de impunidad e inseguridad y alienta la comisión de delitos.
 
Si bien es cierto que la mayoría de las veces los Tribunales Superiores enmiendan errores de los Tribunales Inferiores, muchas veces este remedio llega tarde para la ciudadanía.
 
Por otro lado independientemente que la pena sea un castigo o tenga un papel de prevención la rehabilitación es en la práctica una quimera entre otras razones por la falta de Tribunales de Ejecución. La ausencia de estos Tribunales no compete al Poder Judicial.
 
De acuerdo a lo dicho y no innovando en absoluto en este tema creemos que no puede discutirse que el fenómeno delictivo es complejo y su enfrentamiento corresponde a diversos órganos del Estado.
 
Usando el ejemplo de Calamandrei y extendiendo su ejemplo, no resulta aceptable que los diversos órganos se imputen mutuamente responsabilidad en la labor de prevención y sanción de los delitos. Así mientras el inocente sufre una sanción injusta y el culpable se ufana de su exculpación el resto de la ciudadanía sufre de inseguridad en la protección de los derechos. Esto mientras los órganos de seguridad pública y de persecución penal culpan a los jueces los jueces a su vez culpan a los primeros.